Hasta ahora he analizado, y criticado, la gestión de Sánchez desde el punto de vista económico y, que, como resumen, solo puedo calificar como deficiente y trilero. Hoy el foco lo centro más en su gestión política.

Comienzo con su actuación dentro del PSOE (que siempre fue un partido con estructura orgánica fuerte), y, si bien decir que Pedro Sánchez ha «liquidado la gestión democrática del PSOE» es una afirmación fuerte, no está fuera del marco de lo que muchos observadores, exdirigentes del partido y analistas políticos han venido señalando en los últimos años. Hay argumentos sólidos para pensar que ha habido una transformación profunda del PSOE bajo su liderazgo, con una concentración de poder sin precedentes en la figura del secretario general, es decir, en él mismo.

Desde que fue defenestrado en 2016 y luego volvió en 2017 ganando las primarias, Sánchez redefinió el liderazgo, lo convirtió en un mandato directo de la militancia, no del aparato. Tras su regreso, limpió la estructura del partido de críticos, y centralizó la toma de decisiones en un círculo muy reducido, con personas como Iván Redondo (antes) o Félix Bolaños (ahora).

Las grandes decisiones estratégicas (pactos con independentistas, la ley de amnistía, cambios en la Constitución, relaciones con Bildu, reformas judiciales) no se debaten realmente en los órganos del partido. Hay disciplina de voto absoluta, y las voces críticas han sido marginadas o silenciadas, lo que ha provocado que muchos críticos internos han abandonado la primera línea o directamente han sido expulsados del debate (Lambán, Leguina, Nicolás Redondo, Page en los márgenes, etc.).

Si, podríamos decir que Pedro Sánchez ha transformado el PSOE en un partido presidencialista de facto, con una estructura hiperliderada, donde el debate interno ha sido reducido a su mínima expresión, lo cual, para muchos socialistas históricos supone una “liquidación” del partido.

Por otro lado, nuestro señorito, después de haber perdido las últimas elecciones, vio claramente la posibilidad de seguir gobernando con partidos independentistas y con exetarras. Este tema sigue levantado bastante revuelo dentro y fuera de España, especialmente en el contexto europeo, donde se observa con atención tanto el fondo como la forma de esos pactos y, aunque la Comisión Europea ha evitado pronunciarse directamente sobre los pactos del gobierno español con partidos como Junts, ERC, Bildu o PNV, argumentando que son decisiones soberanas internas, están vigilando muy de cerca algunas medidas, como la amnistía o los cambios judiciales.

Medios como The Economist, Financial Times, Le Monde, Der Spiegel o Politico han publicado artículos señalando que Pedro Sánchez ha hecho concesiones muy polémicas para mantenerse en el poder, que pactar con partidos que cuestionan la unidad nacional o el pasado terrorista es visto como arriesgado y que el PSOE ha pasado de una postura de firmeza frente al independentismo a una de negociación política abierta, lo que ha generado dudas sobre coherencia. En resumen, a nivel de opinión pública europea y medios, hay un sentimiento creciente de que Sánchez está jugando fuerte con alianzas arriesgadas, lo que puede tener consecuencias para la estabilidad y la percepción de España como democracia consolidada.

También la Unión Europea observa con atención la evolución del déficit público español y la postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al incremento del gasto en defensa. El aumento del déficit en España ha generado inquietud en Bruselas, especialmente en un contexto donde se busca fortalecer la estabilidad fiscal en la eurozona. Aunque no se han impuesto sanciones específicas, la Comisión Europea insta a España a implementar medidas que controlen el déficit y aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo cual se ve incrementado en el contexto actual sobre la necesidad de aumentar los gastos en defensa, por la falta de compromiso y concreción, lo cual ha generado nuevas críticas tanto a nivel nacional como europeo.​

Respecto a la “calidad democrática” española, Pedro Sánchez, ha generado diversas opiniones en Europa y en el mundo, entre los que destaca el control de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado: El informe de la Fundación Hay Derecho expresa preocupación por la «estrecha relación» entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno, señalando que esta cercanía podría afectar la independencia judicial, el Tribunal Constitucional: El mismo informe destaca inquietudes sobre la vinculación política de los magistrados del Tribunal Constitucional, sugiriendo que su independencia podría estar comprometida y el  uso de decretos-leyes ( un instrumento que la Constitución establece para casos de «extraordinaria y urgente necesidad»), Pedro Sánchez ha aprobado 139 decretos-leyes durante su mandato (un decreto ley aproximadamente cada 14 días) frente a los, por ejemplo,  107 decretos-leyes  de Rajoy en sus dos mandatos, con una media de 1,4 decretos al mes.  

Y aquí lo tenemos, un presidente, que accedió al poder mediante una moción de censura, supuestamente ​para acabar con los casos de corrupción en España, está ahora siendo objeto de atención internacional debido a diversas investigaciones que involucran a su entorno cercano. La imputación de Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, el llamado «Caso Koldo», que involucra a José Luis Ábalos, David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. En resumen, las acusaciones y procesos judiciales que afectan al círculo cercano del presidente Pedro Sánchez han generado una amplia cobertura en la prensa internacional, reflejando la preocupación y el interés por la calidad democrática y la transparencia en España.​

Tampoco es mejor ​la percepción internacional sobre la «ocupación» por parte del Gobierno español de entidades como el CIS, RTVE, Indra, Telefónica y otros medios de comunicación, expresando su preocupación por lo que consideran una tendencia del Gobierno a intervenir en instituciones públicas y empresas privadas.

Ahora estamos en pleno debate sobre la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, práctica que vulnera el principio de representatividad y control del poder ejecutivo, ya que la Constitución Española, en su artículo 134.3, establece que el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Espero que la oposición recurra (una vez más) a la Justicia, ya que parece ser que éste es el único medio de meter en vereda a este autócrata.

Todo esto está afectando a nuestra calidad democrática, la cual, aunque sigue considerándose como una “democracia plena” según el Índice de Democracia de The Economist, en 2024 España se sitúa en el puesto 21, mientras que en 2010 estaba en el puesto 18, y son todos estos actos, a los que habría que añadir el intento permanente de este gobierno a controlar también el poder judicial, y los conflictos territoriales que permanentemente generan (Cataluña, País Vasco, el ataque permanente a Madrid, el ninguneo presupuestario,…) lo que está mermando nuestra calidad política.

Esto me lleva a pensar, opinión que también muchos analistas sostienen, que el gobierno de Pedro Sánchez muestra signos claros de un desplazamiento desde un modelo parlamentario más tradicional hacia un estilo de gestión más presidencialista, ya que aunque España es un sistema parlamentario, donde el Congreso tiene el control del gobierno, y el presidente depende de una mayoría parlamentaria, el estilo político y al poder de facto que acumula el presidente, no está haciendo realidad el sistema formal que votamos en nuestra democracia.

Sánchez ha tomado muchas decisiones clave de forma muy personalista, incluso sin consensos claros dentro del PSOE o del propio Gobierno (por ejemplo, la amnistía). Hay una concentración del discurso político en su persona: el «relato» del gobierno gira en torno a él, su resistencia, su visión, su supuesto liderazgo y, aunque necesita al Parlamento para gobernar, Sánchez ha optado por usar decretos-ley con frecuencia (más que otros presidentes recientes). Me produce vergüenza ver cómo se negocia mucho fuera del Parlamento, con acuerdos bilaterales con partidos como Junts, ERC o Bildu, que luego se trasladan como hechos consumados al Congreso.

