EL SUPUESTO DEBATE SOBRE EL ESTADO

 DE LA SUPUESTA NACIÓN QUE ES ESPAÑA

(II La Administración Pública)

implementación exitosa de los proyectos es clave en cualquier empresa, ya que siempre van asociados de beneficios cualitativos y/o cuantitativos. En muchas ocasiones he visto fracasar grandes proyectos, en mi antiguo banco, y en otras muchas entidades, sencillamente porque no estaban bien implementados.

Cuando hablo de la Administración pública, hemos de tener en cuenta que la Administración Pública está para desarrollar e implementar políticas gubernativas públicas o prestar servicios. Dicha prestación, se supone que debería actuar inspirada por los principios de legalidad, neutralidad, eficacia, eficiencia, calidad y todo ello con independencia del color político del gobierno de turno.  Y aquí ya se empieza uno a tronchar de la risa.

La Administración General del Estado y las Administraciones Regionales y locales, para desarrollar las políticas públicas y prestar servicios utiliza una ingente cantidad de medios: Recursos Humanos, presupuestos, Patrimonio, contratación pública,……Y todo ello organizado en Ministerios, órganos de la Administración General del Estado situados en las comunidades autónomas (delegaciones, subdelegaciones del gobierno, direcciones insulares,…..), Servicios adcritos, (Agencias, fundaciones públicas,….), instituciones reguladas por normas especiales (Banco de España, Delegaciones de Hacienda,….), Organismos autónomos (como el Servicio Público de empleo), Entidades Empresariales,….etc.. 

Incluso hay un Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que es un organismo público dedicado a la selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos, así como a la realización de estudios y publicaciones en el ámbito de la Administración y de la Función Pública. “total ná”.

Por supuesto, todos ellos convenientemente descoordinados y con muchas duplicidades de funciones. Auténticos reinos de Taifas.

Así las cosas, hoy no se puede tener el historial médico de una persona porque cada CCAA tiene sus propios historiales, igual en el mundo veterinario, en el judicial,……. Y multiplíquese por mucho conforme se va descendiendo hasta las administraciones locales.

Y en esta maleza de funcionarios y funciones, se encuentran emboscados miles y miles de trabajadores que no justifican ni la décima parte del sueldo que les pagamos, por escaso que sea.

Cuando en cualquier momento alguien pide que se bajen los costes de los funcionarios, enseguida salen los Ministros de turno diciendo: ¿de dónde recortamos, de sanidad, de educación, en seguridad de nuestras fuerzas del orden, de la justicia?.  NO, puñetas, seguramente esos funcionarios públicos, sean los únicos entregados de verdad al servicio público y seguramente sean merecedores de ganar más y de incrementar sus efectivos. Pero resulta que estos funcionarios “esenciales” no llegan a ser ni el 50% del total de los funcionarios en este puñetero país.

No, hablamos de los otros, de los que pongo algún ejemplo de mis vivencias personales (seguro que todos podemos aportar muchos):

• Llevo dos años con una solicitud al Ministerio de Agricultura para el vallado de una parcela y ni siquiera me han contestado
• 19 meses tardó la Confederación Hidrográfica del Guadiana en autorizarme la limpieza de mi pozo que estaba atorado.
• Tres veces he tenido que domiciliar el recibo de agua en la Diputación de Ciudad Real por incompetencia del funcionario. Por supuesto, en las dos anteriores me devolvieron el recibo y tuve que pagar recargos.
• Declaración de la renta, certificado de empadronamiento, recibos de agua y contribución, … y no se cuántos documentos oficiales de otras administraciones me solicitaron en el Ayuntamiento para gestionar la residencia de mis padres.
• …….

Si se pudiera calcular el “coste oculto” del tiempo que gastamos todos los ciudadanos en hacer trámites antes diferentes organismos, por el mero hecho que entre ellos no están conectados, veríamos que se pierden ingentes cantidades de dinero.

Salvo excepciones, que las hay, siento nauseas cada vez que tengo que hacer alguna gestión en algún organismo oficial y veo esa laxitud y desgana en su personal que, lejos que tener la voluntad de prestarte un servicio, parece que te están perdonando la vida por dirigirte la palabra.

Y es que uno de los principales problemas de la Administración Pública española es la productividad, y no lo digo yo, lo dice el propio director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla Sáez, quien indica que es posible que el número de empleados públicos puede no ser excesivo, pero que el problema es que no producen.

