Señora Montero, ¿por qué no le ha gustado a las CCAA el plan de financiación que Vds. han propuesto?

Bueno, le explico de forma muy sencilla: La ordinalidad existe, pero no exactamente como ordinalidad. Es decir, hay ordinalidad, pero no es una ordinalidad plena, sino una ordinalidad que no altera el orden, salvo cuando el orden se ordena de forma distinta. Por tanto, no es ordinalidad, aunque conserve elementos claramente ordinales.”

• Pero, el Sr. Junqueras dijo que estaba basado en la ordinalidad y usted dijo hace unos días que sí.

Realmente no es ordinalidad, pero si lo miras de lado, con buena voluntad, y sin preguntar mucho… un poco sí.”

• ¿podría explicarlo un poco mejor, por favor?

La ordinalidad no se aplica, pero se aplica parcialmente, de manera no ordinal,
aunque manteniendo el espíritu ordinal de una ordinalidad que no es ordinal
como tal.

• Disculpe que insista, ¿Hay ordinalidad o no?

Bueno, sí, pero solo en parte, no para todos, pero sin romper el orden, aunque el orden cambie. Como conclusión les puesto decir que no es ordinalidad, pero tampoco no lo es.

• La verdad es que no entiendo muy bien

No es ordinalidad como la que usted entiende, sino una ordinalidad entendida
desde una concepción no estrictamente ordinal de la ordinalidad.”

• Ahora lo veo claro Sr. Montero.

José García Cortés

       15-1-26

 La mala memoria

España tiene un sistema para que el Estado central transfiera dinero a las comunidades autónomas para que puedan financiar servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.). que lleva más de 15 años desfasado respecto a las necesidades demográficas y económicas actuales (envejecimiento, gasto sanitario, dependencia, dispersión poblacional, etc.).

En un nuevo escorzo político de nuestro, siempre amado, presidente del Gobierno, Se reúne con Oriol Junqueras (inhabilitado por sentencia judicial) y nuestra ministra de Hacienda sale a la palestra, muy digna ella, diciendo que ya va siendo hora de que los ciudadanos tengamos mejoras en nuestra salud, educación, y no sé cuántas cosas más.

La primera pregunta que se me ocurre es ¿y si es tan necesario y bueno, por qué ha tardado tanto en hacerlo? Claro, como están haciendo tantas cosas, y tan importantes, seguramente se les haya olvidado.

Obviamente, el presidente puede reunirse con cualquier ciudadano, pero parece más lógico, que para revisar la financiación de las autonomías se reúna con las Comunidades Autónomas para revisar la financiación de las autonomías ¿no? que, por cierto, llevan años reclamándolo.

Pero claro, ERC necesita el visto bueno de Junqueras y Pedro Sánchez necesita el voto de ERC. Aunque pueda no ser una ilegalidad, no deja de ser una paradoja política (otra más).

A nuestro doctor en economía, y su ministra, también se les ha olvidado explicar a los ciudadanos cómo cuadrarán las cuentas, es decir, que el ciudadano sepa (yo creo que no lo saben todavía ni ellos) si esto implicará más deuda, más impuestos o recortes futuros en servicios estatales. Porque una de las tres cosas (o combinaciones) tiene que suceder necesariamente.

Mecachis, se les ha olvidado decir que si hay más cesión a las CCAA sin subir gasto total, la deuda total del país no sube, pero el Estado se queda con menos margen para pensiones, defensa, intereses de deuda, políticas nacionales…, pero conociendo lo ahorradores que son, lo más normal es que haya aportación de más recursos y que además nadie recorte nada. Entonces falta dinero y solo hay tres salidas: subir impuestos, recortar otras partidas o emitir más deuda.

Jopé, también se les ha olvidado decir que Cataluña no está entre las más infrafinanciadas según recursos por habitante ajustado, pero sí está entre las más endeudadas, las que perdieron acceso a mercados y las que generaron mayor riesgo político. El problema catalán no fue solo (ni principalmente) de financiación, sino de gestión.

Cataluña ha tenido (y tiene) una gestión fiscal muy deficiente durante años, que culminó en la calificación de su deuda como bono basura y la pérdida total de acceso a los mercados, aunque es cierto que la situación se ha maquillado parcialmente gracias al respaldo del Estado, no lo ha sido por una corrección estructural profunda comparable a otras comunidades mejor gestionadas.

Si, si, a nuestro doctor en economía se le olvida comentar que Cataluña ha tenido un rescate encubierto y que pasó a financiarse casi exclusivamente mediante el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y préstamos del Estado a tipos inferiores al mercado. Sin el Estado, Cataluña habría tenido graves problemas de liquidez, y esto no es una opinión: es contabilidad pública.

Y aquí están los tíos, quienes gestionaron mal piden ahora más recursos y alivio de deuda, mientras que a los que gestionaron mejor son acusados de dumping fiscal y son perseguidos por bajar impuestos a los ciudadanos. Mira que les jode que Madrid se sitúe de forma consistente entre las comunidades mejor gestionadas desde el punto de vista fiscal y presupuestario. Ha sabido hacer más o igual con menos tensiones financieras que otras comunidades con tamaño y competencias similares. Pero claro, Estos sólo saben premiar el derroche.

Ahora apelan a la “ordinalidad” confundiendo y manipulando (como siempre). Se presenta la ordinalidad como si fuera un principio constitucional, que no lo es, y lo mezclan con lo que deberíamos llamar “ordinariedad” que sí sería coherente con la igualdad y solidaridad, ya que garantiza igualdad de reglas.

Confundir ambos conceptos no es un error técnico inocente, sino una forma de desdibujar el principio de solidaridad. Quizás, para definirlos, deberíamos coger la tercera acepción de la RAE sobre ordinario:

 

Basto, vulgar, chabacano, zafio, ramplón, verdulero, tosco, maleducado, grosero, soezdescortés, patán, chocarrero, desatento, ineducado, lépero.

Hoy tenemos CCAA’s infrafinanciadas, pero razonablemente bien gestionadas como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha (con matices), tenemos a la comunidad Valenciana, infrafinanciada y mal gestionada y luego está la otra que no hay por donde cogerla, Cataluña, no especialmente infrafinanciada y mal gestionada.

La infrafinanciación no conduce inevitablemente al desastre fiscal. Existen comunidades que, aun recibiendo menos recursos de los que les corresponderían, han mostrado disciplina presupuestaria y capacidad de ajuste. Por tanto, utilizar la infrafinanciación como coartada universal para justificar deuda y desequilibrios es técnicamente incorrecto.

La financiación explica parte del problema; la gestión explica el resto.

¿Qué hay que actualizar el modelo de financiación autonómica? ¿quién lo discute?, pero dar más dinero sin exigir reformas estructurales, sin evaluación de resultados y sin coordinación real entre CCAA, puede acabar suponiendo más recursos para un sistema ineficiente como el que tenemos y no mejores servicios para el ciudadano. De nuevo se beneficia más a estructuras administrativas que a personas y esto no garantiza mejoras reales.

Comparado con estados sólidos en gestión, lo que hace que un sistema sea justo y estable no es solo “dar más dinero”, sino reglas de reparto objetivas (estilo Canadá/Australia/Suiza), corresponsabilidad y disciplina fiscal (muy presente en Alemania y en el marco europeo) y evitar la percepción de negociación ad hoc, porque eso destruye legitimidad.

Utilizar más dinero público sin hacer una reforma necesaria en nuestro desastre de gestión solo nos lleva a profundizar en la ineficiencia. Solo podemos aportar más recursos si ponemos reglas claras y exigimos su cumplimiento. Este sería el “mejor caso” socialmente hablando, ya que se da más financiación para servicios, pero obligas a objetivos de eficiencia, evaluación y límites de déficit. Esto se acerca a la lógica de las federaciones más maduras: financiación más disciplina, pero no es menos cierto es que esta opción entra dentro de la política-ficción en la España actual.