Sánchez cada vez recurre más al uso de comparecencias públicas, redes sociales y medios para hablar «directamente» al ciudadano, esquivando el debate parlamentario clásico, incluso ha utilizado el concepto de “plebiscito permanente” al plantear las elecciones o medidas clave como una elección entre él o «la involución», más que sobre programas concretos.

Se plantea como una figura que resiste a los «poderes del Estado» (justicia, oposición, incluso prensa), una oratoria muy presidencialista en lugar de tender puentes institucionales, Sánchez polariza deliberadamente para reforzar su figura como garante del progreso o del «bloque progresista» con un estilo, narrativa y concentración del poder, cada vez más centrado en su figura como supuesto líder carismático, más allá de los equilibrios tradicionales de partidos, Parlamento y gobierno colegiado.

Cualquier parecido con el estilo Hitleriano es pura coincidencia, que Dios nos pille confesados.

José García Cortés

      29-3-25

Como siempre han puesto de manifiesto nuestros filósofos, las sociedades están en continua evolución. Esta situación, tiene reflejo en lo que se considera aceptable o no, dentro de un contexto social e histórico en cada momento.

Manipular los contenidos de columnas periodísticas, tertulias, tuits, o declaraciones políticas. tanto si se influye en la persona, como si no, la Real Academia Española, lo llama censura. Si además ocurre un vituperamiento público y se condena a la persona al ostracismo más perturbador, se le llama cultura de cancelación. Definitivamente, no es mas que la expresión de una ideología y de una serie de valores que una persona o grupo de personas, quieren imponer a los demás.

Todos hemos visto la condena pública que se le ha hecho a la actriz trans, Karla Sofía Gascón, por unos tuits desafortunados, publicados hace años, acerca del terrible asesinato de George Floyd, el hombre de color que murió a manos de la policía de Minnesota y que desencadenó el movimiento Black Lives Matter.

George Floyd, era ciudadano afroamericano, murió a manos del oficial Derek Chauvin que presionó su rodilla contra el cuello de Floyd cuando lo esposaba, mientras, suplicaba que no podía respirar.

Este policía y tres más, fueron condenados por asesinato, en el año 2021.

G. Floyd era drogadicto y tenía varias condenas por robo, la ultima, a mano armada. Estuvo 5 años en la cárcel detenido por estos hechos. Finalmente, parece que había rehecho su vida y se encontraba trabajando, alejado de su etapa anterior.

La actriz, publicó unos tuits irónicos coincidiendo con estos acontecimientos, llamándole ¨drogata y estafador ¨. Esta situación fue olvidada y sin trascendencia, hasta que la escritora Sarah Hagi en la mañana del miércoles, previo a los premios Goya, los publicó, ya que no fueron borrados.

De nada le sirvió a Karla pedir perdón varias veces, afligida y lamentando sus funestos twitter. El aparato frenético que promueve la cultura de la cancelación se había puesto en marcha; ha sido vituperada, maldecida, tachada de xenófoba, intolerante y racista. Sin importar a nadie que pueda terminar en vesania.  Su carrera ha terminado. Tan desmedida ha sido la reacción, que hasta Pedro Sánchez ha salido en su defensa: ¨ En momentos con discursos tan preocupantes, hay que defender el respeto, la tolerancia y la diversidad ¨.

Esta nueva forma de llamar a la censura actualmente, y promovido de forma icónica por la nueva izquierda de los países occidentales, tiene unas consecuencias extremas y desmedidas para sus protagonistas, impropio de una democracia. Sin embargo, cuando sus twist o grupos teatrales protagonizan actuaciones contra de la iglesia católica, la derecha o el Rey, adornado por banderas republicanas, independentistas y anarquistas, como hemos visto en televisión; lo ven como libertad de expresión. Recordemos cuando los actos que representaban, ¨La hermandad de la santa pedofilia¨, la hermandad del santísimo coño ¨, etc. eran bien vistas y apoyados por algunos de nuestros políticos y actores. No digamos los actos de la quema de la bandera española o asesinato del Rey.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: ¨Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión ¨.

La censura, la humillación y la condena, no se contempla. Numerosos actores y escritores han firmado un documento en contra de esta nueva censura: M. Vargas Llosa, F. Savater, A. Cortina, C. Posadas, etc. Dicen que la cultura es emancipadora y la censura, por bienintencionada que quiera presentarse, es contraproducente. Imagino que muchos, no lo lo entienden de la misma manera ni en el mismo contexto.

La censura se ha hecho siempre, recordemos a la que fue sometido Sócrates ( 339 a. de C.) supuestamente, por pervertir a los jóvenes y alejarlos de los dioses. Se le condenó incluso a muerte por ello. Recuerdo la censura franquista cuando periodistas, escritores y actores eran censurados. Así le ocurrió a la obra universal de E. Hemingway, ¨ Por quien doblan las campanas ¨ (1943), por nombrar a un escritor enamorado de España, también G. Orwell, o Allan Poe, por nombrar a algunos no españoles. En nuestro País, C. José Cela, A.M. Matute, V. Blasco Ibáñez y tantos otros. Ninguno fue perseguido o condenado por su forma de pensar o escribir. No tuvo consecuencias sobre sus carreras profesionales, al contrario, todo el mundo deseaba ver su obras y en estado original. Quizás el Rector de la Universidad de Salamanca, M de Unamuno, lo pasó algo peor después de enfrentarse al corazón del régimen en el Rectorado.

A. Gala en una entrevista en el año 1991 predijo que en los próximos años, la población y en especial la juventud, no leerá, por lo que no tendrán criterio. Le obligarán a pensar según interese al Gobierno de turno. No hay mas que leer los resultados de las ultimas encuestas referente a D. Trump que se han hecho en todos los grupos políticos; La juventud es la que más apoya su elección. La inteligencia natural será sustituida por inteligencia artificial, difundida por los nuevos políticos.

La llamada cultura de la cancelación ha sido inyectada en las mentes de la nueva izquierda. El que no la cumpla, será denostado a perpetuidad. Me estoy acordando de un actor asturiano que me encantaba, una persona hecha a sí mismo, con un gran sentido del humor que nos hizo pasar ratos muy agradables. Se trata de Arturo Fernández (1929 – 2019). A las chicas, les llamaba  ¨ chatinas ¨ y, sobre el régimen franquista decía: ¨La gente era feliz, había música, incluso bailaban por las calles ¨. Quedaría asombrado del vocifero colérico y constante de esta izquierda intolerante. Me han preocupado las palabras de A. Pérez Reverte cuando le han preguntado por este novedoso modo de censura. Ha dicho que a su edad actual, seguirá haciendo y diciendo lo que crea conveniente. Otra cosa sería tener ahora 21 años.

Manuel Lozano Molina

11-3-25

Hoy me acojo al artículo 1 del blog politicamenteincorrecto.info para ser eso, políticamente incorrecto.

