Desahucios y responsabilidad pública

Aprobado en el Consejo de ministros, pero todavía no en el Parlamento, nuestro querido líder nos deleita con una nueva medida para proteger a los más vulnerables.

He intentado obtener cifras oficiales sobre a cuantas personas/familias afecta la medida y, oh!, sorpresa, no existen. Al parecer no se pueden ofrecer cifras sobre beneficiarios potenciales, vaya por Dios.

En prórrogas anteriores de la moratoria de desahucios, las estimaciones han oscilado entre decenas de miles de hogares potencialmente protegidos, pero solo una parte minoritaria llega a beneficiarse efectivamente y la cifra real depende mucho de la capacidad administrativa y judicial de cada territorio. Lo de siempre, venta de humo.

Desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, al parecer esto no es un problema, entra dentro de la forma chapucera que tienen de gobernar. No es importante para ellos que una medida que limita derechos deba venir acompañada de una estimación clara de impacto, tanto social como económico. Aquí, esa estimación sencillamente no existe.

A este gobierno, y a sus compinches de Podemos, parece que se les olvida que la protección de las personas vulnerables es una responsabilidad del Estado (políticas de vivienda, parque público, ayudas al alquiler y servicios sociales eficaces).

Sin embargo, desde el punto de vista de equidad, se está pidiendo a actores privados que actúen como red de seguridad social sin haber elegido ese papel. No se dan cuenta que esto no solucionada nada (o muy poco) y sin embargo desincentiva la oferta de vivienda en alquiler, introduce inseguridad jurídica y sustituye políticas públicas por medidas de emergencia permanentes.

La medida tiene un origen claramente ideológico y, en consecuencia, los grandes tenedores (fondos, SOCIMIs, bancos) son vistos como actores estructuralmente desestabilizadores del acceso a la vivienda.

Y es que, en el plano discursivo, esto permite que el relato político se construya explícitamente contra los llamados “fondos buitre” y eso funciona muy bien políticamente, pero lo cierto es que en el plano normativo real no solo afecta solo a fondos, sino también a empresas medianas, propietarios no financieros y situaciones muy diversas. El discurso apunta a los fondos, pero el impacto jurídico se extiende mucho más allá. Eso es una fuente clara de inseguridad jurídica.

Creo que nadie pueda criticar la necesidad de proteger a las familias vulnerables, es imprescindible, pero hacerlo principalmente a costa de terceros privados, de forma prolongada y sin una política pública de vivienda sólida detrás, es una solución incompleta, frágil y que erosiona, una vez más, los fundamentos jurídicos e institucionales del Estado de derecho.

Pero no nos engañemos, el problema es que la ideología y su incompetencia les nubla, llevan años mostrando auténtica aversión a los propietarios de viviendas y especialmente a los fondos de inversión, lo que ellos llaman Fondos Buitres.

¿Pero, son “buitres”? Al parecer no saben que un fondo de inversión no es un agente de política social, su función es comprar riesgo cuando nadie más quiere, ordenar activos y vender o explotar cuando el ciclo cambia. Eso es exactamente lo que hicieron. Llamarlos “buitres” es comprensible desde su visión, pero no explica la crisis de vivienda, no resuelve el problema estructural y oculta responsabilidades públicas.

Es más, muchos pequeños propietarios hoy alquilan con menos seguridad jurídica precisamente porque se ha construido el relato de que “el propietario es sospechoso”.

Es posible que estos indocumentados no conozcan de la liquidez que los fondos de inversión han introducido en el mercado inmobiliario español, especialmente tras la crisis de 2008 y la intervención del “banco malo” (Sareb), que absorbió más de 50.000 millones de euros en activos inmobiliarios y créditos tóxicos de entidades bancarias como parte de la reestructuración del sector.

Posteriormente, la gestión de esos activos (que incluían miles de viviendas, suelos y préstamos) fue adjudicada en gran parte a fondos de inversión privados (a través de gestores como Blackstone, Aliseda/Anticipa e Hipoges, vinculados a fondos globales de private equity).

No existe una cifra oficial consolidada para “liquidez inyectada” en su conjunto, porque no es un dato que se publique centralmente, pero el orden de magnitud es claro: se habla de decenas de miles de millones de euros de activos inmobiliarios gestionados o adquiridos por fondos de inversión tras 2012.

La entrada de capital privado permitió liberar activos inmovilizados, convertirlos en productos habitables y ponerlos a la venta o en alquiler, lo cual evitó problemas adicionales de liquidez para bancos y contribuyó a recuperar parte de la inversión inicial.

Mi opinión profesional (que tuve oportunidad de vivir) es que, en los años posteriores a 2008–2012, el sistema financiero español estaba objetivamente colapsado con balances bancarios llenos de activos improductivos, miles de viviendas adjudicadas imposibles de absorber, y por eso se creó el Sareb, precisamente porque el Estado y la banca no podían digerir aquello y había un riesgo real de colapso financiero prolongado.

En ese contexto, los fondos (que no me resultan especialmente simpáticos) aportaron liquidez inmediata, asumieron riesgo que ni el Estado ni el mercado doméstico podían asumir, permitieron sacar activos del balance bancario y facilitaron que el sistema volviera a cumplir su función básica, es decir, crédito y solvencia. Y esto es justo reconocerlo.

Desde una perspectiva macro financiera, eso fue necesario y positivo. No porque fueran altruistas (que no lo son), sino porque el sistema lo necesitaba. Si no hubieran entrado, la limpieza bancaria habría sido más lenta, el crédito habría tardado más en volver y el coste para el contribuyente habría sido mayor.

El problema no fue su entrada, sino lo qué pasó después. El fallo no fue permitir su entrada, sino no acompañarla de una política pública de vivienda, no crear un parque público suficiente cuando había stock barato, no establecer reglas claras de salida o reconversión social de parte de esos activos.

En otras palabras, los fondos hicieron lo que hacen los fondos, pero el Estado no hizo lo que debía hacer el Estado, ya que dejó que activos comprados en momentos de depresión pasaran a un mercado tensionado sin instrumentos correctores suficientes.

Como siempre con este gobierno, la reacción social llegó tarde y mal, criminalizando al actor equivocado. La paradoja es que ahora se les reprocha haber hecho bien su trabajo. Se les pidió liquidez y la aportaron, se les pidió absorber riesgo y lo hicieron, se les permitió concentrar activos y cuando el ciclo giró, se les culpa del resultado.

En el momento en que entraron, los fondos de inversión fueron parte de la solución, no del problema. El problema vino después, cuando se confundió una herramienta financiera de emergencia con una política de vivienda inexistente.

La clave es la de siempre, la ideología vs. responsabilidad pública, ya que tiende a redefinir el conflicto (propietario vs. vulnerable), externalizar el coste de la protección social y usar la regulación como sustituto de la política pública de vivienda. Y eso no es casual, porque crear parque público cuesta dinero, requiere tiempo, trabajo, y exige asumir responsabilidades presupuestarias, mientras que limitar derechos privados tiene coste político bajo a corto plazo y alto rendimiento simbólico.

No, el problema no son los fondos, ni los propietarios de viviendas, sino la ausencia de una política pública de vivienda sólida, la cronificación de medidas excepcionales y la transferencia de responsabilidades del Estado a terceros. Igual, en algún momento ,dejan de pensar en cómo proteger tanto a los pobres y ponerse a trabajar para que no haya pobres.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

José García Cortés

      5-2-26

Leo en la prensa: Por parte del Gobierno: «Reforzamos un modelo basado en derechos humanos»; e líder de Vox: «agravará el colapso de la sanidad, de la vivienda y de la seguridad»; El líder del PP: «es una estratagema para “desviar la atención” del accidente de Adamuz».  Todo un nivelazo por parte de nuestra clase política.