Mi opinión política es que el problema no es dar más dinero, sino cómo y por qué. Desde una perspectiva política, el anuncio del modelo presentado no es otra cosa que una negociación bilateral y un reforzamiento de una asimetría ya existente. La financiación autonómica no puede ser una moneda de cambio ya que rompe la confianza entre comunidades y en el Estado y, desde un punto de vista de país no podemos continuar pidiendo solidaridad sin exigir corresponsabilidad, ni aumentar gasto sin reformar cómo se gestiona.

Al no diferenciar claramente entre infrafinanciación y mala gestión, ni introducir consecuencias creíbles, el sistema seguirá premiando al pasado derrochador y penalizando la disciplina fiscal.

Un sistema que socializa los costes, pero no las decisiones, acaba incentivando el peor comportamiento posible. En financiación pública, hay riesgo moral cuando una administración toma decisiones irresponsables porque espera que otro pague la facturasi algo sale mal.

Desde luego hay que reconocerles una cosa, tienen más trucos en la chistera que el gran Juan Tamariz.

José García Cortés

        10-1-26

Circula en redes y memes que, al otorgar un título o cátedra a Javier Milei, el presidente del tribunal dijo: “no sé si le estamos dando el título a un genio o a un loco”. Esa frase no está confirmada, pero me cuadra un poco con la personalidad del personaje. Este economista y docente en varias instituciones académicas de Argentina antes de dedicarse plenamente a la política, es conocido por un lenguaje directo, confrontativo y provocador, que rompe con el estilo tradicional de los políticos argentinos (y del mundo, excepto Trump).

Se autodefine como liberal-libertario, con fuerte énfasis en la libertad individual, propiedad privada y mercados sin interferencias estatales, es admirador de corrientes económicas de la escuela austríaca y crítico de las políticas intervencionistas.

Su imagen pública es polarizante y se muestra como un dirigente con rasgos poco convencionales, pero con tendencia a creer fuertemente en su propia visión de la realidad política y económica.

Y como hace tiempo que no lo veo con una motosierra en la mano, me ha parecido interesante echar una ojeada a la situación económica y social de Argentina bajo su mandato, y la respuesta no es un sí o un no rotundo, sino que hay avances claros en algunos indicadores macroeconómicos, al mismo tiempo que persisten desafíos sociales y estructurales profundos. La evidencia disponible sugiere un panorama mixto y complejo, con mejoras técnicas, pero tensiones sociales aún presentes.

Cuando Milei asumió la presidencia (diciembre de 2023), Argentina venía de años de inflación crónicamente alta (más de 200% anual), pobreza creciente, déficits fiscales persistentes y recesión económica prolongada.

Su gobierno implantó un conjunto de medidas de corte liberal orientadas a reducción del gasto público, control de la inflación, eliminación de restricciones comerciales y cambiarias y apertura económica con reformas de mercado.

Los avances macroeconómicos son evidentes:

• Inflación: caída significativa. En 2023 llegó a más de 200% anual y ya al final de 2024, las tasas mensuales se redujeron por debajo del 3% con medidas de ajuste y en los primeros meses de 2025 la inflación mensual se ubicó alrededor de 2%.
• Crecimiento económico tras recesión: Incluso después de contracciones al inicio de 2024, el PIB ha crecido en trimestres recientes y las estimaciones para 2025 proyectan tasa de crecimiento alrededor de 4–5% real del PIB, con perspectivas algo menores en 2026 pero aún positivas.
• Déficit fiscal y reformas de gasto: Milei ha conseguido pasar de déficits crónicos a superávit fiscal en 2024, todo ello con reducción de subsidios y gasto público innecesario y reestructuración del presupuesto, con parte significativa destinada a educación, salud y pensiones según proyecto para 2026.

De la otra parte, los indicadores sociales tienen matices importantes, pero esperanzadores. Los datos oficiales muestran que la pobreza pasó de niveles extremadamente altos (más del 50% tras shocks iniciales) a cifras por debajo de 32% en 2025, el nivel más bajo desde 2018. No obstante, y pese a la caída, los niveles siguen siendo elevadamente altos comparados con décadas anteriores. La mejora es real en términos relativos, pero el nivel de pobreza sigue siendo una carga social significativa.

Y en cuanto al consumo, los datos económicos muestran que consumo agregado ha mostrado retrocesos, los salarios reales y cobertura de ingresos de hogares siguen bajos en algunos sectores y el mínimo vital en dólares continúa siendo bajo en términos regionales.

Esto sugiere que las mejoras macroeconómicas no se traducen completamente en bienestar homogéneo.

Parece que las mejoras que está consiguiendo son importantes, aunque persisten tensiones porque las reservas internacionales siguen escasas en relación con las necesidades de pago externo, Argentina continúa enfrentando costos de endeudamiento altos y la acumulación de reservas es lenta, lo que plantea riesgos futuros.

De todas formas, hay señales de confianza de capital extranjero en algunos sectores, como inversiones en energía y recursos naturales, lo que indica interés privado por el nuevo marco económico. Esto es positivo, aunque todavía insuficiente para resolver problemas estructurales de productividad, empleo formal y desarrollo sostenible.

Objetivamente, hoy por hoy, la situación puede describirse como una mejora real en indicadores macroeconómicos clave, acompañada de condiciones sociales, también mejores, aunque todavía frágiles y un proceso de ajuste en curso, con resultados que aún están por consolidarse a largo plazo.

Volviendo a la frase inicial, no sé si este hombre es un “loco” (aunque por su aspecto y sus gestos lo pueda parecer), yo de momento me quedo con la parte de “genio”, que está haciendo en su país lo que procede.

Me comentan, también sin confirmar, que Pedro Sánchez está pensando en tomarlo como ejemplo. No sé, ya veremos.

José García Cortés

        10-1-26

Reflexión sobre la geopolítica y el modelo democrático europeo.

Y lo digo yo, que siempre he sido un “prisillas”.

La historia de la democracia española desde 1975 es paradigmático, pero no olvidemos que la muerte de Franco no provocó una implosión violenta del sistema, sino un proceso cuidadosamente gestionado que permitió desmantelar estructuras de poder profundamente arraigadas y dar paso a un nuevo orden constitucional. Hoy, cuando se discute intensamente la restauración de la democracia en Venezuela, es inevitable mirar ese proceso como una posible guía para evitar el derramamiento de sangre y construir una salida política viable al autoritarismo chavista.

Entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución española en octubre de 1978, transcurrieron casi tres años de intensos debates, acuerdos y reformas. La Transición no fue la conquista de la oposición sobre el Estado, sino un acuerdo entre élites para reemplazar un modelo autoritario por uno democrático mediante un pacto amplio y sin rupturas traumáticas.

Este proceso, aunque con particularidades propias del contexto español, ofrece lecciones relevantes para Venezuela, donde el régimen chavista ha concentrado el poder durante más de dos décadas y ha erosionado sistemas de pesos y contrapesos, independencia judicial y libertades fundamentales. El chavismo, que emergió bajo Hugo Chávez y fue consolidado por Nicolás Maduro, ha transformado el sistema político en algo que muchos analistas describen como un autoritarismo competitivo o híbrido en el que las elecciones se celebran, pero sin condiciones mínimas de imparcialidad e independencia institucional.

La situación en Venezuela se parece bastante a la que nosotros vivimos. Hoy está marcada por tensiones intensas entre la oposición y el poder establecido, con la represión política como elemento persistente que dificultan la percepción de que una transición ordenada pueda ocurrir sin condiciones previas de seguridad y reconstrucción institucional.