Las recientes declaraciones de TRUMP sobre Palestina me han invitado a releer el libro de mi buen amigo Gonzalo Terreros, “Conflictos Internacionales” (I), en el que hace un análisis cabal y ameno sobre el conflicto más antiguo de cuantos han surgido en la Edad Moderna y en el que se mezclan razones geoestratégicas, étnicas, culturales y también poderosas razones religiosas. Me he permitido la licencia de beber de sus grandes conocimientos en la materia.

Lo cierto es que Palestina nunca ha sido un estado, ya que siempre, a lo largo de la historia ha estado bajo el dominio o tutela de otros (asirios, persas, babilonios, helenos, romanos, árabes, cristianos, otomanos o británicos).

En 1917, con la Declaración Balfour, el Imperio Británico expresó su apoyo a la creación de un «hogar nacional judío» en Palestina, lo que generó tensiones con la población árabe local y tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el Mandato sobre Palestina (1920-1948).

La inmigración judía durante las décadas de 1920 y 1930 aumentó debido a la persecución en Europa, lo que exacerbó el conflicto con la población árabe y en 1948, tras la retirada británica, Israel declaró su independencia lo que provocó la Primera Guerra Árabe-israelí, en la que Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron el territorio. Desde entonces, los enfrentamientos han sido permanentes.

Además de los arraigados sentimientos religiosos, hay un factor determinante en el mantenimiento de los permanente conflictos que se han mantenido desde entonces, y es el surgimiento durante los años 70 y 80 de movimientos palestinos como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP y que hoy opera como el principal organismo político y diplomático que representa a Palestina en la arena internacional) y posteriormente Hamás, que buscaban la creación de un Estado Palestino y que es, en la que quiero centrar mi atención.

Personalmente encuentro ciertos  paralelismos entre la creación de ETA en España y Hamás en Palestina (aunque obviamente hay diferencias temporales y evolución), ya que ambas aparecieron en periodos de conflicto con el estado central (dictadura franquista en el caso de ETA  y la ocupación israelí en el caso de Hamás), ambas emplearon tácticas de terrorismo y violencia con el objetivo de alcanzar sus metas políticas y ambas han recibido financiación externa para sostener sus actividades (ETA, además de los robos y extorsiones recibió respaldo de Gadafi y de grupos de América Latina, y en el caso de Hamás, de Irán, Catar y Turquía).

La gran diferencia es que ETA fue perdiendo el apoyo social con el tiempo y sin embargo Hamás lo mantiene, fundamentalmente a través del terror sobre la población civil, por lo que sigue siendo una fuerza militar y política con un papel central en el conflicto de Gaza.

Hamás ha sido designado como organización terrorista por múltiples países y entidades internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Israel y Japón, entre otros, han incluido a Hamás en sus listas de organizaciones terroristas. Esta designación se debe a las actividades violentas y ataques contra civiles que ha llevado a cabo desde su fundación en 1987. Además, Hamás ha sido responsable de numerosos atentados suicidas y lanzamientos de cohetes y crímenes contra Israel.

Hamás, en su ideología y documentos fundacionales expresa la intención de eliminar al Estado de Israel y rechazan las soluciones pacíficas y se enfatiza la yihad como el único camino, considerando las iniciativas, propuestas y las conferencias internacionales como una pérdida de tiempo y un ejercicio inútil.

Hamás ejerce un control férreo en la Franja de Gaza, lo que ha contribuido a la perpetuación del conflicto y a un sufrimiento prolongado para la población civil. La utilización de infraestructuras civiles con fines militares, la represión política y la falta de elecciones democráticas en los últimos años han limitado significativamente el desarrollo de la sociedad palestina. Además, una gran parte de la ingente ayuda internacional que se destina a la población palestina termina en manos de Hamás, que la redirige para la adquisición de armas y la planificación de atentados en lugar de emplearla en la reconstrucción y el bienestar de su pueblo.

Muchos medios han salido en tromba diciendo que el plan de Trump, refiriéndose a “dejar limpio ese lugar”, es una violación flagrante del derecho internacional, pero todavía no he escuchado ninguna manifestación que claramente apoye hacer todo lo necesario para terminar con Hamás, con su terrorismo y con el miedo y el sufrimiento al que están sometiendo a la población civil Palestina.

Creo que cuando hablamos de Palestina, tendríamos que diferenciar entre los civiles y la organización terrorista, ya que el “pueblo” se enfrenta a enormes dificultades para su supervivencia y desarrollo mientras Hamás siga operando en Gaza.

No tengo palabras para describir la devastación que está llevando a cabo Israel sobre Palestina con el objetivo de acabar con Hamás. Sinceramente no sé si hay otra forma, pero, desde un punto de vista estratégico, la eliminación de Hamás podría abrir la puerta a nuevas oportunidades para la población palestina, permitiendo la instauración de un liderazgo más pragmático que busque la estabilidad, el desarrollo económico y una negociación seria para una solución pacífica. Sin embargo, esta no es una tarea sencilla, ni garantiza automáticamente la paz. Para lograr un cambio real, la comunidad internacional debería trabajar en conjunto para fomentar un gobierno palestino legítimo que represente verdaderamente a su pueblo y busque una convivencia pacífica con Israel.

La historia ha demostrado que los conflictos prolongados rara vez se resuelven solo con la eliminación de un grupo insurgente y, coincido con mi amigo Gonzalo, en que se requiere un plan integral que incluya reconstrucción, inversión económica y estabilidad política.

Si la eliminación de Hamás es un paso en esa dirección, entonces bienvenida sea cualquier iniciativa que vaya acompañada de esfuerzos significativos para garantizar que el pueblo palestino no quede atrapado en un vacío de liderazgo y violencia, sino que pueda aspirar a un futuro con derechos, seguridad y oportunidades.

Para ello, es fundamental que la comunidad internacional no se quede en la superficie del problema y refuerce los mecanismos de control sobre la ayuda humanitaria y financiera destinada a Palestina, asegurando que los fondos lleguen realmente a la población civil y no sean desviados para fines bélicos por parte de Hamás.

José García Cortés

      8-2-25

El presidente del Gobierno se jacta de que la economía española ya no va como una «moto», sino «como un cohete».

A mí me recuerda aquellos compañeros del banco que nunca cumplían sus objetivos, pero cuando, por casualidad lo hacían, aireaban su exiguo éxito por todos los rincones.

Pero claro, puede ser que uno esté equivocado y por eso me he puesto a revisar algunos indicadores de ese cohete y lo que me encuentro es lo siguiente:

• La renta per cápita, que mide el promedio de ingresos por persona en un país, España está en 25.620 euros, situándose en la posición 14 entre los 27 países de la UE. Este valor es inferior al promedio de la UE, que se sitúa en 28.930 euros, y al de la zona euro, con 31.750 euros.

Aunque hay que reconocer que España ha mostrado signos de recuperación económica en los últimos años, la renta per cápita aún no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia y permanece por debajo de la media de la UE y, la diferencia respecto a ésta se ha incrementado en los últimos siete años.  

• La productividad laboral, que mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos humanos para generar producción, también ha crecido a un ritmo más lento que en la UE en los últimos siete años, lo que ha ampliado la brecha con los países más productivos. Vaya por Dios. Ya son dos los indicadores del cohete que nos manifiestan que parece que hay poco gas. Pero sigamos.