La regularización extraordinaria de ~500.000 personas (hasta ~800.000 según estimaciones de Funcas), no debería analizarse no como un gesto político aislado, sino que debiera ser una decisión de gobernanza dentro de una política a inmigración y, también de empleo.

A bote pronto, a mí me surgen un par de preguntas y muchas incógnitas:

1. ¿Cómo es posible que no se sepan el número (bastante exacto) de personas cuya situación se quiere regularizar?
2. ¿Cómo es posible acumular 500.000/800.000 personas “irregulares” si existe toda una normativa y un aparato administrativo para regularizar?

La respuesta parece ser incómoda, pero clara: Porque el Estado español ni tiene una verdadera política de inmigración y ni tiene un sistema de extranjería estructuralmente incapaz de absorber los flujos reales que tolera.

España tiene funcionarios y procedimientos, pero los plazos legales que deberían ser de meses se convierten en años, con oficinas saturadas y citas imposibles, los sistemas informáticos fragmentados, no interoperables y competencias también fragmentadas, extranjería, empleo, seguridad y servicios sociales que no se hablan entre sí.

El resultado es que la entrada irregular es mucho más rápida que la regularización y el descontrol que produce termina siendo “absoluto”. Como en otros ámbitos, el Estado autoriza, tolera o permite procesos que luego no es capaz de gestionar.

Y el problema es que tenemos una cosa parecida a una política inmigratoria que es de “tolerancia pasiva”, es decir, aunque formalmente el Estado no fomenta la irregularidad, en la práctica no ejecuta expulsiones, salvo casos extremos, tolera empadronamientos (incluso los fomenta), permite acceso a sanidad, educación y ayudas y mira hacia otro lado en sectores económicos concretos contribuyendo, además, al sostenimiento de la economía sumergida.

Se crea así un estatus de facto: No eres legal, pero tampoco ilegal del todo, y el resultado es sencillo: Si entras, resistes en la economía informal y el sistema colapsa, acabarás regularizado.

Pero, curiosamente, esta vez, no voy a ser yo el que critique la regularización de muchas criaturas a las que se acepta vivir en el “limbo social” (y además este país necesita), pero sí tengo que criticar que se adopten decisiones parciales sin mejorar el sistema de gestión, porque el Estado decide, pero las CCAA atienden, los ayuntamientos gestionan la convivencia y las ONG sostienen el día a día, pero el resultado es que, en este batiburrillo de competencias, nadie ve el acumulado real hasta que explota.

Y ahora queda ver cuál es el resultado real de la medida (si es que alguien se compromete a evaluarla en el tiempo, cosa que dudo), porque al ofrecer la regularización masiva teniendo en cuenta que las diferentes ayudas que puede recibir una persona, Estado, CCAA, Ayuntamientos, ONG’s… que no están integradas, habrá muchas personas (solo por razones de supervivencia), que no les “renta” acceder a un sistema en el que empiezan a pagar impuestos, o bien que sus empleadores no estén dispuestos a asumir las nuevas cargas que le origina. El tiempo lo dirá.

Pero, además, para que una regularización de este tipo sea buena (para el inmigrante y para el país), el Estado debe corregir las distorsiones del mercado laboral que tenemos y que no son pocas. Porque alguien se preguntará (yo me lo pregunto), ¿cómo es que teniendo 2,4 millones de españoles en el paro necesitamos inmigrantes? Pues porque tenemos un elefante en la habitación que nadie se atreve a espantar. El problema de España es que no sólo hay que reformar nuestra política de inmigración para que sea eficiente, es que con los nacionales tenemos un problema real de paro que tira de espaldas y nadie lo aborda.

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del “paro oficial” nos referimos siempre a el paro según la EPA (Encuesta de Población Activa), no al número de personas que cobran subsidios, y en la última asciende a 2.477.100 personas, la mejor en mucho tiempo para regocijo de mucha gente (datos que personalmente yo no me creo teniendo en cuenta el trilerismo existente).

La EPA mide que una persona está en paro si no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia, ha buscado empleo activamente y está disponible para trabajar de inmediato. Da igual si cobra subsidio o no y da igual si está inscrita en el SEPE o no. Es una definición estadística internacional, comparable con Europa (Eurostat).

Pero el problema es que cuando se quiere estudiar en serio el problema laboral de un país, hay que tener en cuenta que el paro oficial deja fuera a mucha gente que podría trabajar, pero que no aparece como “parada”, pues además de los parados “oficiales”, hay cuatro grandes grupos de personas infrautilizadas:

A) Personas que trabajan menos de lo que querrían, es decir, subempleo (ejemplo, alguien con contrato de 10–15 horas, que quiere jornada completa, pero tiene que aceptar lo que hay. Tiene trabajo, pero no suficiente.

B) Personas disponibles, pero que han dejado de buscar (ejemplo: han buscado durante años, pero se han desanimado pero que, si mañana les llaman, aceptarían). Podrían trabajar, pero ya no buscan (y por eso no cuentan como parados).

C) Personas que buscan, pero no pueden incorporarse “mañana” (ejemplo, los que realizan cuidados familiares, o tienen problemas con su documentación legal o por falta de conciliación…). Quieren trabajar, pero el sistema no se lo permite aún.

D) Personas en economía sumergida (personas que cobran ayudas y trabajan “en negro” algunas horas pero que si regularizan su situación laboral aparecerían como ocupados). No cuentan como parados, pero tampoco como empleo real.

Desde un punto de vista algo más técnico, esto es lo que se denomina “holgura” del mercado laboral (toda la gente que podría trabajar más o mejor, pero no lo está haciendo por fallos del sistema). Eurostat mide la labour market slack (holgura) como: desempleo + subempleo a tiempo parcial + “disponibles no buscan” + “buscan, pero no disponibles”. Y resulta que, en 2024, España es el país con más slack de la UE: 19,3% de la “fuerza laboral extendida”. En otras palabras, es el “desperdicio” de capacidad laboral de un país.

Mientras que la media de la Unión Europea mantiene en torno al 10% de su capacidad laboral infrautilizada, España prácticamente la duplicamos. Esto significa que nuestro problema es muy grave, porque además del desempleo visible, existe un volumen muy elevado de personas que trabajan menos de lo que desean o que han quedado desconectadas del mercado laboral por fallos de incentivos, intermediación y diseño institucional.

Por tanto, cuando hablamos de “reservorio activable”, estamos diciendo que hay la friolera cifra de 4,8 millones de personas que ya quieren trabajar más, pero el sistema no se lo pone fácil. No es un invento, son personas reales que padecen una administración que no conecta empleo, ayudas y control. ¿Nadie se pregunta por qué la media europea, con los mismos medidores, está a la mitad que España?

No es que falte gente para trabajar. Falta un sistema que haga rentable, sencillo y coherente trabajar: Y ahí está el punto incómodo, porque políticamente “duele” poner en marcha los mecanismos, y porque muchos beneficios de activar ese reservorio no aparecen en los Presupuestos (aparecen en la vida real de la gente) y por eso los gobiernos los infravaloran.

No es realista pensar que se pueda activar el 100% del slack. Pero sí es razonable (con reformas de incentivos, control e intermediación) pensar que, en un escenario conservador (4–5 años) se puede:

• Reducir paro de larga duración en 20%, lo que implicaría ~220.000 empleos.
• Aflorar y formalizar economía sumergida / compatibilidades irregulares en sectores clave (vía control + incentivos) con ~300.000/500.000 empleos formales acumulados.
• Absorber parte del “no paro” (disponibles/infratrabajo) en 10% que supondrían otros ~200.000 empleos.