Vamos a ver D. Manuel, si usted mismo reconoce que esos funcionarios públicos no producen (insisto, y no me refiero a los esenciales), el resultado es que el mal servicio que recibimos nos resulta carísimo, o lo que viene a ser lo mismo: sobran.

La falta de calidad, lenta respuesta y baja productividad de nuestros funcionarios, ponen a España a la cola de la eficiencia pública europea (mira por donde, en esto también estamos a la cola de Europa). El modelo a seguir, parece que puede ir por lo de siempre: Menos personas, más productivas y mejor pagadas.

Y, resultando caro el salario que pagamos a funcionarios no productivos, yo diría que el mayor problema no es su costo directo, sino el inducido, es decir, las miles y miles de horas de ciudadanos haciendo gestiones inútiles en distintas administraciones y, aún peor, la frustración de proyectos de inversión y de generación de trabajo por el ahogo que causa la burocracia que está anclada en el “vuelva usted mañana” de Larra. Hoy en día la gestión de lo público se ha convertido en una auténtica desgobernanza.

Y es que, además de ser ineficiente, es, en muchos casos, una forma de ocultar desempleo en la administración territorial (muy heterogénea en nuestro país dicho sea de paso). Por poner un ejemplo, la Administración en Extremadura, aporta uno de cada cuatro puestos de trabajo, frente al 11,3% de Catalunya. Es una forma de subvencionar a la sociedad y de fomentar un modelo parasitario.

Siendo sinceros, no podemos decir que la administración “no funciona”, pero sí que funciona mal y, cuando funciona, lo hace más por los funcionarios de vocación que por el sistema de medición e incentivos instalados, que no existen, lo cual provoca que la productividad en general se iguale por abajo.

En estos momentos estamos viviendo una etapa histórica porque, a pesar de las desgracias de los últimos años, tenemos una oportunidad que no deberíamos desaprovechar, y es el de gestionar el mayor paquete de estímulo jamás financiado, ya que ello nos brinda la oportunidad no solo de “suavizar” la dureza del remonte de las sucesivas crisis, sino de transformar ciertas estructuras que sienten las bases para futuros crecimientos.

El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con NextGenerationEU, será el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa con la intención de que sea más digital y resiliente (para satisfacción de D. Pedro), en un presupuesto preparado no solo para las realidades actuales, sino también para las incertidumbres del futuro.

Pero claro, como todo proyecto, necesita de una adecuada “implementación” para que los fondos europeos lleguen a la economía real para conseguir la recuperación y transformación, cuestión harto difícil con esta administración tan eficiente que tenemos. Un dato: según CEOE, en todo el 2021 se publicaron en torno a 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por valor de 9.300 millones de euros, y en su mayoría aún no han sido desembolsados a las empresas.

Y no solo ahora, sino en el pasado, España ha demostrado ser incapaz de gastar el dinero que recibe de la UE: tenemos la peor ejecución, por detrás de Eslovaquia o Rumanía. Los países que mejor aprovechan los fondos son Finlandia, Irlanda y Austria.

Y si a los “costes ocultos” por los gastos de tiempo y ausencias en los trabajos en los que incurrimos los ciudadanos, le sumamos los perjuicios al sector productivo por la inoperancia de nuestra administración para hacer llegar la liquidez de las subvenciones a las empresas, se me antoja que el coste es sencillamente indecente.

Cada día tenemos una sociedad más informada y formada, lo cual hace que seamos cada vez más exigentes respecto a unos servicios públicos que queremos que funcionen. Agilidad, flexibilidad, sencillez y buen trato son algunas de las demandas más habituales en la prestación de los servicios públicos. En definitiva, lo mismo que pedimos cuando accedemos a productos o servicios prestados por el sector privado.

Desde lo público no es posible dar la espalda o ignorar la realidad, y se debe entender que la Administración ha de ser una herramienta útil para las necesidades e inquietudes de ciudadanos y empresas, y no un lastre para el progreso y el bienestar.

Creo que nos faltan más educadores, sanitarios, fuerzas del orden, bomberos y juzgados y nos sobran parásitos en el resto de la administración. La Administración debería estar siempre al servicio de la sociedad y no la sociedad a su servicio.

José García Cortés

       29-9-22