• La deuda pública, que mide el total de las obligaciones financieras que un Estado ha contraído y aún no ha pagado, resulta que, Aunque España ha logrado reducir su deuda pública desde el pico alcanzado en 2020, aún se mantiene un 24% por encima de la media de la UE.  Sr. presidente, ya son tres indicadores.

• Si miramos el esfuerzo fiscal (que no la presión fiscal como se empeñan nuestros gobernantes), mide la carga tributaria relativa que soportan los contribuyentes, considerando tanto la presión fiscal (impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB) como la renta per cápita de un país. Este indicador, que ofrece una perspectiva más precisa de la carga impositiva en relación con la capacidad económica de los ciudadanos resulta que en los últimos años, los contribuyentes españoles enfrentan un esfuerzo fiscal superior al promedio de la Unión Europea. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el esfuerzo fiscal en España supera en un 17% la media de la UE y en un 16,3% la de la OCDE. Hemos pasado de superar en 9 puntos a la media europea en 2019 a 17 puntos en 2023.  Y ya van cuatro.

• Si miramos la tasa AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion), que es el indicador estándar utilizado en la Unión Europea para medir el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, resulta que la evolución de esta tasa en España en comparación con la media de la UE en los últimos siete años, también estamos bastante por encima de Europa, situándose hasta el 26,5%, afectando a aproximadamente 12,7 millones de personas, con importantes  disparidades económicas y sociales a nivel regional donde la prevalencia de empleos temporales y de baja remuneración hace que incluso una parte de la población ocupada se encuentre en riesgo de pobreza.

Sangran las cifras de incremento en comedores sociales que aporta Caritas Española, donde además del crecimiento en el número de usuarios, se ha detectado un cambio en el perfil de las personas que acuden a los comedores sociales. Anteriormente, la mayoría eran personas sin hogar o en situación de exclusión social crónica. Actualmente, se observa un aumento de trabajadores con empleos precarios, jóvenes y familias que, pese a tener ingresos, no logran cubrir sus necesidades básicas debido al encarecimiento de la vida y la insuficiencia salarial. Y son cinco.

• Si hablamos del salario medio, vemos que en España durante los últimos siete años aunque muestra una tendencia al alza, persiste una brecha significativa en comparación con la media de la Unión Europea, con una diferencia del 20,9% a favor de ésta última. Y tenemos seis sr. presidente.

• En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), que mide los niveles de confianza de los inversores extranjeros en España , vemos que en 2023 se registró una disminución del 18,5% , situándose en 28.215 millones de euros y, según datos del primer semestre de 2024, la tendencia sugiere una posible nueva disminución  en comparación con años anteriores. Ya son siete.

• Si estudiamos los datos del desempleo, cosa harto difícil después de las manipulaciones que han hecho con los fijos discontinuos, los demandantes de empleo y otras maniobras para ocultar la realidad laboral en nuestro país, vemos que la cifra media de desempleados en España se sitúa en el 14,6% mientras que la media de la U.E. es del 6,7%, es decir, más del doble, consolidándose como el país con mayor nivel de desempleo en la Zona euro. Ocho, sr. presidente.

• Si hablamos de viviendas sociales, un auténtico problema en nuestro país, una vez más vemos la diferencia entre las promesas y las realidades. Quiero recordar que prometió la construcción de 184.000 viviendas. Pues bien, en España las viviendas sociales representan aproximadamente el 2,5% del total de viviendas principales en el país (algo más que Rumanía), mientras que en la U.E. la media de vivienda social en la UE es significativamente superior, situándose en torno al 9,3% del total de viviendas principales.

España necesita 1,5 millones de viviendas de alquiler social para equipararse a Europa, pero no parecen que estén muy ocupados en ello. Nueve.

• Y como ya estoy aburrido, quiero terminar con los Fondos Next Generation, que representan una oportunidad histórica para la modernización y recuperación económica de nuestro país, con una dotación de 140.000 millones, que desgraciadamente no se están aprovechando adecuadamente, no solo por las dificultades administrativas y de gestión que ralentizan la ejecución completa de los fondos, sino que, además, la falta de transparencia (denunciada en diversas ocasiones por la U.E. y Banco de España), sino que los fondos que se asignan se destinan a sectores tradicionales, dejando margen de mejora en innovación disruptiva, lo cual no solo repercute en nuestra economía, sino que también influirá en nuestra posición dentro de la UE como un país capaz de modernizarse y liderar iniciativas clave para el futuro del bloque. Y diez.

No, sr. presidente, la economía española no va como un cohete, aunque se esfuercen en maquillar cifras y sacar pecho por una gestión que no es tal, hay mucha más potencia en cualquier petardo valenciano que en nuestras cifras.

Que Dios nos pille confesados como no se marche pronto.

José García Cortés

        9-1-25

La historia de España está marcada por episodios de valentía colectiva donde el pueblo, enfrentado a situaciones adversas, ha demostrado una fortaleza y resiliencia notables.

Me gustaría fijarme en dos momentos, separados por siglos que ejemplifican este espíritu inquebrantable: la sublevación de los españoles contra la invasión napoleónica en 1808 y la movilización popular para afrontar los efectos devastadores de la DANA en Valencia en 2023. Aunque diferentes en contexto y amenaza, ambos momentos reflejan la capacidad del pueblo español de unirse y luchar con los medios a su alcance para proteger a su comunidad.

El 2 de mayo de 1808, un pueblo armado de coraje, generó en Madrid una revuelta espontánea contra la ocupación francesa. Los ciudadanos, hartos de la intervención de Napoleón en los asuntos internos de España y del secuestro de la familia real, tomaron las armas.

Sin una organización militar adecuada y sin apenas armas, hombres y mujeres lucharon con lo que tenían a mano: palos, cuchillos, piedras, y cualquier objeto que pudiera servirles como arma. Aquella revuelta se propagó rápidamente, y la resistencia popular se extendió por toda España.

Lo extraordinario de este levantamiento fue el papel de los ciudadanos comunes, de todas las edades y profesiones, quienes enfrentaron al ejército más poderoso de Europa en una lucha desigual. La gesta del 2 de mayo fue el primer acto de una Guerra de Independencia que, a pesar de sus penurias, consolidó un sentimiento nacional. Aquellos héroes anónimos, sin entrenamiento militar ni protección, se lanzaron a las calles impulsados por el coraje y el sentido de identidad, uniendo al país en torno a la resistencia.

En la catástrofe de Valencia, vuelve a surgir de nuevo el espíritu de solidaridad del pueblo español. Voluntarios de todas las edades y orígenes acuden desde el primer momento para ayudar en la evacuación, retirar escombros y asistir a sus vecinos en la reconstrucción de sus hogares y cientos de miles de ciudadanos de otras localidades ayudan enviando víveres y todo tipo de bienes para cubrir las necesidades básicas.

Esta respuesta espontánea y colectiva está mostrando, una vez más, el compromiso de la gente con su comunidad, el mismo que impulsó a los madrileños de 1808 a levantarse contra las tropas napoleónicas.