Es decir, estamos hablando de un potencial activable de entre ~700.000/1.000.000 de empleos formales adicionales (en 4–5 años).

Aun así, tendríamos que dar la bienvenida a que se incorporen a este proceso a los inmigrantes, porque nuestro envejecimiento acelerado y el sostenimiento de nuestras pensiones lo requieren, pero si no se cambia el sistema del empleo en general, no solo en lo relativo a la inmigración, lo que tenemos es otra vuelta más a este ovillo de “des-gestión que padecemos.

Y, mientras, nuestros políticos diciendo gilipolleces en los titulares y peleándose en el Parlamento. Que Dios nos pille confesados.

José García Cortes

       29-1-26

Resulta evidente que una persona bien formada o trabajadora tiene una actitud reflexiva y proactiva ante cualquier dificultad. Piensa y asume el control activamente para obtener los resultados que desea. Siempre será independiente, con pensamiento crítico, indistintamente del partido político que más le satisfaga.

Por el contrario, un necio se dejará arrastrar por la retórica impuesta, donde es convencido, persuadido y conmovido. Sus emociones, instrucciones y miedos provocados, terminarán en fanatismo, ya que los estúpidos son simplistas y manipulables.

Estos días estamos sorprendidos por los acontecimientos ocurridos con los trenes de alta

velocidad y con las infraestructuras de R.E.N.F.E. Nuestro ministro, Oscar Puente, ha cambiado su discurso desdeñoso a elegíaco, con un resultado impostado, manipulador y falaz. Sus actuaciones, siempre han sido erráticas y con alta corrupción moral en el Ministerio, destruyendo todo lo logrado en infraestructuras desde 1992. Ya no somos ni serios ni relevantes en el sector. Veremos pronto sus consecuencias.

Una política económica secuestrada por el nacionalismo, el neocomunismo y el favoritismo, han logrado disminuir significativamente las inversiones necesarias en lo más esencial. Los que hemos viajado por carretera o en trenes estos últimos años lo hemos observado. Los profesionales de R.E.N.F.E y sobre todo, la asociación de maquinistas, han advertido en numerosas ocasiones, lo que podría ocurrir. Los responsables del Ministerio no han escuchado lo suficiente a los técnicos, sucediendo algo que podía haber sido evitable.

El relato de esta izquierda gobernante no ha tardado en llegar: han menospreciado el discurso de VOX sobre lo ocurrido, han comparado con el descarrilamiento de Santiago de Compostela cuando gobernaba el PP, aunque se haya demostrado que fue un error del maquinista, con el “Prestige Galicia”, o con los descarrilamientos en época de Franco. Su objetivo, no es otro que distorsionar la verdad y despertar emociones en los estúpidos, para confundir y enfrentar a los ciudadanos.

No se preocupe Sr. ministro, si aún tiene dudas de la causa del descarrilamiento, pregunte a la gente sencilla, formada y trabajadora, independiente de ideologías, que con lógica, razón y sentido común se lo van a explicar.

Los adamuceños han demostrado una conducta excepcional con una responsabilidad social envidiable. Seguramente se pondrían a su disposición para ayudarle de forma desinteresada en los días venideros para tratar de recuperar la dignidad perdida del Ministerio que ocupa.

Manuel Lozano Molina

         25-1-26

Señora Montero, ¿por qué no le ha gustado a las CCAA el plan de financiación que Vds. han propuesto?

Bueno, le explico de forma muy sencilla: La ordinalidad existe, pero no exactamente como ordinalidad. Es decir, hay ordinalidad, pero no es una ordinalidad plena, sino una ordinalidad que no altera el orden, salvo cuando el orden se ordena de forma distinta. Por tanto, no es ordinalidad, aunque conserve elementos claramente ordinales.”

• Pero, el Sr. Junqueras dijo que estaba basado en la ordinalidad y usted dijo hace unos días que sí.

Realmente no es ordinalidad, pero si lo miras de lado, con buena voluntad, y sin preguntar mucho… un poco sí.”

• ¿podría explicarlo un poco mejor, por favor?

La ordinalidad no se aplica, pero se aplica parcialmente, de manera no ordinal,
aunque manteniendo el espíritu ordinal de una ordinalidad que no es ordinal
como tal.

• Disculpe que insista, ¿Hay ordinalidad o no?

Bueno, sí, pero solo en parte, no para todos, pero sin romper el orden, aunque el orden cambie. Como conclusión les puesto decir que no es ordinalidad, pero tampoco no lo es.

• La verdad es que no entiendo muy bien

No es ordinalidad como la que usted entiende, sino una ordinalidad entendida
desde una concepción no estrictamente ordinal de la ordinalidad.”

• Ahora lo veo claro Sr. Montero.

José García Cortés

       15-1-26

 La mala memoria

España tiene un sistema para que el Estado central transfiera dinero a las comunidades autónomas para que puedan financiar servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.). que lleva más de 15 años desfasado respecto a las necesidades demográficas y económicas actuales (envejecimiento, gasto sanitario, dependencia, dispersión poblacional, etc.).

En un nuevo escorzo político de nuestro, siempre amado, presidente del Gobierno, Se reúne con Oriol Junqueras (inhabilitado por sentencia judicial) y nuestra ministra de Hacienda sale a la palestra, muy digna ella, diciendo que ya va siendo hora de que los ciudadanos tengamos mejoras en nuestra salud, educación, y no sé cuántas cosas más.

La primera pregunta que se me ocurre es ¿y si es tan necesario y bueno, por qué ha tardado tanto en hacerlo? Claro, como están haciendo tantas cosas, y tan importantes, seguramente se les haya olvidado.

Obviamente, el presidente puede reunirse con cualquier ciudadano, pero parece más lógico, que para revisar la financiación de las autonomías se reúna con las Comunidades Autónomas para revisar la financiación de las autonomías ¿no? que, por cierto, llevan años reclamándolo.

Pero claro, ERC necesita el visto bueno de Junqueras y Pedro Sánchez necesita el voto de ERC. Aunque pueda no ser una ilegalidad, no deja de ser una paradoja política (otra más).

A nuestro doctor en economía, y su ministra, también se les ha olvidado explicar a los ciudadanos cómo cuadrarán las cuentas, es decir, que el ciudadano sepa (yo creo que no lo saben todavía ni ellos) si esto implicará más deuda, más impuestos o recortes futuros en servicios estatales. Porque una de las tres cosas (o combinaciones) tiene que suceder necesariamente.

Mecachis, se les ha olvidado decir que si hay más cesión a las CCAA sin subir gasto total, la deuda total del país no sube, pero el Estado se queda con menos margen para pensiones, defensa, intereses de deuda, políticas nacionales…, pero conociendo lo ahorradores que son, lo más normal es que haya aportación de más recursos y que además nadie recorte nada. Entonces falta dinero y solo hay tres salidas: subir impuestos, recortar otras partidas o emitir más deuda.

Jopé, también se les ha olvidado decir que Cataluña no está entre las más infrafinanciadas según recursos por habitante ajustado, pero sí está entre las más endeudadas, las que perdieron acceso a mercados y las que generaron mayor riesgo político. El problema catalán no fue solo (ni principalmente) de financiación, sino de gestión.

Cataluña ha tenido (y tiene) una gestión fiscal muy deficiente durante años, que culminó en la calificación de su deuda como bono basura y la pérdida total de acceso a los mercados, aunque es cierto que la situación se ha maquillado parcialmente gracias al respaldo del Estado, no lo ha sido por una corrección estructural profunda comparable a otras comunidades mejor gestionadas.