Por tanto, lo que está haciendo EE. UU puede parecer hasta “razonable”, porque al igual que en España, donde la Transición fue posible porque existieron mecanismos que facilitaron la reforma desde dentro, en Venezuela, esa misma lógica exige que se construyan condiciones para la restitución de libertades básicas, la liberación de presos políticos, y la restitución de independencia judicial y electoral como pasos previos a cualquier proceso de reconstrucción democrática.

Hay quien afirma que en nuestro caso la transición fue más fácil porque se dio en un contexto bipolar de Guerra Fría, pero ahora pienso que estamos en una situación parecida, no belicista global sino de Guerra Comercial.  En este contexto, tenemos que observar que China (y en menor medida Rusia), llevan tiempo “invadiendo” los mercados mundiales, y, con tanta fuerza, que han puesto en jaque a la primacía norteamericana. Y esto ha cambiado el contexto mundial de una forma sustancial.

China ha desplegado en los últimos años una estrategia sistemática de penetración económica en África y América Latina basada en inversiones en infraestructuras, financiación de gobiernos y acceso a materias primas. Rusia, aunque con menor capacidad económica, ha reforzado su presencia política, militar y simbólica en determinados países como forma de proyectar poder global y desafiar el orden occidental.

Desde este ángulo, América Latina vuelve a adquirir una importancia estratégica que había perdido parcialmente. Para Estados Unidos, permitir que gobiernos inestables o aislados internacionalmente se conviertan en plataformas de influencia china o rusa en su entorno inmediato no es una cuestión ideológica, sino de seguridad y poder.

En este contexto, la insistencia estadounidense en una “restauración democrática” puede leerse como un intento de reordenar el tablero regional, asegurando que Venezuela no consolide una dependencia estructural de potencias rivales. Y esta lógica no es nueva. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos apoyó o toleró gobiernos autoritarios en América Latina siempre que garantizaran estabilidad, alineamiento estratégico y acceso a mercados. La retórica democrática ha sido históricamente flexible cuando entraba en conflicto con intereses geopolíticos mayores.

Desde esta perspectiva, resulta plausible sostener que a Estados Unidos no le resulta prioritario el tipo exacto de democracia que emerja en Venezuela, sino que el país no se convierta en un satélite económico y político de China o Rusia, ni en un foco permanente de inestabilidad regional.

Este enfoque explica también cierta impaciencia, tanto en medios como en algunos actores internacionales, por “restablecer la democracia” de forma rápida, incluso cuando las condiciones internas no parecen maduras para una transición ordenada. El riesgo, como muestra la experiencia comparada, es confundir elecciones con democracia y provocar escenarios de mayor conflictividad o violencia.

Si el objetivo en Venezuela es evitar el derramamiento de sangre, la lección española sugiere que la prisa es una mala consejera. La estabilidad (entendida como seguridad personal, control de la violencia y funcionamiento básico del Estado) no es enemiga de la democracia, sino una condición previa para que esta sea sostenible.

Aceptar que la política estadounidense hacia Venezuela responde en gran medida a consideraciones geoestratégicas no implica justificarla ni condenarla automáticamente. Implica comprenderla. La geopolítica no se mueve por ideales puros, sino por intereses, equilibrios y percepciones de amenaza.

En un mundo de competencia entre grandes potencias, la pregunta clave no es solo quién gobierna Venezuela, sino cómo se construye un Estado capaz de decidir su futuro sin ser rehén ni de sus élites internas ni de intereses externos. Todo lo demás (incluida la retórica democrática) debería estar subordinado a esa finalidad.

Además, existe un refrán que dice que quien solo tiene un martillo, tiende a ver clavos por todas partes. Algo parecido ocurre con Europa cuando mira al resto del mundo. Tras décadas de estabilidad democrática, la Unión Europea ha interiorizado su propio modelo político hasta el punto de asumir que no solo es deseable, sino universalmente exportable.

Conviene recordar un hecho incómodo: la democracia liberal europea es muy reciente en términos históricos. Durante siglos, Europa se organizó bajo monarquías fuertes, Estados centralizados y poderes ejecutivos robustos. La democracia no fue el punto de partida, sino el resultado final de un proceso largo, conflictivo y, en muchos casos, violento. Pretender que otros países adopten directamente ese estadio final es exigirles algo que Europa nunca hizo.

En muchos países árabes, africanos, asiáticos o latinoamericanos, la realidad es distinta. Estados débiles, sociedades fragmentadas, economías informales y tradiciones políticas basadas en la autoridad personal hacen que la aplicación inmediata del “paquete democrático europeo” no produzca democracia, sino parálisis, captura del Estado o violencia. Y otro tanto le podríamos decir a EE. UU., solo hay que recordarles Irak, Libia, Afganistán y tantos otros sitios en los que han intervenido militarmente.

Aquí surge un tema que Europa a menudo evita: un gobierno fuerte no es necesariamente un gobierno tiránico. En numerosos contextos, lo que la población necesita no es menos poder, sino más capacidad estatal: seguridad, orden, cumplimiento de la ley y arbitraje efectivo de conflictos. Sin Estado, no hay derechos que proteger. Sin autoridad legítima, la democracia se convierte en un ritual vacío.

Exportar elecciones sin instituciones sólidas es confundir procedimiento con resultado. La historia reciente muestra que las democracias formales sin Estados fuertes suelen degenerar rápidamente o ser capturadas por actores organizados (militares, religiosos o económicos) mucho más eficaces que la política civil. Paradójicamente, esta estrategia debilita tanto la democracia como los derechos humanos que dice defender.

El verdadero error europeo no es moral, sino estratégico, imponer modelos sin atender a la realidad termina generando rechazo, inestabilidad y pérdida de influencia. Mientras Europa predica, otros actores ofrecen orden y previsibilidad, aunque sea a costa de libertades formales. El resultado es que los valores europeos no se expanden, sino que retroceden.

Quizá ha llegado el momento de cambiar martillo europeo y el error de exportar la democracia como si fuera un manual. No todo es un clavo, y no todas las sociedades pueden (ni deben) recorrer el mismo camino al mismo ritmo.

El problema no es defender la democracia, sino confundir la democracia con una forma institucional concreta y cerrada.

José García Cortés

         9-1-26

Tengo que reconocer que la “extracción” de Nicolás Maduro me produce un profundo dilema moral, por un lado, me repugna la violación de la soberanía de un Estado por una potencia extranjera, pero por otro, la caída de un dictador responsable de miseria, exilio masivo y represión me genera alivio y una sensación de justicia tardía.

Creo que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo y que el problema no está en mis sentimientos, sino en el marco internacional que nos obliga a elegir entre principios incompatibles.

Si por “derecho internacional” entendemos: la ONU, el Consejo de Seguridad y las instituciones creadas tras la II Guerra Mundial, entonces es innegable que nacen ya jerarquizadas porque los vencedores de 1945 financian el sistema, diseñan las reglas y se reservan el derecho de veto. Es decir, estamos, desde el diseño original ante “la Ley del más fuerte”, no es una anomalía posterior.

Considero que el derecho internacional nunca fue neutral, fue un mecanismo de contención del caos (que no está mal), pero no de justicia universal y por eso algunas invasiones se condenan, otras se toleran y otras simplemente no existen en el relato oficial. No vivimos una ruptura reciente del derecho internacional: vivimos su desnudez.

Aunque resulte incómodo, creo que es realista pensar que la ley del más fuerte está imperando desde el principio y que lo que cambió no fue la fuerza, sino la forma de ejercerla, antes era militar directa, luego jurídica y ahora híbrida: sanciones, finanzas, tecnología, control narrativo.