La sublevación contra Napoleón y la movilización en Valencia tienen un denominador común: la disposición del pueblo español a unirse y enfrentar la adversidad con lo que tiene a mano. En ambos casos, la fuerza motriz fue el sentido de comunidad y el coraje frente a lo inevitable, sin esperar a que una entidad superior solucionara sus problemas. En 1808, esta lucha fue una defensa de la identidad y la independencia; ahora una muestra de resiliencia ante un desastre natural, en la que ciudadanos, al igual que antaño, han decidido actuar sin demora.

A lo largo de nuestra historia, España ha mostrado su capacidad para mantenerse unida en los momentos más oscuros, desde las batallas por la independencia hasta las tragedias naturales. En un mundo que cambia y avanza rápidamente, este espíritu de solidaridad y esfuerzo compartido sigue siendo un elemento esencial de la identidad española, un legado que continúa en las nuevas generaciones.

Qué pena que, también a lo largo de nuestra historia, los políticos no estén a la altura de los ciudadanos. Es un problema endémico de nuestro país.

Yo empiezo a pensar que nuestros políticos no son españoles, porque no tienen ni la mitad de huevos que el resto.

José García Cortés

        8-11-24

Lo ocurrido en varias localidades de la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, es terrible. Es desolador ver cuantas personas que han fallecido ahogadas, arrastradas por el barro. Y aun serán más. No hay palabras que describan lo que el pueblo está viviendo en las zonas devastadas por la tormenta.

En los numerosos reportajes que todos vemos, aparecen mapas de la zona más dañada. Este desastre ha afectado a barrancos (Pedralba, Paiporta, Chiva…), que recogen pluviales de zonas clásicamente identificadas como lluviosas, anegando aguas abajo lo que los expertos llaman “zonas inundables”. 

Las localidades de Paiporta., Benetuser Alfafar, Masanasa, Sedavi, Catarroja entre otras, que han quedado arrasadas. He mirado aguas arriba como es el barranco o Rambla del Poyo. Estas localidades son zonas densamente pobladas y que están rodeadas de edificaciones y polígonos industriales.

Está claro que la rotulación urbana para planificar y construir en estas zonas tuvo que realizarse con plan urbanístico y diseño de infraestructuras que respondiera al objetivo de crear zonas habitadas segura e idóneas (respondiendo a los requisitos previstos al efecto).

Aun así, observando el mapa puede concluirse que las pendientes son importantes y revisando la literatura al respecto, se afirma que cada 5 años ocurren inundaciones de diversa índole en distintos sectores de la Comunidad Autónoma de Valencia.

Las víctimas de esta terrible tormenta superan los 215. Y los desaparecidos son más de 100. Las causas, como ocurre siempre, son varias y confluyen de manera sumatoria. Puede enumerarse, entre otras:

• Sistema de alerta técnicamente viable, pero no llega a la población.
• Aparente carencia de protocolos de actuación en emergencia.
• Carencia de zonas de encuentro y refugio.
• Población no formada ni entrenada en la respuesta a la emergencia. 

Según consta en importantes estudios sobre las cuencas existentes en la Comunidad Valenciana, están descritos en detalle los barrancos y riesgos de las riadas para las poblaciones existentes.  Los expertos proponen controlar mediante presas y obras de ingeniería en los barrancos para laminar caudales, reduciendo la fuerza del agua en caso de grandes tormentas. En el caso de la zona destruida por la riada deciente, se propuso la construcción de una presa en Cheste.

Leo en la página del ministerio de transportes del Gobierno de España una nota informativa de 3 de julio de 2004 .

 La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos del Pozalet, la Saleta y el Poyo Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas. El Gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de una presa en Cheste. Se prevén actuaciones, además, en los barrancos de la Saleta, el Pozalet y la rambla del Poyo. L. NADAL/VALENCIA Publicidad Más noticias La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentó ayer a 16 ayuntamientos y grupos ecologistas el plan contra avenidas de la cuenca de la rambla del Poyo. La comarca de l’Horta sud ha sido históricamente una de las más castigadas por las grandes inundaciones en temporadas de gota fría. Poblaciones enteras han visto año tras año como el agua del barranco del Poyo se ha desbordado llegando a anegar bajos, viviendas y causar serios desperfectos en vehículos e inmuebles. 

Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Cheste, Xirivella, Godelleta, Massanassa, Paiporta, Picanya, Ribarroja, Torrent, Quart de Poblet, Loriguilla, Mislata y y Valencia son las zonas con mayor riesgo de inundación en las que se aplicará el plan contra riadas. 

La primera de las actuaciones es la creación de una presa en Cheste. La propuesta, que posteriormente deberá plasmarse en un proyecto, regularía los caudales procedentes de la cuenca alta de los barrancos del Poyo y del Pozalet aguas arriba de esta población.

La presidenta de la mancomunidad de l’ Horta Sud, Empar Navarro, destacó ayer que el proyecto “dará una solución global respetando las realidades locales y preserva el parque natural de la Albufera de aterramientos”. Navarro se mostró satisfecha ya que, según dijo, “han pasado más de nueve años para aprobar el proyecto”. También el primer teniente de alcalde de Cheste, Antonio Montaner, manifestó su satisfacción por la construcción de la presa. “Además de solucionar las riadas podremos aprovechar el agua embalsada”

En 2004 se canceló el plan hidrológico nacional que había aprobado el gobierno de Aznar. El Gobierno de J:L Rodríguez Zapatero recibió presiones e informes negativos de los movimientos ecologistas respecto al impacto ambiental de la construcción de presas.  El presupuesto de la presa de Cheste superaba los 200 millones de euros, pero era posible recabar apoyo presupuestario de la Unión Europea, (se consideraba justificado el gasto previsto para el Plan Hidrológico Nacional aprobado por Gobierno de España) Se estimaba que en el continente europeo eran previsibles grandes tormentas debidas al cambio climático. Peor se canceló el proyecto.

El pensamiento ecologista, que muchos de nosotros compartimos, defiende el respeto a las reglas y orden naturales. Sin embargo, no sabemos si los estudios ecologistas realizados en décadas anteriores, son aplicables al entorno climático actual. De hecho, su propuesta de demolición de 15 presas en el territorio nacional debería revisarse.

Leo en un informe de “Ecologistas en Acción” del año 2018:

En el plano medioambiental, las presas hidráulicas son «perjudiciales desde las primeras etapas de su construcción» debido a los grandes movimientos de tierra, apertura de caminos y otras intervenciones sobre el paisaje, hasta la misma puesta en activo de las instalaciones.

Es entonces cuando se produce una alteración de las «condiciones físicas, químicas y biológicas» del medio que pueden llegar hasta los tramos medio o bajo del río, lo que termina afectando a sus niveles de biodiversidad y régimen de sedimentación.

A este respecto podemos concluir que la acción humana está dañando ecosistemas y destruyendo zonas clave del entorno natural. Aun asi, es imprescindible:

• decidir si mantenemos viable la existencia de poblaciones en zonas inundables o si se abandonan, trasladando la población a zonas más seguras
• paliar el daño que los fenómenos naturales van a imponer a zonas en riesgo, construyendo lo que sea necesario a este efecto.
• Asumir que está en marcha un nuevo escenario climático, con fenómenos de intensidad creciente y cada vez mas frecuentes. No sirven las estadísticas sobre inundaciones previas.  

Si consideramos muy alto el coste en inversiones, observemos los costes de lo que esta suponiendo las actuaciones en la Comunidad Valenciana. (Las pérdidas de vidas humanas son incuantificables).