Si, si, a nuestro doctor en economía se le olvida comentar que Cataluña ha tenido un rescate encubierto y que pasó a financiarse casi exclusivamente mediante el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y préstamos del Estado a tipos inferiores al mercado. Sin el Estado, Cataluña habría tenido graves problemas de liquidez, y esto no es una opinión: es contabilidad pública.

Y aquí están los tíos, quienes gestionaron mal piden ahora más recursos y alivio de deuda, mientras que a los que gestionaron mejor son acusados de dumping fiscal y son perseguidos por bajar impuestos a los ciudadanos. Mira que les jode que Madrid se sitúe de forma consistente entre las comunidades mejor gestionadas desde el punto de vista fiscal y presupuestario. Ha sabido hacer más o igual con menos tensiones financieras que otras comunidades con tamaño y competencias similares. Pero claro, Estos sólo saben premiar el derroche.

Ahora apelan a la “ordinalidad” confundiendo y manipulando (como siempre). Se presenta la ordinalidad como si fuera un principio constitucional, que no lo es, y lo mezclan con lo que deberíamos llamar “ordinariedad” que sí sería coherente con la igualdad y solidaridad, ya que garantiza igualdad de reglas.

Confundir ambos conceptos no es un error técnico inocente, sino una forma de desdibujar el principio de solidaridad. Quizás, para definirlos, deberíamos coger la tercera acepción de la RAE sobre ordinario:

 

Basto, vulgar, chabacano, zafio, ramplón, verdulero, tosco, maleducado, grosero, soezdescortés, patán, chocarrero, desatento, ineducado, lépero.

Hoy tenemos CCAA’s infrafinanciadas, pero razonablemente bien gestionadas como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha (con matices), tenemos a la comunidad Valenciana, infrafinanciada y mal gestionada y luego está la otra que no hay por donde cogerla, Cataluña, no especialmente infrafinanciada y mal gestionada.

La infrafinanciación no conduce inevitablemente al desastre fiscal. Existen comunidades que, aun recibiendo menos recursos de los que les corresponderían, han mostrado disciplina presupuestaria y capacidad de ajuste. Por tanto, utilizar la infrafinanciación como coartada universal para justificar deuda y desequilibrios es técnicamente incorrecto.

La financiación explica parte del problema; la gestión explica el resto.

¿Qué hay que actualizar el modelo de financiación autonómica? ¿quién lo discute?, pero dar más dinero sin exigir reformas estructurales, sin evaluación de resultados y sin coordinación real entre CCAA, puede acabar suponiendo más recursos para un sistema ineficiente como el que tenemos y no mejores servicios para el ciudadano. De nuevo se beneficia más a estructuras administrativas que a personas y esto no garantiza mejoras reales.

Comparado con estados sólidos en gestión, lo que hace que un sistema sea justo y estable no es solo “dar más dinero”, sino reglas de reparto objetivas (estilo Canadá/Australia/Suiza), corresponsabilidad y disciplina fiscal (muy presente en Alemania y en el marco europeo) y evitar la percepción de negociación ad hoc, porque eso destruye legitimidad.

Utilizar más dinero público sin hacer una reforma necesaria en nuestro desastre de gestión solo nos lleva a profundizar en la ineficiencia. Solo podemos aportar más recursos si ponemos reglas claras y exigimos su cumplimiento. Este sería el “mejor caso” socialmente hablando, ya que se da más financiación para servicios, pero obligas a objetivos de eficiencia, evaluación y límites de déficit. Esto se acerca a la lógica de las federaciones más maduras: financiación más disciplina, pero no es menos cierto es que esta opción entra dentro de la política-ficción en la España actual.

Mi opinión política es que el problema no es dar más dinero, sino cómo y por qué. Desde una perspectiva política, el anuncio del modelo presentado no es otra cosa que una negociación bilateral y un reforzamiento de una asimetría ya existente. La financiación autonómica no puede ser una moneda de cambio ya que rompe la confianza entre comunidades y en el Estado y, desde un punto de vista de país no podemos continuar pidiendo solidaridad sin exigir corresponsabilidad, ni aumentar gasto sin reformar cómo se gestiona.

Al no diferenciar claramente entre infrafinanciación y mala gestión, ni introducir consecuencias creíbles, el sistema seguirá premiando al pasado derrochador y penalizando la disciplina fiscal.

Un sistema que socializa los costes, pero no las decisiones, acaba incentivando el peor comportamiento posible. En financiación pública, hay riesgo moral cuando una administración toma decisiones irresponsables porque espera que otro pague la facturasi algo sale mal.

Desde luego hay que reconocerles una cosa, tienen más trucos en la chistera que el gran Juan Tamariz.

José García Cortés

        10-1-26

Circula en redes y memes que, al otorgar un título o cátedra a Javier Milei, el presidente del tribunal dijo: “no sé si le estamos dando el título a un genio o a un loco”. Esa frase no está confirmada, pero me cuadra un poco con la personalidad del personaje. Este economista y docente en varias instituciones académicas de Argentina antes de dedicarse plenamente a la política, es conocido por un lenguaje directo, confrontativo y provocador, que rompe con el estilo tradicional de los políticos argentinos (y del mundo, excepto Trump).

Se autodefine como liberal-libertario, con fuerte énfasis en la libertad individual, propiedad privada y mercados sin interferencias estatales, es admirador de corrientes económicas de la escuela austríaca y crítico de las políticas intervencionistas.

Su imagen pública es polarizante y se muestra como un dirigente con rasgos poco convencionales, pero con tendencia a creer fuertemente en su propia visión de la realidad política y económica.

Y como hace tiempo que no lo veo con una motosierra en la mano, me ha parecido interesante echar una ojeada a la situación económica y social de Argentina bajo su mandato, y la respuesta no es un sí o un no rotundo, sino que hay avances claros en algunos indicadores macroeconómicos, al mismo tiempo que persisten desafíos sociales y estructurales profundos. La evidencia disponible sugiere un panorama mixto y complejo, con mejoras técnicas, pero tensiones sociales aún presentes.

Cuando Milei asumió la presidencia (diciembre de 2023), Argentina venía de años de inflación crónicamente alta (más de 200% anual), pobreza creciente, déficits fiscales persistentes y recesión económica prolongada.

Su gobierno implantó un conjunto de medidas de corte liberal orientadas a reducción del gasto público, control de la inflación, eliminación de restricciones comerciales y cambiarias y apertura económica con reformas de mercado.

Los avances macroeconómicos son evidentes:

• Inflación: caída significativa. En 2023 llegó a más de 200% anual y ya al final de 2024, las tasas mensuales se redujeron por debajo del 3% con medidas de ajuste y en los primeros meses de 2025 la inflación mensual se ubicó alrededor de 2%.
• Crecimiento económico tras recesión: Incluso después de contracciones al inicio de 2024, el PIB ha crecido en trimestres recientes y las estimaciones para 2025 proyectan tasa de crecimiento alrededor de 4–5% real del PIB, con perspectivas algo menores en 2026 pero aún positivas.
• Déficit fiscal y reformas de gasto: Milei ha conseguido pasar de déficits crónicos a superávit fiscal en 2024, todo ello con reducción de subsidios y gasto público innecesario y reestructuración del presupuesto, con parte significativa destinada a educación, salud y pensiones según proyecto para 2026.