El derecho internacional funciona cuando coincide con los intereses de los fuertes. Cuando no, se ignora, se reinterpretan las normas o se bloquea su aplicación. Y esto no es cinismo: es geopolítica básica.

Dejando a un lado a India (que todavía no sé por dónde va), a Reino Unido (que ya no es lo que fue) y a la UE (que ni está ni se le espera), veo en el mundo tres grandes potencias:

• Rusia, que continúa, desde sus orígenes, con el poder duro y su nostalgia imperial y que actúa desde una lógica abiertamente belicista usando la fuerza militar como instrumento principal evitando su irrelevancia.
• China: Poder económico, pero no inocente, no es belicista en el sentido clásico, su expansión es comercial, financiera e infraestructural (África y Latinoamérica son ejemplos claros), que ejerce coacción económica y controla estratégicamente deuda, materias primas y cadenas de suministro. China no dispara… porque no lo necesita.
• Estados Unidos, que combina poder militar, intereses comerciales y control del relato moral (democracia, derechos, libertad). Eso le permite justificar acciones que, en otros actores, serían condenadas sin matices. No es altruismo: es hegemonía con narrativa.

Solo hay que dar un repaso a hitos relativamente recientes:

• Yugoslavia (1999). Intervención “humanitaria” sin aval legal. La OTAN bombardeó Serbia sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, alegando evitar una catástrofe humanitaria en Kosovo. Se salvaron víctimas, pero se debilitó la arquitectura legal internacional.
• Irak (2003) – La mentira como justificación. EE. UU. y aliados invadieron Irak bajo el argumento de armas de destrucción masiva que nunca existieron. Aquí no hubo dilema moral: fue abuso de poder puro.
• Libia (2011) – De proteger civiles a destruir un Estado. La ONU aprobó una zona de exclusión aérea para proteger civiles. La operación derivó en el derrocamiento de Gadafi. El derecho internacional no prevé el “día después”.
• Ucrania (2022)– El derecho internacional como bandera selectiva. Rusia invade Ucrania violando todas las normas básicas de soberanía. El derecho internacional funciona mejor cuando el agresor es “el enemigo”.
• Venezuela – El abandono silencioso. Durante años, represión, hambre, éxodo de millones y destrucción institucional, …sin intervención efectiva, más allá de sanciones que a menudo agravaron el sufrimiento civil. Aquí el derecho internacional no fue violado… pero tampoco sirvió para proteger a nadie.

El problema de fondo es que tenemos un derecho internacional sin responsabilidad con tres fallos estructurales:

1. Veto de las potencias. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden bloquear cualquier acción que les afecte directa o indirectamente y eso origina parálisis cuando más se necesita actuar.

2. Ausencia de mecanismos automáticos. Sencillamente no existe intervención obligatoria ante genocidios, responsabilidad real tras una intervención ni sanciones efectivas para los fuertes. El sistema depende de la “buena voluntad” del poderoso.

3. Justicia desigual. Los Tribunales internacionales juzgan a dictadores derrotados, líderes africanos o a actores débiles, pero no a grandes potencias ni a sus aliados. La ley se aplica hacia abajo, nunca hacia arriba.

El dilema de fondo: ¿justicia sin ley o ley sin justicia?, y ahí está el núcleo de mi reflexión. Cuando el derecho internacional no protege a los pueblos, no frena dictaduras y no evita éxodos masivos, entonces pierde legitimidad moral, aunque conserve legitimidad formal.

Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿es preferible respetar una ley que no protege, o romperla para hacer justicia? Y no encuentro una respuesta limpia, porque romperla abre la puerta al abuso y respetarla a ultranza perpetúa la impunidad. Veo un callejón sin salida en el orden internacional actual.

A pesar de todo, pienso que el derecho internacional es necesario, pero insuficiente. Y, lo verdaderamente preocupante no es que eso ocurra (siempre ha ocurrido), sino que no estemos construyendo nada mejor.

No vivimos el fin del derecho internacional, vivimos su crisis de legitimidad moral (como en tantos otros ámbitos). Mientras unos lo violan, otros lo usan selectivamente y muchos pueblos no reciben protección, seguiremos atrapados entre la ley sin justicia y la justicia sin ley.

Y creo que mi reflexión no es ideológica, es profundamente humana. Reconozco que el mundo real no encaja en marcos simples, y que a veces el alivio por la caída de un tirano convive con el miedo a un orden basado solo en la fuerza.

No me gusta nada lo que está pasando en el mundo.

José García Cortés

      6-1-26

La responsabilidad, de lo íntimo a lo global

Mi querido maestro Pepe Corral me ha “retado” a escribir una segunda parte del artículo Gobernar mejor es posible, con ejemplos a tres o cuatro niveles. Viniendo de Pepe, no es solo una obligación, es un placer.

Si algo caracteriza a los países que funcionan razonablemente bien no es la ausencia de errores, sino la existencia de responsabilidades claras y consecuencias visibles. La buena gestión no nace solo en los parlamentos ni muere en los boletines oficiales: es una cadena que empieza en lo personal y termina en lo global. Cuando se rompe en algún punto, el sistema entero se resiente. Lo vemos por niveles de responsabilidad e intentando evitar cualquier visión ideológica, aunque descabalgarse de la herencia recibida resulte imposible a veces.

1. Responsabilidad familiar: el primer aprendizaje de la gestión

La responsabilidad se aprende antes de que exista el Estado. En la familia se interioriza (a veces no) la idea de que los actos tienen consecuencias, que los recursos son limitados y que el bienestar común exige renuncias individuales.

Un hogar donde no se planifica, donde nadie responde de los errores y donde todo se justifica termina normalizando la improvisación y la excusa. Cuando esa cultura se proyecta sobre la sociedad, aparece el ciudadano que exige derechos ilimitados, tolera la mala gestión ajena y elude cualquier responsabilidad propia.

Sin responsabilidad individual no puede haber exigencia colectiva. Y sin ciudadanos exigentes, la incompetencia institucional encuentra un terreno fértil para perpetuarse.

2. Responsabilidad empresarial: pública y privada, laica y religiosa

En la empresa privada, la mala gestión suele tener consecuencias más o menos rápidas: pérdidas, despidos, quiebras. Por eso, aunque no siempre, la eficiencia acaba imponiéndose. Nadie mantiene indefinidamente a un directivo incapaz solo por lealtad ideológica. Salvo que sea el hijo del dueño (aunque tampoco debería).

En la empresa pública, sin embargo, la relación entre mala gestión y consecuencias se diluye. Los errores se socializan, los costes se reparten y la responsabilidad se fragmenta. El resultado es una peligrosa asimetría: quien decide no paga, y quien paga no decide.

Algo similar ocurre en instituciones religiosas, fundaciones o entidades “sin ánimo de lucro” cuando la nobleza del fin sirve de coartada para la opacidad, la falta de evaluación o el inmovilismo. La buena intención no sustituye a la buena gestión, pero la enmascara.

Gestionar recursos ajenos (dinero público, donaciones, confianza social) exige estándares más altos, no más bajos.

3. Responsabilidad civil y militar: dos culturas, dos velocidades

La comparación entre el ámbito civil y el militar resulta ilustrativa. En las fuerzas armadas, la cadena de mando es clara, la evaluación es constante y la incompetencia no suele esconderse bajo discursos abstractos. La planificación, la logística y la ejecución son cuestiones de supervivencia, no de relato.

En buena parte de la administración civil ocurre lo contrario: responsabilidades difusas, evaluaciones formales y escasa cultura de resultados. No porque falte talento (que, en los casos de amiguismo, también), sino porque sobran incentivos perversos: obedecer es más rentable que mejorar, no equivocarse es más importante que acertar.