Como propuestas:

• Revisar la distribución geográfica de la población de manera que se identifiquen y clasifiquen sectores según su riesgo.
• Dada la evidencia de la amenaza de nuevas e intensas tormentas, reconsiderar los proyectos de ingeniería que contribuyan a reducir las consecuencias de lo que está por venir.
• Cuando el riesgo sea extremo, será necesaria una inversión con presupuestos extraordinarios de manera que bien se traslade la población o bien se ejecuten obras que reduzcan ese riesgo (eliminarlo no será posible)
• Asumir que los patrones de evolución de lluvias, vientos y en general, fenómenos naturales, serán completamente distintos a los de los últimos 200 años.
• Informar y formar a la población sobre las actuaciones a seguir en caso de emergencia.
• Mejorar los sistemas de notificación sobre alertas de manera que lleguen a las poblaciones afectadas.
• Elaborar protocolos de actuación de respuesta a la emergencia, diseñando lugares seguros construidos al efecto (seguridad sísmica, continuidad y autonomía en energía y agua) que sean refugio para la población afectada.

Raúl Ramos de la Plaza

           6-11-24

Ayer hablaba de mi dolor por el hecho de que nuestro gobierno no hubiera desplazado “inmediatamente” todos los recursos necesarios para mitigar el desastre que hemos sufrido con la última DANA.

Es evidente que no podemos controlar los agentes atmosféricos, pero sí que está en nuestra mano anticipamos en todo lo posible para minimizar en todo lo posible sus efectos.

En este sentido, me gustaría reflexionar sobre la incompetencia de este gobierno, mal llamado “progresista”, encabezado por el PSOE en alianza con otros partidos de izquierda, como Podemos y otras fuerzas regionales de izquierda, que han abanderado, entre otras ideas, la Sostenibilidad y Cambio Climático.

¿hay alguien que esté en contra de mejorar nuestro medio ambiente? El problema surge cuando el dogmatismo ideológico y la incompetencia de los chorizos y enchufados que ponen al frente de las diferentes responsabilidades, amparados en la bandera de las políticas verdes, y que nunca han pisado el campo, se dedican a legislar de forma sectaria.   

En nombre de la conservación medioambiental, las políticas y prácticas de nuestros queridos “verdes” impiden o limitan la limpieza regular de cauces de ríos y montes en España, lo que genera riesgos serios, especialmente en zonas propensas a fenómenos meteorológicos extremos.

Esta “ecología mal entendida” tiene, año tras año, consecuencias devastadoras: acumulación de maleza, ramas muertas, y escombros en ríos y bosques que, lejos de proteger el entorno, aumentan la probabilidad de inundaciones en épocas de fuertes lluvias y favorecen los incendios forestales durante el verano.

En los cauces de ríos, la acumulación de vegetación y desechos obstaculiza el flujo de agua, aumentando la posibilidad de desbordamientos cuando ocurren lluvias intensas. Esta falta de mantenimiento es particularmente peligrosa en áreas urbanizadas cercanas a ríos o arroyos, donde las crecidas pueden afectan gravemente a comunidades enteras.

En los montes, la acumulación de vegetación seca y ramas muertas crea una cantidad importante de combustible que eleva considerablemente el riesgo y la intensidad de los incendios forestales. Sin una gestión forestal adecuada, la propagación de un incendio se vuelve mucho más rápida y difícil de controlar, lo que pone en peligro tanto a la fauna y flora local como a las poblaciones cercanas

En España, la limpieza de cauces de arroyos y el uso de ganado para la limpieza de montes, actividades que antiguamente formaban parte de la gestión rural y la prevención de incendios, están sujetas a estrictas normativas y, en la mayoría de los casos, prohibiciones. Aunque estas prácticas eran comunes y efectivas para mantener el equilibrio en áreas rurales, la legislación, en gran parte inspiradas en normativas de la Unión Europea (que también tiene tela estos burócratas de Bruselas), buscan implementar un enfoque de “no intervención” en muchos espacios naturales. Esto incluye ríos y montes, con el objetivo de permitir que los ecosistemas se mantengan lo más intactos posible. Estas directrices suponen que la intervención humana debe ser mínima y solo en casos estrictamente necesarios.

El «exceso de ecologismo mal entendido» en España suele surgir en el debate sobre ciertas políticas ambientales que, generalmente por parte de personas urbanas, que, en el fondo, limitan la gestión sostenible y preventiva de los entornos naturales.

Todos los puñeteros años tenemos un exceso de incendios por la acumulación de vegetación seca en bosques y las restricciones de la limpieza de cauces fluviales o la limpieza manual de riberas provocan situaciones como la que estamos viviendo.

Espero que los responsables de esa visión de un ecologismo más restrictivo, que tiene como objetivo proteger la biodiversidad a toda costa, con ausencia total de falta de una gestión más pragmática de los ecosistemas, estén viendo las imágenes del drama que se está viviendo en Valencia. Pero claro, eso sería esperar que sean responsables en primer lugar y que además tengan dos dedos de frente para pensar en las consecuencias de sus actuaciones.

En un país en el que la sequía es creciente, estos descerebrados que nos gobiernan, han conseguido que España esté liderado en Europa la demolición de presas y barreras fluviales como parte de un “esfuerzo medioambiental” para restaurar ecosistemas fluviales y mejorar la biodiversidad. Durante el año 2021, España eliminó 108 barreras fluviales, casi la mitad de las 239 estructuras desmanteladas en toda Europa (que por cierto tienen bastante más agua que nosotros). Eso sí, se les llena la boca de decir que están mejorando la migración de los peces.

Qué pena que todos los agricultores, ganaderos y todos los que estamos a pie de campo no pensemos lo mismo. Supongo que estamos equivocados.

Si mi abuelo levantara la cabeza…..

José García Cortés

     2-11-24

En los últimos días las lluvias torrenciales han provocado innumerables fallecimientos, pérdida de viviendas, cortes de electricidad y desplazamiento de personas.

Las imágenes de calles convertidas en ríos, de personas rescatadas de tejados y de bienes arrastrados por el agua se han multiplicado y se me abren las carnes al ver tanto sufrimiento sin que haya habido una respuesta rápida de todos los recursos del Estado, incluyendo la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas.

Ante desastres como el ocurrido en Valencia, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, y el resto de las tropas armadas, que disponen de grandes camiones, personas entrenadas, helicópteros y el resto de los medios necesarios para la ayuda es fundamental, por lo que resulta desconcertante que la respuesta no haya sido tan rápida como la situación demandaba.

Está claro que uno de los motivos por lo que ha sucedido (igual que en el COVID) es, a mi juicio, la burocracia y la coordinación institucional entre los niveles de gobierno y las Comunidades Autónomas, que complica la activación de protocolos de emergencia. La intervención militar en estos casos no ocurre de manera automática, requiere que las autoridades locales o regionales soliciten asistencia específica y que, a su vez, el gobierno central apruebe y coordine la movilización de las Fuerzas Armadas. Este proceso, que debería ser rápido y ágil, a menudo se ve obstaculizado por trámites burocráticos que alargan los tiempos de respuesta.