De la otra parte, los indicadores sociales tienen matices importantes, pero esperanzadores. Los datos oficiales muestran que la pobreza pasó de niveles extremadamente altos (más del 50% tras shocks iniciales) a cifras por debajo de 32% en 2025, el nivel más bajo desde 2018. No obstante, y pese a la caída, los niveles siguen siendo elevadamente altos comparados con décadas anteriores. La mejora es real en términos relativos, pero el nivel de pobreza sigue siendo una carga social significativa.

Y en cuanto al consumo, los datos económicos muestran que consumo agregado ha mostrado retrocesos, los salarios reales y cobertura de ingresos de hogares siguen bajos en algunos sectores y el mínimo vital en dólares continúa siendo bajo en términos regionales.

Esto sugiere que las mejoras macroeconómicas no se traducen completamente en bienestar homogéneo.

Parece que las mejoras que está consiguiendo son importantes, aunque persisten tensiones porque las reservas internacionales siguen escasas en relación con las necesidades de pago externo, Argentina continúa enfrentando costos de endeudamiento altos y la acumulación de reservas es lenta, lo que plantea riesgos futuros.

De todas formas, hay señales de confianza de capital extranjero en algunos sectores, como inversiones en energía y recursos naturales, lo que indica interés privado por el nuevo marco económico. Esto es positivo, aunque todavía insuficiente para resolver problemas estructurales de productividad, empleo formal y desarrollo sostenible.

Objetivamente, hoy por hoy, la situación puede describirse como una mejora real en indicadores macroeconómicos clave, acompañada de condiciones sociales, también mejores, aunque todavía frágiles y un proceso de ajuste en curso, con resultados que aún están por consolidarse a largo plazo.

Volviendo a la frase inicial, no sé si este hombre es un “loco” (aunque por su aspecto y sus gestos lo pueda parecer), yo de momento me quedo con la parte de “genio”, que está haciendo en su país lo que procede.

Me comentan, también sin confirmar, que Pedro Sánchez está pensando en tomarlo como ejemplo. No sé, ya veremos.

José García Cortés

        10-1-26

Reflexión sobre la geopolítica y el modelo democrático europeo.

Y lo digo yo, que siempre he sido un “prisillas”.

La historia de la democracia española desde 1975 es paradigmático, pero no olvidemos que la muerte de Franco no provocó una implosión violenta del sistema, sino un proceso cuidadosamente gestionado que permitió desmantelar estructuras de poder profundamente arraigadas y dar paso a un nuevo orden constitucional. Hoy, cuando se discute intensamente la restauración de la democracia en Venezuela, es inevitable mirar ese proceso como una posible guía para evitar el derramamiento de sangre y construir una salida política viable al autoritarismo chavista.

Entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución española en octubre de 1978, transcurrieron casi tres años de intensos debates, acuerdos y reformas. La Transición no fue la conquista de la oposición sobre el Estado, sino un acuerdo entre élites para reemplazar un modelo autoritario por uno democrático mediante un pacto amplio y sin rupturas traumáticas.

Este proceso, aunque con particularidades propias del contexto español, ofrece lecciones relevantes para Venezuela, donde el régimen chavista ha concentrado el poder durante más de dos décadas y ha erosionado sistemas de pesos y contrapesos, independencia judicial y libertades fundamentales. El chavismo, que emergió bajo Hugo Chávez y fue consolidado por Nicolás Maduro, ha transformado el sistema político en algo que muchos analistas describen como un autoritarismo competitivo o híbrido en el que las elecciones se celebran, pero sin condiciones mínimas de imparcialidad e independencia institucional.

La situación en Venezuela se parece bastante a la que nosotros vivimos. Hoy está marcada por tensiones intensas entre la oposición y el poder establecido, con la represión política como elemento persistente que dificultan la percepción de que una transición ordenada pueda ocurrir sin condiciones previas de seguridad y reconstrucción institucional.

Por tanto, lo que está haciendo EE. UU puede parecer hasta “razonable”, porque al igual que en España, donde la Transición fue posible porque existieron mecanismos que facilitaron la reforma desde dentro, en Venezuela, esa misma lógica exige que se construyan condiciones para la restitución de libertades básicas, la liberación de presos políticos, y la restitución de independencia judicial y electoral como pasos previos a cualquier proceso de reconstrucción democrática.

Hay quien afirma que en nuestro caso la transición fue más fácil porque se dio en un contexto bipolar de Guerra Fría, pero ahora pienso que estamos en una situación parecida, no belicista global sino de Guerra Comercial.  En este contexto, tenemos que observar que China (y en menor medida Rusia), llevan tiempo “invadiendo” los mercados mundiales, y, con tanta fuerza, que han puesto en jaque a la primacía norteamericana. Y esto ha cambiado el contexto mundial de una forma sustancial.

China ha desplegado en los últimos años una estrategia sistemática de penetración económica en África y América Latina basada en inversiones en infraestructuras, financiación de gobiernos y acceso a materias primas. Rusia, aunque con menor capacidad económica, ha reforzado su presencia política, militar y simbólica en determinados países como forma de proyectar poder global y desafiar el orden occidental.

Desde este ángulo, América Latina vuelve a adquirir una importancia estratégica que había perdido parcialmente. Para Estados Unidos, permitir que gobiernos inestables o aislados internacionalmente se conviertan en plataformas de influencia china o rusa en su entorno inmediato no es una cuestión ideológica, sino de seguridad y poder.

En este contexto, la insistencia estadounidense en una “restauración democrática” puede leerse como un intento de reordenar el tablero regional, asegurando que Venezuela no consolide una dependencia estructural de potencias rivales. Y esta lógica no es nueva. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos apoyó o toleró gobiernos autoritarios en América Latina siempre que garantizaran estabilidad, alineamiento estratégico y acceso a mercados. La retórica democrática ha sido históricamente flexible cuando entraba en conflicto con intereses geopolíticos mayores.

Desde esta perspectiva, resulta plausible sostener que a Estados Unidos no le resulta prioritario el tipo exacto de democracia que emerja en Venezuela, sino que el país no se convierta en un satélite económico y político de China o Rusia, ni en un foco permanente de inestabilidad regional.

Este enfoque explica también cierta impaciencia, tanto en medios como en algunos actores internacionales, por “restablecer la democracia” de forma rápida, incluso cuando las condiciones internas no parecen maduras para una transición ordenada. El riesgo, como muestra la experiencia comparada, es confundir elecciones con democracia y provocar escenarios de mayor conflictividad o violencia.

Si el objetivo en Venezuela es evitar el derramamiento de sangre, la lección española sugiere que la prisa es una mala consejera. La estabilidad (entendida como seguridad personal, control de la violencia y funcionamiento básico del Estado) no es enemiga de la democracia, sino una condición previa para que esta sea sostenible.

Aceptar que la política estadounidense hacia Venezuela responde en gran medida a consideraciones geoestratégicas no implica justificarla ni condenarla automáticamente. Implica comprenderla. La geopolítica no se mueve por ideales puros, sino por intereses, equilibrios y percepciones de amenaza.

En un mundo de competencia entre grandes potencias, la pregunta clave no es solo quién gobierna Venezuela, sino cómo se construye un Estado capaz de decidir su futuro sin ser rehén ni de sus élites internas ni de intereses externos. Todo lo demás (incluida la retórica democrática) debería estar subordinado a esa finalidad.

Además, existe un refrán que dice que quien solo tiene un martillo, tiende a ver clavos por todas partes. Algo parecido ocurre con Europa cuando mira al resto del mundo. Tras décadas de estabilidad democrática, la Unión Europea ha interiorizado su propio modelo político hasta el punto de asumir que no solo es deseable, sino universalmente exportable.