No se trata de “militarizar” la gestión civil (aunque tentaciones no faltan), sino de recuperar algo esencial: claridad en los objetivos, medición de resultados y responsabilidad personal.

4. Gobiernos locales y nacionales: donde la incompetencia se vuelve sistémica

En el ámbito local, la mala gestión se percibe con mayor claridad: retrasos en licencias, servicios deficientes, obras mal planificadas. El ciudadano lo vive en primera persona. Sin embargo, incluso ahí, rara vez se exigen responsabilidades políticas por incompetencia si no hay escándalo.

A nivel nacional, el problema se amplifica. Planes estratégicos sin evaluación, leyes que se sustituyen sin analizar las anteriores, organismos que se crean sin analizar ni justificar su necesidad ni resultados. El Estado se expande, y se expande, pero no necesariamente mejora, al contrario, generalmente complica la vida al ciudadano.

Gobernar se confunde con legislar, comunicar o mantenerse en el puesto, cuando gobernar debería significar resolver problemas concretos con recursos limitados y rendir cuentas por ello, sabiendo además (o debiendo saber) que su puesto es temporal y solo está justificado para “servir” al gobernado, no al revés. Nunca el cargo debería suponer poder, sino servidumbre.

5. El mundo: cuando la irresponsabilidad se globaliza

En el plano internacional, la incompetencia también existe, pero se disfraza todavía mejor. Presidentes populistas, Organismos multilaterales con estructuras pesadas, objetivos grandilocuentes y resultados modestos (cuando existen); cumbres que producen declaraciones, pero no soluciones; agendas globales que multiplican compromisos sin mecanismos reales de cumplimiento.

Cuando nadie responde de nada, la responsabilidad se evapora. Y cuando la responsabilidad se evapora, la desafección ciudadana crece y el gasto, también.

Conclusión: exigir no es destruir, es cuidar

Exigir buena gestión no es antipolítico ni antisistema, ni de un signo político ni de otro (al contrario, al primero que hay que exigir es al partido político al que votas). Es una forma de respeto hacia lo público (que es lo de todos). La verdadera amenaza para la democracia no es la crítica informada, sino la resignación.

Ni la familia, ni las empresas, ni lo público, ni España, ni el mundo, necesita más normas, más organismos ni más eslóganes. Necesita una cultura compartida donde la incompetencia también tenga coste, donde gestionar bien sea premiado y donde gobernar adquiera su verdadero significado: servir.

Gobernar mejor no solo es posible. Es una obligación moral con quienes sostienen el sistema y con quienes vendrán después.

José García Cortés

         5-1-26

Uno de los últimos libros que he leído es “Un pueblo traicionado”, de Paul Preston, que hace un recorrido, muy exhaustivo de España desde 1874 hasta nuestros días.

España se ha caracterizado, en muchas fases de su historia, por tener unos políticos caciques y corruptos y por una ineficiente administración. En la época que narra Preston, se juntaron ambas cosas con especial intensidad. Todo ello en una lectura histórica con una conclusión incómoda.

La corrupción e incompetencia son dos males distintos (y no siempre van juntos). La corrupción es el uso del poder público para beneficio privado y la incompetencia la incapacidad estructural para diseñar, ejecutar y evaluar políticas eficaces.

España, desde 1800 hasta bien entrado el siglo XX, ha sufrido ambas cosas a la vez, y en muchos momentos se han reforzado mutuamente, con administraciones patrimonializadas, cargos como recompensa política, ausencia de profesionalización y confusión entre Estado, partido y facción.

Es cierto que la época actual, afortunadamente es muy diferente. No tenemos los niveles de pobreza y de analfabetos que antaño, aunque tampoco hay que remontarse tanto tiempo. Aún recuerdo que uno de los trabajos que teníamos que hacer los licenciados cuando hice el campamento militar (la mili), era enseñar a leer y a escribir a mucha gente.

Desde la democracia, y especialmente desde la entrada en la UE, la corrupción política sistémica ha disminuido de forma clara (creo que la democracia corrige mejor la corrupción que la incompetencia), existen controles judiciales, mediáticos y sociales impensables antes y la percepción social de la corrupción es hoy mucho más exigente. Aunque también pienso que en los últimos gobiernos de Sánchez hemos tenido un retroceso importante y que nuestra sociedad está más narcotizada que antes.

Sin embargo, la incompetencia administrativa ha resistido mucho mejor, entre otras cosas porque la corrupción genera escándalo inmediato, mientras que la incompetencia genera coste difuso, lento y difícil de atribuir. Un hospital mal gestionado no provoca dimisiones; una mordida sí.

Hoy no toca hablar de la corrupción (aunque ganas y argumentos no faltan) y sí de la incompetencia en la gestión, todo ello desde la preocupación cívica de un ciudadano que observa cómo su país, con enormes capacidades y recursos, avanza con demasiada frecuencia por debajo de sus posibilidades.

El gran problema histórico español es que gobernar no ha sido gestionar. Hemos tenido tradicionalmente políticos legisladores, políticos oradores, políticos de control del poder, pero muy pocos políticos-gestores.

Gobernar se ha entendido como aprobar normas, repartir recursos, ocupar cargos o resistir políticamente, pero no como definir objetivos medibles, diseñar organizaciones eficaces, evaluar resultados y, en su caso, corregir errores.

Y esto constituye una cultura institucional heredada donde la administración se protege a sí misma, no castiga la incompetencia, recompensa la obediencia formal y desincentiva la innovación.

La UE ha mejorado reglas, pero no hábitos. La incorporación a la UE ha sido decisiva para introducir estándares, mejorar controles financieros, reducir arbitrariedad y profesionalizar parcialmente ámbitos técnicos (en ocasiones en exceso, porque de burocracia, Bruselas está bien servida).

Pero la UE no cambia la cultura administrativa profunda si el país no quiere, porque puede imponer reglas, pero no puede imponer mentalidad de gestión. De ahí el fenómeno tan español: Cumplimos formalmente, pero ejecutamos deficientemente. Planes, estrategias, leyes y fondos existen, pero rendición de cuentas y resultados evaluados, pocos.

Y el problema es la normalización socialque se ha ido produciendo a lo largo de tantos años (siglos).La sociedad española ya no se sorprende por la mala gestión, asumimos retrasos, ineficiencias y chapuzas como “lo normal” y distinguimos mal entre lo inevitable y lo evitable.

Frases como: “esto en España es así”, “la administración funciona lenta”, “no se puede pedir más”, son síntomas claros de baja exigencia colectiva, no de realismo. Y esto es peligrosísimo, porque la incompetencia no genera castigo electoral claro (y mucho menos para los malos funcionarios), no hay incentivos reales para mejorar y se cronifica la mediocridad.

Una diferencia clave con otros países europeos es que, en muchos países de nuestro entorno, la corrupción es un escándalo y la mala gestión también lo es.

En España la corrupción empieza a ser “mal vista” (pero sigue siendo aceptada), pero la incompetencia sigue siendo tolerada. Esto explica por qué se cambian leyes sin evaluar las anteriores, se crean organismos sin cerrar los inútiles o se anuncian planes que nadie mide.

Sería injusto no reconocer que España ha avanzado mucho en control de la corrupción política, pero apenas ha avanzado en construir una cultura de gestión pública exigente, evaluable y profesional y esto se ha convertido en algo cultural. Tenemos, o hemos ido generando, una clase política poco incentivada a gestionar bien, una administración nada orientada a resultados y una ciudadanía que ha aprendido a convivir con la ineficiencia.