La demora en la intervención del ejército en Valencia ha tenido consecuencias palpables para la población afectada. Cada minuto cuenta cuando se trata de rescatar a personas atrapadas, de proporcionar refugio seguro y de restablecer servicios básicos, y no lo ha sido, provocando, además de algunas muertes que se podrían haber evitado, una profunda sensación de abandono y desamparo al ver que la ayuda no llegaba cuando más la necesitaban.

Una catástrofe como esta genera una gran frustración, por supuesto, en los afectados directos y también en el resto de la población y, una vez más hemos visto como nuestro Gobierno decidió no suspender una votación sobre la reorganización de RTVE en el Parlamento español, en lugar de priorizar acciones directas de ayuda o de coordinación para la emergencia en Valencia.

Esto nos deja de manifiesto que nuestro gobierno está desconectado de las urgencias reales de la ciudadanía, y muestra palmariamente su egoísmo y la falta de sensibilidad hacia la situación de emergencia climática de esta magnitud.

Parece mentira que el Parlamento, como órgano representante de los ciudadanos, no responda y atienda las necesidades más inmediatas de la población en situaciones de desastre y atienda con mayor urgencia sus sectarias necesidades del reparto de un botín.

La descoordinación en la respuesta al desastre de la DANA en Valencia es, sin duda, un tema que debería abrir un debate serio sobre la organización de competencias en seguridad civil y emergencia en España.

La experiencia del COVID-19 ya puso de manifiesto muchas de las dificultades de nuestro sistema en situaciones de crisis: competencias divididas entre comunidades autónomas y el Estado, falta de protocolos claros de cooperación, y una alta rigidez administrativa que en momentos de urgencia se traduce en demoras y, en última instancia, en perjuicios para los ciudadanos.

Estoy convencido de que la existencia de las Comunidades Autónomas no es mala, pero el exagerado nivel de descentralización en temas de materia civil y sanitario solo hace que duplicar o triplicar gastos y medios sin que la ciudadanía tenga por ello una mejor respuesta.

En lugar de depender de una solicitud y respuesta escalonada entre gobiernos regionales y nacionales, una autoridad centralizada podría activar protocolos y movilizar recursos sin la complejidad de los trámites burocráticos intergubernamentales. El tener un mando centralizado permite no solo coordinar a los equipos locales, regionales y nacionales de manera más eficiente, sino también distribuir recursos en función de las necesidades de cada situación y territorio, evitando duplicidades o conflictos de competencias.

Durante la pandemia de COVID-19, el sistema descentralizado mostró sus limitaciones. La diversidad de criterios entre comunidades autónomas y el Estado generó a menudo confusión y descoordinación, afectando la eficacia de las políticas sanitarias y causando uno de los mayores niveles de fallecimiento del mundo en función de nuestro nivel de población.  

De estas experiencias debería surgir una lección clara: en crisis de gran escala, es vital contar con un mando unificado que pueda tomar decisiones rápidas y coherentes. La coordinación se convierte en una necesidad apremiante, y la dispersión de competencias a menudo puede resultar en una respuesta fragmentada.

Soy consciente de que la cuestión no es sencilla, pero es indudable que el sistema actual debe evolucionar para garantizar que la seguridad y la ayuda lleguen a los ciudadanos con rapidez y eficacia. Y hoy, que es el día de todos los difuntos, desde la indignación que esta situación me produce, me hago la siguiente pregunta: ¿cuántos muertos más nos debe costar esto?

José García Cortés

    1-11-24

reciente polémica en España sobre la enmienda que permitirá a los presos de ETA descontar de sus condenas en el país el tiempo que ya cumplieron en el extranjero ha despertado fuertes debates en el panorama político y social.

Más allá del contenido específico de la enmienda, lo que ha quedado al descubierto es una cuestión mucho más profunda: la necesidad de que quienes ocupan cargos de responsabilidad hagan bien su trabajo, ya sea en el ámbito político, profesional o en cualquier sector de la sociedad.

Este episodio nos recuerda cuán frágil es la confianza pública y cuán devastador puede ser el impacto de errores o negligencias en las estructuras fundamentales de una democracia.

Los políticos, en el gobierno o en la oposición,  tienen la enorme responsabilidad de guiar el rumbo de una nación, velando por el bienestar de sus ciudadanos y la justicia social.

Para ello, es imperativo que estén informados, actúen con diligencia y hagan todo lo posible para tomar decisiones fundamentadas. En el caso de la enmienda relacionada con los presos de ETA, la controversia no solo radica en el contenido del cambio legislativo, sino en el hecho de que fue aprobada sin que ciertos sectores de la oposición se dieran cuenta de su alcance o impacto.

¿Cómo es posible que una medida de tal calado pase inadvertida? Este tipo de errores ya sea por distracción, falta de preparación o negligencia, pone en tela de juicio la eficacia del sistema político.

Los ciudadanos confían en que sus representantes, independientemente del partido al que pertenezcan, analicen con detalle las propuestas y decisiones que se toman en el Parlamento. No hacerlo compromete el bienestar de la nación, pues una decisión mal ejecutada o una ley mal redactada puede tener consecuencias a largo plazo.

La responsabilidad política no es un lujo ni una elección: es una obligación. En una democracia sana, los errores de este calibre no deben repetirse, y los responsables deben rendir cuentas. No se trata solo de ideología, sino de gobernar bien, de asegurar que los procesos legislativos se llevan a cabo con la seriedad y rigor que merecen.

No obstante, esta idea de responsabilidad no se limita al ámbito político. La misma lógica aplica a cualquier profesional que desempeñe un rol en la sociedad. Imaginemos un cirujano que no se prepara adecuadamente antes de una operación. El impacto de su falta de rigor no solo recae en él, sino en la vida de sus pacientes.

De igual manera, un profesor que no cumple con su deber de educar bien a sus alumnos está socavando el futuro de la sociedad al no formar adecuadamente a las nuevas generaciones. Cada trabajo, por insignificante que pueda parecer, tiene un impacto más amplio en la sociedad.

Cuando un arquitecto, un ingeniero, o incluso un transportista cumple con su labor de manera deficiente, no solo se compromete la calidad de su trabajo, sino también la confianza en las instituciones, la seguridad y el bienestar de quienes dependen de esos servicios. La cadena de responsabilidad en la sociedad es interdependiente, y cuando uno falla, el resto siente las consecuencias. Por ello, la profesionalidad, la dedicación y la ética laboral son esenciales para mantener una sociedad en funcionamiento. Si cada persona asumiera su rol con la misma seriedad con la que se espera que un médico, juez, un barrendero, un fontanero o político lo haga, veríamos una mejora significativa en la calidad de vida y en la cohesión social.

El papel de los medios de comunicación también es crucial en este entramado de responsabilidades. Su labor consiste en vigilar, informar y, en muchos casos, poner en evidencia las fallas de aquellos que ocupan posiciones de poder o autoridad. En la era de la posverdad y las noticias falsas, es imperativo que los periodistas actúen con ética, veracidad y profesionalidad. Cuando los medios no hacen bien su trabajo, se genera confusión, desinformación y polarización.

En el caso de la enmienda aprobada sin suficiente escrutinio, se ha cuestionado por qué la prensa no fue capaz de alertar sobre este cambio antes de que fuera aprobado. Si los medios hubieran cumplido su labor de vigilancia con mayor rigor, quizá el resultado hubiera sido diferente.