Conviene recordar un hecho incómodo: la democracia liberal europea es muy reciente en términos históricos. Durante siglos, Europa se organizó bajo monarquías fuertes, Estados centralizados y poderes ejecutivos robustos. La democracia no fue el punto de partida, sino el resultado final de un proceso largo, conflictivo y, en muchos casos, violento. Pretender que otros países adopten directamente ese estadio final es exigirles algo que Europa nunca hizo.

En muchos países árabes, africanos, asiáticos o latinoamericanos, la realidad es distinta. Estados débiles, sociedades fragmentadas, economías informales y tradiciones políticas basadas en la autoridad personal hacen que la aplicación inmediata del “paquete democrático europeo” no produzca democracia, sino parálisis, captura del Estado o violencia. Y otro tanto le podríamos decir a EE. UU., solo hay que recordarles Irak, Libia, Afganistán y tantos otros sitios en los que han intervenido militarmente.

Aquí surge un tema que Europa a menudo evita: un gobierno fuerte no es necesariamente un gobierno tiránico. En numerosos contextos, lo que la población necesita no es menos poder, sino más capacidad estatal: seguridad, orden, cumplimiento de la ley y arbitraje efectivo de conflictos. Sin Estado, no hay derechos que proteger. Sin autoridad legítima, la democracia se convierte en un ritual vacío.

Exportar elecciones sin instituciones sólidas es confundir procedimiento con resultado. La historia reciente muestra que las democracias formales sin Estados fuertes suelen degenerar rápidamente o ser capturadas por actores organizados (militares, religiosos o económicos) mucho más eficaces que la política civil. Paradójicamente, esta estrategia debilita tanto la democracia como los derechos humanos que dice defender.

El verdadero error europeo no es moral, sino estratégico, imponer modelos sin atender a la realidad termina generando rechazo, inestabilidad y pérdida de influencia. Mientras Europa predica, otros actores ofrecen orden y previsibilidad, aunque sea a costa de libertades formales. El resultado es que los valores europeos no se expanden, sino que retroceden.

Quizá ha llegado el momento de cambiar martillo europeo y el error de exportar la democracia como si fuera un manual. No todo es un clavo, y no todas las sociedades pueden (ni deben) recorrer el mismo camino al mismo ritmo.

El problema no es defender la democracia, sino confundir la democracia con una forma institucional concreta y cerrada.

José García Cortés

         9-1-26

Tengo que reconocer que la “extracción” de Nicolás Maduro me produce un profundo dilema moral, por un lado, me repugna la violación de la soberanía de un Estado por una potencia extranjera, pero por otro, la caída de un dictador responsable de miseria, exilio masivo y represión me genera alivio y una sensación de justicia tardía.

Creo que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo y que el problema no está en mis sentimientos, sino en el marco internacional que nos obliga a elegir entre principios incompatibles.

Si por “derecho internacional” entendemos: la ONU, el Consejo de Seguridad y las instituciones creadas tras la II Guerra Mundial, entonces es innegable que nacen ya jerarquizadas porque los vencedores de 1945 financian el sistema, diseñan las reglas y se reservan el derecho de veto. Es decir, estamos, desde el diseño original ante “la Ley del más fuerte”, no es una anomalía posterior.

Considero que el derecho internacional nunca fue neutral, fue un mecanismo de contención del caos (que no está mal), pero no de justicia universal y por eso algunas invasiones se condenan, otras se toleran y otras simplemente no existen en el relato oficial. No vivimos una ruptura reciente del derecho internacional: vivimos su desnudez.

Aunque resulte incómodo, creo que es realista pensar que la ley del más fuerte está imperando desde el principio y que lo que cambió no fue la fuerza, sino la forma de ejercerla, antes era militar directa, luego jurídica y ahora híbrida: sanciones, finanzas, tecnología, control narrativo.

El derecho internacional funciona cuando coincide con los intereses de los fuertes. Cuando no, se ignora, se reinterpretan las normas o se bloquea su aplicación. Y esto no es cinismo: es geopolítica básica.

Dejando a un lado a India (que todavía no sé por dónde va), a Reino Unido (que ya no es lo que fue) y a la UE (que ni está ni se le espera), veo en el mundo tres grandes potencias:

• Rusia, que continúa, desde sus orígenes, con el poder duro y su nostalgia imperial y que actúa desde una lógica abiertamente belicista usando la fuerza militar como instrumento principal evitando su irrelevancia.
• China: Poder económico, pero no inocente, no es belicista en el sentido clásico, su expansión es comercial, financiera e infraestructural (África y Latinoamérica son ejemplos claros), que ejerce coacción económica y controla estratégicamente deuda, materias primas y cadenas de suministro. China no dispara… porque no lo necesita.
• Estados Unidos, que combina poder militar, intereses comerciales y control del relato moral (democracia, derechos, libertad). Eso le permite justificar acciones que, en otros actores, serían condenadas sin matices. No es altruismo: es hegemonía con narrativa.

Solo hay que dar un repaso a hitos relativamente recientes:

• Yugoslavia (1999). Intervención “humanitaria” sin aval legal. La OTAN bombardeó Serbia sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, alegando evitar una catástrofe humanitaria en Kosovo. Se salvaron víctimas, pero se debilitó la arquitectura legal internacional.
• Irak (2003) – La mentira como justificación. EE. UU. y aliados invadieron Irak bajo el argumento de armas de destrucción masiva que nunca existieron. Aquí no hubo dilema moral: fue abuso de poder puro.
• Libia (2011) – De proteger civiles a destruir un Estado. La ONU aprobó una zona de exclusión aérea para proteger civiles. La operación derivó en el derrocamiento de Gadafi. El derecho internacional no prevé el “día después”.
• Ucrania (2022)– El derecho internacional como bandera selectiva. Rusia invade Ucrania violando todas las normas básicas de soberanía. El derecho internacional funciona mejor cuando el agresor es “el enemigo”.
• Venezuela – El abandono silencioso. Durante años, represión, hambre, éxodo de millones y destrucción institucional, …sin intervención efectiva, más allá de sanciones que a menudo agravaron el sufrimiento civil. Aquí el derecho internacional no fue violado… pero tampoco sirvió para proteger a nadie.

El problema de fondo es que tenemos un derecho internacional sin responsabilidad con tres fallos estructurales:

1. Veto de las potencias. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden bloquear cualquier acción que les afecte directa o indirectamente y eso origina parálisis cuando más se necesita actuar.

2. Ausencia de mecanismos automáticos. Sencillamente no existe intervención obligatoria ante genocidios, responsabilidad real tras una intervención ni sanciones efectivas para los fuertes. El sistema depende de la “buena voluntad” del poderoso.

3. Justicia desigual. Los Tribunales internacionales juzgan a dictadores derrotados, líderes africanos o a actores débiles, pero no a grandes potencias ni a sus aliados. La ley se aplica hacia abajo, nunca hacia arriba.

El dilema de fondo: ¿justicia sin ley o ley sin justicia?, y ahí está el núcleo de mi reflexión. Cuando el derecho internacional no protege a los pueblos, no frena dictaduras y no evita éxodos masivos, entonces pierde legitimidad moral, aunque conserve legitimidad formal.

Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿es preferible respetar una ley que no protege, o romperla para hacer justicia? Y no encuentro una respuesta limpia, porque romperla abre la puerta al abuso y respetarla a ultranza perpetúa la impunidad. Veo un callejón sin salida en el orden internacional actual.

A pesar de todo, pienso que el derecho internacional es necesario, pero insuficiente. Y, lo verdaderamente preocupante no es que eso ocurra (siempre ha ocurrido), sino que no estemos construyendo nada mejor.