Me gustaría pensar que esto no es irreversible (otros países lo han hecho),
pero necesita de un cambio en la exigencia social. España ha demostrado, en múltiples momentos de su historia reciente, que es capaz de grandes consensos y de avances notables cuando el interés general se impone al partidista. Sin embargo, también ha mostrado una tendencia preocupante a posponer las reformas necesarias, a gestionar los problemas con parches y a sustituir la planificación por la improvisación.

España es, objetivamente, un gran país. La democracia española, nacida tras una larga dictadura, supuso un logro histórico incuestionable y permitió avances sociales, económicos y políticos que durante décadas parecían inalcanzables. Sin embargo, junto a estos logros, se ha ido instalando en una parte creciente de la ciudadanía una sensación de decepción, cansancio y desconfianza hacia el funcionamiento real del sistema político.

No se trata de negar los avances alcanzados ni de afirmar que “no se hace nada”, lo cual sería falso e injusto. Se trata, más bien, de constatar que lacalidad de la acción política se ha ido degradando progresivamente, alejándose de los problemas reales del ciudadano medio.

Cada vez resulta más evidente que una parte significativa de la clase política ha ido sustituyendo el interés general por el interés partidista, y la planificación a medio y largo plazo por la gestión cortoplacista del titular, la encuesta o el impacto mediático inmediato. Se gobierna, con demasiada frecuencia, a golpe de telediario, priorizando la supervivencia política sobre la resolución estructural de los problemas.

Este fenómeno no es exclusivo de España, pero aquí se ve agravado por varios factores, una excesiva fragmentación en las CCAA sin coordinación central, una cultura institucional poco acostumbrada a la evaluación y la rendición de cuentas y una tendencia creciente a justificar un gigantismo burocrático que, lejos de mejorar los servicios, complica la vida del ciudadano y ahoga la iniciativa económica.

La proliferación de organismos, agencias, entes, observatorios, empresas públicas y estructuras administrativas superpuestas no siempre responde a una mejora del servicio público. En la mayoría de los casos, genera ineficiencia, lentitud, opacidad y frustración, tanto para quien quiere emprender como para quien simplemente desea ejercer sus derechos o cumplir con sus obligaciones.

El resultado es un Estado que, en ocasiones, parece más diseñado para gestionarse a sí mismo que para servir al ciudadano. Un Estado donde abrir un negocio, acceder a una prestación, resolver un conflicto judicial o recibir atención en tiempo razonable se convierte en una carrera de obstáculos administrativos. Y todo ello mientras se pide al ciudadano más esfuerzo, más dinero, más paciencia y más comprensión.

No se trata de cuestionar nuestro modelo democrático, sino de exigirle más. No se trata de desacreditar lo público, sino de defenderlo de su mala gestión. Y no se trata de atacar a personas o partidos concretos, sino de analizar estructuras, incentivos y decisiones que, con el paso del tiempo, han ido alejando al sistema político de la ciudadanía.

Ya sé que no hay soluciones mágicas ni recetas simples a problemas complejos y esto no se consigue desde las ideologías cerradas sino del consenso, porque España no necesita más eslóganes. Necesita decisiones difíciles, bien pensadas y orientadas al largo plazo.

Si hubiera voluntad política, consenso institucional y una gestión profesional de los recursos públicos, España podría mejorar sustancialmente en ámbitos clave como la sanidad, la justicia, la educación, la atención a los mayores, la gestión del agua, el empleo, la sostenibilidad económica y la cohesión social.

Todos estos retos (y algunos más) podrían abordarse si el objetivo principal fuera el bienestar del ciudadano y la sostenibilidad del país, y no la ventaja partidista a corto plazo. Pensar y servir al Estado no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de esta España que se encuentra entre el potencial desaprovechado y la urgencia de reformar.

José García Cortés

        4-1-26

Resulta llamativo y preocupante que determinados sectores de la izquierda española sostengan que la educación de nuestros jóvenes deba basarse en enfoque estereotipados, con contenidos inciertos e incluso con verdades parciales.

Referente a la historia de España, no cesan en insultos, tratan de destrozarla y se avergüenzan; pretenden crear un pensamiento único, lejos de fomentar un razonamiento constructivo con juicios reflexivos y análisis funcional, orgullosos de su pasado. No interpretan la historia, la utilizan como interpretación.

Voy a detenerme solo en el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática (L.M.D. 2022), antes, Ley de Memoria Histórica (2007), impulsada por el Ministerio de la Presidencia durante el Gobierno de J.L.R. Zapatero. Esta Ley, solo fue aprobada por partidos separatistas y de izquierdas; tuvo en contra a VOX, PP y Ciudadanos. El motivo fundamental, es que se basó en hechos inciertos y manipulados; no tuvo en cuenta los desastres de convivencia durante la II República, ni la insurrección del PSOE en el año 1934 como hechos fundamentales. Esta última situación, fue criticada con dureza por escritores, políticos y científicos de la época como: Pérez de Ayala, O. y Gasset, Unamuno, el Dr.  Marañón, incluso por algunos ideólogos del ¨golpe¨ como I. Prieto o J. Besteiro, entre muchos otros.

Hace unos días, la senadora del PP, M. Arenales Serrano se refería a esta situación durante su intervención, cuando interpelaba con el PSOE. Decía: ¨ Es miserable e inmoral escaparse de las consecuencias de los actos propios ¨. Podría ser aplicable a otras situaciones que lamentablemente observamos con cierta frecuencia en el partido gobernante y que nos avergüenzan como País. Esta reflexión, es una ¨perífrasis¨ atribuida a M. Gandhi. Bien podría ser una interpretación Kirkegaardiana (filósofo danés del siglo XIX): ¨ La vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia delante ¨. Para corregir la convivencia y mejorar el futuro, es necesario conocer verdaderamente hechos pasados y ser consecuentes.

La historia no sería solo una cronología, sino una interpretación sincera, auténtica y honesta desde el presente. La L.M.D., no ha tenido en cuenta, de forma interesada, los hechos funestos ocurridos antes de 1936. Trataron de olvidarlos. Recordando las palabras de G. Orwell: ¨ Quien controla el pasado, controlará el futuro ¨. J. L. R Zapatero, ha condicionado esta Ley de forma interesada.

Este desconocimiento histórico, unido a múltiples manipulaciones políticas, nos han conducido a nuestra realidad actual: Un PSOE gobernante que no ha ganado las elecciones, apoyado por partidos separatistas extremos y comunistas que solo buscan su enriquecimiento y arrinconar a liberales y conservadores para perpetuarse en el poder, aunque no ganen en las urnas. Las consecuencias las observamos frecuentemente: en verano, España arde, en invierno se inunda, las infraestructuras y transportes, calamitosos, por no hablar del apagón general. La ocupación e inmigración, más descontrolada que nunca; y, la seguridad inexistente. Todo lo arreglan culpando al adversario político de la oposición, como si el gobernante no tuviera responsabilidad. Esta situación tan kafkiana, por lo absurdo y perverso, la observamos diariamente en el Congreso, demostrando una acrimoniosidad innecesaria con una falta de respeto continuo y desabrimiento entre los diputados. Los contenidos tratados, no interesan a los ciudadanos, son prescindibles y, sobre todo, no construyen.

Considero que una unión del centro derecha español, capitaneados por un partido liberal flexible, libres de populismos, que una e ilusione a los ciudadanos nuevamente, es urgente para España.  Un análisis correcto de nuestra historia unido a un pensamiento crítico y libre de los ciudadanos es incompatible con nuestra situación actual.

Manuel Lozano Molina

       31-12-25

¿Quién tiene razón)

Desde el principio he seguido el conflicto entre rusia y Ucrania y siempre me ha obsesionado una pregunta: ¿quién tiene razón en este conflicto?