La sociedad depende, en gran medida, de la calidad de la información que recibe. Si la información está distorsionada o es parcial, las decisiones que toman los ciudadanos estarán igualmente afectadas. Por lo tanto, la prensa tiene la responsabilidad de ser objetiva, de investigar y de no ceder ante presiones externas que puedan comprometer su función primordial de informar y educar al público.

La confianza es la piedra angular de cualquier sociedad funcional. Si perdemos la confianza en nuestros políticos, profesionales o medios de comunicación, lo que queda es un terreno fértil para la desconfianza, el caos y el resentimiento. Para evitar este destino, es fundamental que cada persona, independientemente de su ocupación o rol en la sociedad, entienda y asuma la responsabilidad que conlleva su trabajo.

Cuando los políticos hacen bien su trabajo, cuando los profesionales cumplen con sus responsabilidades y cuando los medios informan con veracidad, se fortalece la democracia, se promueve el bienestar común y se garantiza que los errores que se cometan puedan corregirse con transparencia.

El caso de la enmienda sobre los presos de ETA es un recordatorio doloroso de lo que sucede cuando se falla en esta tarea. Pero, más que una crítica, debe servir como lección para todos: la importancia de hacer bien nuestro trabajo no es solo una cuestión de eficiencia, sino de ética, responsabilidad y, en última instancia, de justicia social.

En resumen, una sociedad prospera cuando cada uno cumple con su deber, no solo por cumplir, sino por entender que su labor tiene un impacto profundo en la vida de los demás. Que este incidente nos sirva de recordatorio de que, sin importar el rol que desempeñemos, cada acción cuenta.

José García Cortés

      9-10-24

«España nos roba”, es la consigna simplificada que sacó el nacionalismo catalán para culpar a los demás del empobrecimiento de Cataluña.

Tengo que reconocer que toda esta patulea de políticos catalanes que tenemos se las pinta solos para crear eslóganes que calan en la sociedad.

Éste, que es bueno de narices, lo pudieron poner en marcha porque no hay memoria colectiva y, claro, el Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática tampoco se va a ocupar de que se conozca la historia real.

Pues resulta que, durante la dictadura de Francisco Franco, se implementaron varios planes de desarrollo económico e industrial que tuvieron un impacto significativo en Cataluña.  

• Plan de Estabilización de 1959, del que Cataluña se benefició significativamente y que, además, permitió atraer inversiones extranjeras y fomentó el desarrollo de nuevas industrias, especialmente en Barcelona y su entorno.
• Planes de Desarrollo (1964-1975). Planes quinquenales implementados entre 1964 y 1975 en los que Cataluña recibió importantes inversiones en infraestructuras y desarrollo industrial.
• Se crea específicamente para Cataluña la Zona Franca de Barcelona: que se convirtió en un importante polo de desarrollo industrial, atrayendo numerosas empresas nacionales e internacionales.
• Se realizaron importantes inversiones paraeldesarrollo del Puerto de Barcelona, convirtiéndolo en uno de los principales puertos del Mediterráneo.
• Se lleva a cabo la construcción de nuevas carreteras y autopistas para mejorar la conectividad de Cataluña con el resto de España.
• Se monta en Cataluña la fábrica de SEAT convirtiéndose en un pilar fundamental de la industria automovilística española.

Estos planes y proyectos contribuyeron significativamente al desarrollo económico de Cataluña durante la dictadura de Franco, consolidándose la región como uno de los principales motores industriales y económicos de España, beneficiándose de las políticas de desarrollo estatal y las inversiones en infraestructuras clave.

Ya en democracia, con el gobierno de Adolfo Suárez, se le dotó del Estatuto de Autonomía de 1979, que leotorgó un alto grado de autonomía administrativa y política, y abrió la puerta a una mayor gestión de los recursos económicos regionales yse continuaron las inversiones en infraestructuras esenciales, incluyendo mejoras en la red viaria y ferroviaria, así como en los aeropuertos.

Con el Gobierno de José María Aznar, sí, el que hablaba en catalán en círculos reducidos, se implementaron proyectos dentro del Plan Director de Infraestructuras que incluía importantes inversiones en infraestructuras de transporte, beneficiándose y mejoras en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, así como una multimillonaria inversión para el desarrollo inicial del tren de alta velocidad AVE que conecta Madrid y Barcelona.

Tampoco se les debe olvidar a los catalanes queAznar implementó políticas de liberalización y reducción de impuestos que beneficiaron a Cataluña para crear un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico.

Bajo el gobierno de nuestro querido Rodríguez Zapatero, el iluminado, se puso en marcha un Plan estratégico de Infraestructuras y transportes, siendo Cataluña una de las regiones más beneficiadas, completando el AVE de Madrid a Barcelona.

También el iluminado, aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, que ampliaba las competencias de la Generalitat y establecía un nuevo marco de financiación autonómica, lo que supuso un nuevo avance en el autogobierno y la autonomía fiscal de Cataluña, de las que otras regiones no dispusieron.

Y como la pela es la pela, el iluminado destinó una parte significativa, durante la crisis financiera de 2008, de losfondos destinados a proyectos de infraestructura y programas de empleo.

Y el gobierno de Mariano Rajoy, sí, ese que después les aplicó el 155, creó el Rescate y Fondos de Liquidez Autonómico, siendo Cataluña la que más tuvo que recurrir a él. Pero, además, como no dejaban de protestar, el gobierno de Rajoy destinó fondos a Cataluña para grandes proyectos de infraestructura, como la ampliación del puerto de Barcelona y mejoras en las redes de transporte.

Mi madre me decía siempre aquel refrán: “más vale lápiz corto que memoria larga”, pero en ese caso, la memoria es corta y el lápiz (mas bien la calculadora), es muy larga.  Junto con el País Vasco, Cataluña han sido beneficiaria, durante la dictadura y después en democracia, de beneficios extraordinarios que no han podido recibir otras regiones. Seguramente debido a que han sido partido bisagra en muchas ocasiones y a su virtual especialidad en el griterío de estos pedigüeños.

Y me dejo para el final a nuestro Judas Pedro Sánchez, a quien el desarrollo de las regiones y la justicia territorial le trae sin cuidado, pero que es capaz de vender a su santa madre por un puñado de votos. Indulta a los golpistas condenados y alcanza un reciente acuerdo para otorgar a Cataluña un mayor control fiscal, bajo la excusa de apaciguar los sentimientos secesionistas.

Le da absolutamente igual que esto pueda desencadenar un impacto adverso en otras regiones y dentro del propio espectro político español, ya que la reducción de ingresos fiscales para el Estado central podría tener implicaciones económicas significativas, afectando la capacidad del gobierno para financiar proyectos a nivel nacional.

Incluso a nivel internacional existen preocupaciones sobre las implicaciones a largo plazo para la unidad de España y la estabilidad económica del país.

No me extraña que haya restituido la figura de Lluís Companys, ese golpista y asesino, pues está en línea con su línea de comprar los votos que necesita al coste que sea.

Creo sinceramente que tenemos que empezar a acuñar un nuevo eslogan: “Pedro Sánchez nos roba”, porque eso es lo que está sucediendo.

José García Cortés

      3-8-24