No vivimos el fin del derecho internacional, vivimos su crisis de legitimidad moral (como en tantos otros ámbitos). Mientras unos lo violan, otros lo usan selectivamente y muchos pueblos no reciben protección, seguiremos atrapados entre la ley sin justicia y la justicia sin ley.

Y creo que mi reflexión no es ideológica, es profundamente humana. Reconozco que el mundo real no encaja en marcos simples, y que a veces el alivio por la caída de un tirano convive con el miedo a un orden basado solo en la fuerza.

No me gusta nada lo que está pasando en el mundo.

José García Cortés

      6-1-26

La responsabilidad, de lo íntimo a lo global

Mi querido maestro Pepe Corral me ha “retado” a escribir una segunda parte del artículo Gobernar mejor es posible, con ejemplos a tres o cuatro niveles. Viniendo de Pepe, no es solo una obligación, es un placer.

Si algo caracteriza a los países que funcionan razonablemente bien no es la ausencia de errores, sino la existencia de responsabilidades claras y consecuencias visibles. La buena gestión no nace solo en los parlamentos ni muere en los boletines oficiales: es una cadena que empieza en lo personal y termina en lo global. Cuando se rompe en algún punto, el sistema entero se resiente. Lo vemos por niveles de responsabilidad e intentando evitar cualquier visión ideológica, aunque descabalgarse de la herencia recibida resulte imposible a veces.

1. Responsabilidad familiar: el primer aprendizaje de la gestión

La responsabilidad se aprende antes de que exista el Estado. En la familia se interioriza (a veces no) la idea de que los actos tienen consecuencias, que los recursos son limitados y que el bienestar común exige renuncias individuales.

Un hogar donde no se planifica, donde nadie responde de los errores y donde todo se justifica termina normalizando la improvisación y la excusa. Cuando esa cultura se proyecta sobre la sociedad, aparece el ciudadano que exige derechos ilimitados, tolera la mala gestión ajena y elude cualquier responsabilidad propia.

Sin responsabilidad individual no puede haber exigencia colectiva. Y sin ciudadanos exigentes, la incompetencia institucional encuentra un terreno fértil para perpetuarse.

2. Responsabilidad empresarial: pública y privada, laica y religiosa

En la empresa privada, la mala gestión suele tener consecuencias más o menos rápidas: pérdidas, despidos, quiebras. Por eso, aunque no siempre, la eficiencia acaba imponiéndose. Nadie mantiene indefinidamente a un directivo incapaz solo por lealtad ideológica. Salvo que sea el hijo del dueño (aunque tampoco debería).

En la empresa pública, sin embargo, la relación entre mala gestión y consecuencias se diluye. Los errores se socializan, los costes se reparten y la responsabilidad se fragmenta. El resultado es una peligrosa asimetría: quien decide no paga, y quien paga no decide.

Algo similar ocurre en instituciones religiosas, fundaciones o entidades “sin ánimo de lucro” cuando la nobleza del fin sirve de coartada para la opacidad, la falta de evaluación o el inmovilismo. La buena intención no sustituye a la buena gestión, pero la enmascara.

Gestionar recursos ajenos (dinero público, donaciones, confianza social) exige estándares más altos, no más bajos.

3. Responsabilidad civil y militar: dos culturas, dos velocidades

La comparación entre el ámbito civil y el militar resulta ilustrativa. En las fuerzas armadas, la cadena de mando es clara, la evaluación es constante y la incompetencia no suele esconderse bajo discursos abstractos. La planificación, la logística y la ejecución son cuestiones de supervivencia, no de relato.

En buena parte de la administración civil ocurre lo contrario: responsabilidades difusas, evaluaciones formales y escasa cultura de resultados. No porque falte talento (que, en los casos de amiguismo, también), sino porque sobran incentivos perversos: obedecer es más rentable que mejorar, no equivocarse es más importante que acertar.

No se trata de “militarizar” la gestión civil (aunque tentaciones no faltan), sino de recuperar algo esencial: claridad en los objetivos, medición de resultados y responsabilidad personal.

4. Gobiernos locales y nacionales: donde la incompetencia se vuelve sistémica

En el ámbito local, la mala gestión se percibe con mayor claridad: retrasos en licencias, servicios deficientes, obras mal planificadas. El ciudadano lo vive en primera persona. Sin embargo, incluso ahí, rara vez se exigen responsabilidades políticas por incompetencia si no hay escándalo.

A nivel nacional, el problema se amplifica. Planes estratégicos sin evaluación, leyes que se sustituyen sin analizar las anteriores, organismos que se crean sin analizar ni justificar su necesidad ni resultados. El Estado se expande, y se expande, pero no necesariamente mejora, al contrario, generalmente complica la vida al ciudadano.

Gobernar se confunde con legislar, comunicar o mantenerse en el puesto, cuando gobernar debería significar resolver problemas concretos con recursos limitados y rendir cuentas por ello, sabiendo además (o debiendo saber) que su puesto es temporal y solo está justificado para “servir” al gobernado, no al revés. Nunca el cargo debería suponer poder, sino servidumbre.

5. El mundo: cuando la irresponsabilidad se globaliza

En el plano internacional, la incompetencia también existe, pero se disfraza todavía mejor. Presidentes populistas, Organismos multilaterales con estructuras pesadas, objetivos grandilocuentes y resultados modestos (cuando existen); cumbres que producen declaraciones, pero no soluciones; agendas globales que multiplican compromisos sin mecanismos reales de cumplimiento.

Cuando nadie responde de nada, la responsabilidad se evapora. Y cuando la responsabilidad se evapora, la desafección ciudadana crece y el gasto, también.

Conclusión: exigir no es destruir, es cuidar

Exigir buena gestión no es antipolítico ni antisistema, ni de un signo político ni de otro (al contrario, al primero que hay que exigir es al partido político al que votas). Es una forma de respeto hacia lo público (que es lo de todos). La verdadera amenaza para la democracia no es la crítica informada, sino la resignación.

Ni la familia, ni las empresas, ni lo público, ni España, ni el mundo, necesita más normas, más organismos ni más eslóganes. Necesita una cultura compartida donde la incompetencia también tenga coste, donde gestionar bien sea premiado y donde gobernar adquiera su verdadero significado: servir.

Gobernar mejor no solo es posible. Es una obligación moral con quienes sostienen el sistema y con quienes vendrán después.

José García Cortés

         5-1-26

Uno de los últimos libros que he leído es “Un pueblo traicionado”, de Paul Preston, que hace un recorrido, muy exhaustivo de España desde 1874 hasta nuestros días.

España se ha caracterizado, en muchas fases de su historia, por tener unos políticos caciques y corruptos y por una ineficiente administración. En la época que narra Preston, se juntaron ambas cosas con especial intensidad. Todo ello en una lectura histórica con una conclusión incómoda.

La corrupción e incompetencia son dos males distintos (y no siempre van juntos). La corrupción es el uso del poder público para beneficio privado y la incompetencia la incapacidad estructural para diseñar, ejecutar y evaluar políticas eficaces.

España, desde 1800 hasta bien entrado el siglo XX, ha sufrido ambas cosas a la vez, y en muchos momentos se han reforzado mutuamente, con administraciones patrimonializadas, cargos como recompensa política, ausencia de profesionalización y confusión entre Estado, partido y facción.

Es cierto que la época actual, afortunadamente es muy diferente. No tenemos los niveles de pobreza y de analfabetos que antaño, aunque tampoco hay que remontarse tanto tiempo. Aún recuerdo que uno de los trabajos que teníamos que hacer los licenciados cuando hice el campamento militar (la mili), era enseñar a leer y a escribir a mucha gente.