He estudiado durante meses abundante bibliografía de la historia de Ucrania y sus relaciones con rusia, y, mis conclusiones coinciden bastante con lo que sostiene la historiografía moderna (exceptuando, por supuesto, la visión oficial rusa).

Vamos a analizarlo muy sintéticamente, con el mayor rigor posible, para ver si mi lectura se sostiene históricamente:

1. ¿Ucrania ha tenido “vocación” de ser parte de Rusia? Históricamente, NO.
Ucrania, Bielorrusia y Rusia, aunque comparten un pasado común, resulta que Rusia NO es la heredera exclusiva de la Rus de Kiev, Ucrania también lo es. Es más: la Rus nació en territorio ucraniano, no ruso.

2. El único acercamiento voluntario a Moscovia: los cosacos (1654) y esto es clave.

Los cosacos ucranianos pidieron ayuda al zar para liberarse de Poloniadurante la guerra, pero lo hicieron con una condición clara: Querían una alianza militar,
NO una absorción total ni perder sus libertades.

3. Desde el siglo XVIII, el “yugo ruso” es constante. Tras las guerras con Polonia y Suecia, Rusia consigue absorber progresivamente el Hetmanato cosaco, Kiev, Poltava, y el resto del centro–este ucraniano, prohibiendo la lengua ucraniana, se cierran escuelas ucranianas, se elimina la autonomía cosaca, se rusifica la administración, se limita la Iglesia local y se reprime cualquier movimiento nacional.

4. Entre guerras mundiales: un pueblo que intenta independizarse varias veces.

Entre 1917 y 1921, durante el colapso del Imperio ruso y la guerra civil, Ucrania proclama hasta 4 veces su independencia. Rusia no acepta nunca ese proyecto. Pero también Polonia invade, Alemania ocupa, el Imperio austrohúngaro interviene y los bolcheviques conquistan después. El resultado NO implica falta de deseo de independencia, sino exceso de enemigos mucho más poderosos.

5. La URSS: Ucrania “república” en el papel, sometida en la realidad. En teoría, Ucrania era una república fundadora de la URSS, pero en la práctica tuvieron la hambruna provocada por Stalin en la que murieron millones de ucranianos, con purga de la élite ucraniana, deportaciones masivas, con una rusificación intensiva y la eliminación de símbolos nacionales. Esto refuerza la idea de que Ucrania no estaba unida a Rusia por voluntad, sino por fuerza.

6. Después de 1945: Ucrania sigue buscando espacio propio. Aunque formalmente era parte de la URSS, tiene asiento propio en la ONU (algo simbólicamente importante), mantiene una identidad cultural fuerte y hay movimientos clandestinos nacionalistas durante décadas.

7. 1991: El referéndum de independencia resuelve cualquier duda. El dato más importante es que más del 90% de los ucranianos votaron por la independencia.
Incluso en las regiones de mayoría rusa (Járkov, Donetsk, Luhansk) el apoyo superó el 70–80%. Crimea también votó mayoritariamente Sí. Esto significa que Ucrania NO quería seguir unida a Rusia cuando por fin tuvo la oportunidad de elegir libremente.

8. Desde 1991 a 2014: Ucrania busca Europa y Rusia intenta frenarla. Cuando Ucrania se acerca a Europa (2004, 2013), Rusia reacciona negativamente.

9. Después de 2014: ataque militar y ruptura total. La anexión de Crimea y la guerra del Donbás demuestran que Rusia no está dispuesta a aceptar una Ucrania independiente y proeuropea.

Por tanto, la conclusión histórica creo que tiene poca discusión:  Ucrania ha tenido una identidad propia, distinta de Rusia, desde hace siglos, casi nunca ha querido estar integrada en Rusia voluntariamente y la mayor parte de los lazos entre Ucrania y Rusia se impusieron por fuerza, no por afinidad.

Por consiguiente, si el consenso de historiadores, organismos internacionales, tribunales y analistas independientes, es que no existe ninguna base histórica, jurídica o defensivaque legitime la invasión rusa hay que concluir que Rusia está cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad como así lo acredita la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Corte Penal Todo eso está plenamente documentado y es indiscutible.

Lo cierto es que Ucrania no ha amenazado nunca militarmente a Rusia, ha intentado negociar durante años, ha sido empujada histórica y militarmentey su identidad ha sido negada repetidamente.

Tampoco el argumento ruso de que “Ucrania no puede entrar en la OTAN porque tendría frontera directa con Rusia” parece incoherente, porque Rusia ya comparte frontera con países de la OTAN desde hace décadas (Estonia, Letonia, noruega, Polonia y ahora Finlandia y Suecia.

Para Putin, si Ucrania prospera como democracia europea, es un peligro para el régimen ruso, es decir, si Ucrania demuestra que un país eslavo puede ser democrático y occidental, el dominio interno de Putin pierde legitimidad. Por eso Ucrania pobre, inestable o dependiente preferiría una antes que una Ucrania libre y europea.

Putin ha dicho explícitamente: “La independencia de Ucrania es aceptable solo si es neutral y amiga de Rusia.”. A mí me recuerda a estos abominables asesinos de violencia doméstica que matan a sus mujeres cuando se separan: “si no es para mí, no será para nadie”.

Solo encuentro algo entendible, para Rusia y es que Ucrania es estratégica para el acceso militar al Mar Negro, ya que Crimea es sede de la Flota del Mar Negro, es la salida hacia el Mediterráneo y clave para Siria, África, Oriente Medio. Y una Ucrania alineada con Occidente limitaría todo esto. Pero esa cuestión no se soluciona destruyendo Ucrania, máxime cuando siempre ha demostrado su buena voluntad para resolver los problemas que surgían.

La pieza que falta hoy es: voluntad política en Moscú de renunciar a dominar Ucrania. Mientras esa mentalidad no cambie, cualquier acuerdo será papel mojado.

Desgraciadamente, la economía rusa, basada en datos (FMI, Banco Mundial, OCDE, Observatorio de Complejidad Económica, y estimaciones de inteligencia occidentales) concluye que Putin puede mantener la guerra varios años más, aunque cada año le resulta más costosa y menos sostenibleya queRusia sigue teniendo altos ingresos por petróleo y gas… pero redirigidos India, China y Turquía con descuentos del 30–40%. Esto le está permitiendo a Rusia duplicar el presupuesto militar: 2021: 65.000 millones frente a 2024: 120.000–140.000 millones (estimado).

Lo cierto es que los ucranianos están demostrando (por supuesto con ayuda americana y europea), ser unos “campeones” y a está siendo un hueso duro de roer. Pero a estas alturas está claro que Rusia no puede controlar Ucrania y solo busca hacerla inviable, destruyendo infraestructura energética, industrial y civil, colapsando su economía, impidiendo la normalidad social, aumentando los costes de reconstrucción, agotando la moral de la población y frenando o impidiendo su integración en OTAN/UE.

Y el problema es que pintan bastos para Ucrania, porque el discurso de Trump objetivamente favorece a Rusia, porque Moscú quiere una Ucrania sin apoyo occidental. Trump ha mostrado simpatías personales hacia Putin y sus posiciones no solo generan sospechas, sino motivaciones ocultas.

Desgraciadamente ya parece claro que Trump forzará a Ucrania a aceptar un mal acuerdo, con los consecuentes beneficios para Rusia (que consolidaría territorio) y China (que vería a Occidente dividido), y los perjudicados serían Ucrania, Europa del Este y la estabilidad del orden internacional.

Porque lo cierto es que solo con la ayuda de la UE (siempre que nuestros huevones de Bruselas finalmente se decidieran), Ucrania, como mucho, podría seguir resistiendo, pero no podría recuperar territorio significativo ni mantener una defensa sostenible a largo plazo al menos en el nivel actual de intensidad de la guerra.