Desde la democracia, y especialmente desde la entrada en la UE, la corrupción política sistémica ha disminuido de forma clara (creo que la democracia corrige mejor la corrupción que la incompetencia), existen controles judiciales, mediáticos y sociales impensables antes y la percepción social de la corrupción es hoy mucho más exigente. Aunque también pienso que en los últimos gobiernos de Sánchez hemos tenido un retroceso importante y que nuestra sociedad está más narcotizada que antes.

Sin embargo, la incompetencia administrativa ha resistido mucho mejor, entre otras cosas porque la corrupción genera escándalo inmediato, mientras que la incompetencia genera coste difuso, lento y difícil de atribuir. Un hospital mal gestionado no provoca dimisiones; una mordida sí.

Hoy no toca hablar de la corrupción (aunque ganas y argumentos no faltan) y sí de la incompetencia en la gestión, todo ello desde la preocupación cívica de un ciudadano que observa cómo su país, con enormes capacidades y recursos, avanza con demasiada frecuencia por debajo de sus posibilidades.

El gran problema histórico español es que gobernar no ha sido gestionar. Hemos tenido tradicionalmente políticos legisladores, políticos oradores, políticos de control del poder, pero muy pocos políticos-gestores.

Gobernar se ha entendido como aprobar normas, repartir recursos, ocupar cargos o resistir políticamente, pero no como definir objetivos medibles, diseñar organizaciones eficaces, evaluar resultados y, en su caso, corregir errores.

Y esto constituye una cultura institucional heredada donde la administración se protege a sí misma, no castiga la incompetencia, recompensa la obediencia formal y desincentiva la innovación.

La UE ha mejorado reglas, pero no hábitos. La incorporación a la UE ha sido decisiva para introducir estándares, mejorar controles financieros, reducir arbitrariedad y profesionalizar parcialmente ámbitos técnicos (en ocasiones en exceso, porque de burocracia, Bruselas está bien servida).

Pero la UE no cambia la cultura administrativa profunda si el país no quiere, porque puede imponer reglas, pero no puede imponer mentalidad de gestión. De ahí el fenómeno tan español: Cumplimos formalmente, pero ejecutamos deficientemente. Planes, estrategias, leyes y fondos existen, pero rendición de cuentas y resultados evaluados, pocos.

Y el problema es la normalización socialque se ha ido produciendo a lo largo de tantos años (siglos).La sociedad española ya no se sorprende por la mala gestión, asumimos retrasos, ineficiencias y chapuzas como “lo normal” y distinguimos mal entre lo inevitable y lo evitable.

Frases como: “esto en España es así”, “la administración funciona lenta”, “no se puede pedir más”, son síntomas claros de baja exigencia colectiva, no de realismo. Y esto es peligrosísimo, porque la incompetencia no genera castigo electoral claro (y mucho menos para los malos funcionarios), no hay incentivos reales para mejorar y se cronifica la mediocridad.

Una diferencia clave con otros países europeos es que, en muchos países de nuestro entorno, la corrupción es un escándalo y la mala gestión también lo es.

En España la corrupción empieza a ser “mal vista” (pero sigue siendo aceptada), pero la incompetencia sigue siendo tolerada. Esto explica por qué se cambian leyes sin evaluar las anteriores, se crean organismos sin cerrar los inútiles o se anuncian planes que nadie mide.

Sería injusto no reconocer que España ha avanzado mucho en control de la corrupción política, pero apenas ha avanzado en construir una cultura de gestión pública exigente, evaluable y profesional y esto se ha convertido en algo cultural. Tenemos, o hemos ido generando, una clase política poco incentivada a gestionar bien, una administración nada orientada a resultados y una ciudadanía que ha aprendido a convivir con la ineficiencia.

Me gustaría pensar que esto no es irreversible (otros países lo han hecho),
pero necesita de un cambio en la exigencia social. España ha demostrado, en múltiples momentos de su historia reciente, que es capaz de grandes consensos y de avances notables cuando el interés general se impone al partidista. Sin embargo, también ha mostrado una tendencia preocupante a posponer las reformas necesarias, a gestionar los problemas con parches y a sustituir la planificación por la improvisación.

España es, objetivamente, un gran país. La democracia española, nacida tras una larga dictadura, supuso un logro histórico incuestionable y permitió avances sociales, económicos y políticos que durante décadas parecían inalcanzables. Sin embargo, junto a estos logros, se ha ido instalando en una parte creciente de la ciudadanía una sensación de decepción, cansancio y desconfianza hacia el funcionamiento real del sistema político.

No se trata de negar los avances alcanzados ni de afirmar que “no se hace nada”, lo cual sería falso e injusto. Se trata, más bien, de constatar que lacalidad de la acción política se ha ido degradando progresivamente, alejándose de los problemas reales del ciudadano medio.

Cada vez resulta más evidente que una parte significativa de la clase política ha ido sustituyendo el interés general por el interés partidista, y la planificación a medio y largo plazo por la gestión cortoplacista del titular, la encuesta o el impacto mediático inmediato. Se gobierna, con demasiada frecuencia, a golpe de telediario, priorizando la supervivencia política sobre la resolución estructural de los problemas.

Este fenómeno no es exclusivo de España, pero aquí se ve agravado por varios factores, una excesiva fragmentación en las CCAA sin coordinación central, una cultura institucional poco acostumbrada a la evaluación y la rendición de cuentas y una tendencia creciente a justificar un gigantismo burocrático que, lejos de mejorar los servicios, complica la vida del ciudadano y ahoga la iniciativa económica.

La proliferación de organismos, agencias, entes, observatorios, empresas públicas y estructuras administrativas superpuestas no siempre responde a una mejora del servicio público. En la mayoría de los casos, genera ineficiencia, lentitud, opacidad y frustración, tanto para quien quiere emprender como para quien simplemente desea ejercer sus derechos o cumplir con sus obligaciones.

El resultado es un Estado que, en ocasiones, parece más diseñado para gestionarse a sí mismo que para servir al ciudadano. Un Estado donde abrir un negocio, acceder a una prestación, resolver un conflicto judicial o recibir atención en tiempo razonable se convierte en una carrera de obstáculos administrativos. Y todo ello mientras se pide al ciudadano más esfuerzo, más dinero, más paciencia y más comprensión.

No se trata de cuestionar nuestro modelo democrático, sino de exigirle más. No se trata de desacreditar lo público, sino de defenderlo de su mala gestión. Y no se trata de atacar a personas o partidos concretos, sino de analizar estructuras, incentivos y decisiones que, con el paso del tiempo, han ido alejando al sistema político de la ciudadanía.

Ya sé que no hay soluciones mágicas ni recetas simples a problemas complejos y esto no se consigue desde las ideologías cerradas sino del consenso, porque España no necesita más eslóganes. Necesita decisiones difíciles, bien pensadas y orientadas al largo plazo.

Si hubiera voluntad política, consenso institucional y una gestión profesional de los recursos públicos, España podría mejorar sustancialmente en ámbitos clave como la sanidad, la justicia, la educación, la atención a los mayores, la gestión del agua, el empleo, la sostenibilidad económica y la cohesión social.

Todos estos retos (y algunos más) podrían abordarse si el objetivo principal fuera el bienestar del ciudadano y la sostenibilidad del país, y no la ventaja partidista a corto plazo. Pensar y servir al Estado no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de esta España que se encuentra entre el potencial desaprovechado y la urgencia de reformar.

José García Cortés

        4-1-26