Me temo que se impone la ley del más fuerte.

José García Cortés

       19-12-2025

Historia de un relato

Soy feminista porque soy socialista. Pedro Sánchez presume de ser el Gobierno más feminista de la historia de España y he repasado algunas de sus medidas estrella para ver qué hay detrás de este relato que tienen montado.

Ministerio de Igualdad y gobierno paritario. Desde que era una Secretaría de estado, este ministerio ha pasado de tener un presupuesto de 220 millones de euros a 580. En poner pasta hay que reconocer que sí hay un verdadero espíritu feminista.

Este Ministerio Hace grandes “esfuerzos” para que tanto en los organismos públicos como en las empresas de gran tamaño exista una gobernanza paritaria. En lo público, ya conocemos el resultado: Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz, Isabel Celaa, María Reyes Maroto, Diana Morant, Mónica García,… y otras muchas que, para cubrir cuota, nadie sabe bien para que sirven o han servido.

En lo privado, es cierto que crece, pero no lo hace a golpe de decreto, ni leyes ni cuotas. Responde, afortunadamente, a un efecto reconocido por expertos, que es la recuperación de nuestro retraso histórico en la formación femenina, lo que se denomina “entrar en la tubería profesional”, es decir, el tiempo necesario entre terminar la universidad (22–25 años) y llegar a un consejo de administración suelen pasar 20–30 años. No es una cuestión de cuotas ni de ideologías de izquierdas ni de derechas.

Igualdad salarial, brecha y empleo. Se habla mucho sobre la brecha salarial, y casi siempre, sin fundamento y con una intención partidista. El problema es que el debate público suele mezclar conceptos distintos bajo una misma etiqueta (“brecha salarial”) y eso genera mucha confusión.

Si se excluye el trabajo autónomo, el 54% del empleo por cuenta ajena se concentra en el sector público y en grandes empresas privadas, ámbitos donde los salarios están fuertemente regulados y la brecha salarial directa por puesto no existe.

Nos quedan las pymes, y aquí resulta que, según los estudios del INE y Ministerio de Trabajo, la brecha salarial “en bruto” es del entorno al 13%, pero, si uno quiere ser honesto, este dato hay que depurarlo para llegar a la “brecha ajustada”, y para ello hay que comparar, elmismo sector, misma ocupación, misma jornada, misma antigüedad, y el mismo tamaño de empresa,

Y cuando hacemos esto, los estudios coinciden en que la brecha se reduce drásticamente hasta el entorno del 3% y fundamentalmente en jornada parcial (mucho más frecuente en mujeres) y en sectores feminizados como la limpieza o ayuda a domicilio.

Esto no niega que no pueda haber problemas en algunos casos, pero coloca el problema donde realmente está, es decir, realmente no hay discriminación salarial directa por razón de sexo.

Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el que la Sra. Yolanda Díaz señala que beneficia especialmente a mujeres, jóvenes y personas con salarios más bajos, donde ellas están sobrerrepresentadas.

No voy a ser yo el que discuta la necesidad de subir el sueldo a los trabajadores, pero lo cierto es que, desde hace 8 años, el salario medio de los españoles, descontando la inflación ha subido unos 70 euros al mes por año. Casi todo el incremento de la inflación se la ha comido el gobierno, en buena parte a través del IVA en el consumo. Y, además no hemos crecido nada en productividad, y, como sabemos, los salarios no pueden sostenerse a largo plazo por encima de la productividad.

Esto supone que producir la misma cantidad cuesta más dinero que antes, lo que encarece a las empresas y afecta a la competitividad. Es decir, como en tantas otras cosas, pan para hoy y hambre para mañana.

Violencia de género y “solo sí es sí”.  Las cifras hablan por sí solas:

Víctimas mortales de violencia de género: en torno a 50/58 cada año. Las cifras mortales no muestran una mejora clara y sostenida, pese al incremento presupuestario ni a la creación del Ministerio de Igualdad. Sin hablar de las más de 1.200 reducciones de condena y más de 100 excarcelaciones (2023)

Empleadas de hogar: el Real Decreto-ley 16/2022 equipara derechos laborales y de Seguridad Social de las trabajadoras domésticas, incluyendo protección por desempleo, y responde a una sentencia del TJUE.  Nada que objetar, esto sí ha sido una medida efectiva que ha permitido aflorar parte del empleo sumergido y el número de contratos ha crecido entre un 10 y un 20%. Me parece que en una han acertado.

Defendiendo, como lo hago, el concepto de fondo, creo que el problema con el feminismo es que se utiliza el feminismo como “bandera política”. Lo han convertido en un eje identitario y comunicativo, sobrerrepresentando el discurso respecto a otras políticas sociales y con una clara improvisación, ya que muchas medidas se anuncian antes de estar bien diseñadas o implementadas, lo que debilita su impacto real.

“Si las normas no mejoran la realidad, se quedan en buena voluntad.” con tendencia a atribuir cualquier mejora a la acción gubernamental, aunque sea parte de una tendencia previa. La acción pública es útil si corrige discriminaciones claras (ej. derechos laborales de empleadas de hogar), elimina barreras legales y garantiza mínimos (permisos iguales, protección jurídica), en caso contrario, son discursos vacíos y pérdida de tiempo y dinero.

Y ha llegado un momento en el que yo me pregunto ¿qué es el feminismo?, porque antes parecía estar claro: El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Nada más (y nada menos). No habla de superioridad, ni de enfrentamiento, ni de ideología cerrada.

Históricamente, el feminismo nace para corregir desigualdades reales y legales, como, por ejemplo: no poder votar, no poder estudiar, no poder trabajar sin permiso del marido, no poder administrar su propio dinero, no tener protección legal frente a abusos. En ese contexto, el feminismo fue necesario, justo y eficaz. Pero ahora, veo dos problemas:

1. Han aparecido feminismos muy diversos (liberal, radical, interseccional, institucional, socialista, cultural, posmoderno…), Interpretaciones ideológicas que suponen una gran confusión entre igualdad y confrontación. Ya no hay un solo feminismo, sino muchos discursos bajo la misma etiqueta.

Y por eso hay tanta polarización, porque todas estas corrientes usan la palabra feminismo, que a veces se contradicen entre sí.  Cuando alguien dice “soy feminista”, puede estar diciendo cosas muy distintas.

• Institucionalmente, hay un fuerte componente de propaganda: lenguaje simbólico, gestos, leyes con alto valor declarativo y bajo seguimiento posterior, se basa en eslóganes, ignora incentivos económicos y sociales, sustituye el análisis por el señalamiento ideológico.

El feminismo se ha convertido en un marco ideológico más que en una herramienta práctica, a veces se mide más por presupuesto, por el lenguaje y por el simbolismo que por resultados reales. Se habla mucho, se legisla mucho, pero los cambios profundos son discutibles o lentos. Y esa percepción no implica ser “antifeminista”, sino crítico.

En el fondo, yo estoy convencido de que sí hay avances reales, pero los más importantes son pocos y muy concretos(permisos, empleadas del hogar) y gran parte de la mejoraresponde amaduración social, educativa y económica.

No voy a discutir que las políticas públicas pueden acelerar cambios reales cuando están bien diseñadas, pero cuando no lo están, se quedan en bandera ideológica o, incluso, generan efectos no deseados (como la Ley del sí es sí). Muchas conquistas legales crean el marco, pero la igualdad real se consolida cuando la sociedad madura. Educación, acceso a estudios, mercado laboral, tiempo… importan tanto o más que las leyes

Señores socialistas/feministas, el feminismo utilizado como “bandera política” no ayuda a la defensa de la igualdad jurídica y de oportunidades entre mujeres y hombres, solo a sus propios intereses.

José García Cortés

      18-12-25