Ya se que es “legal” que se pueda encargar la formación de gobierno a quien representa solo poco más de la cuarta parte de los escaños obtenidos.
También se que, gracias a nuestra Ley D’Hont, (que dudo que tenga sentido su vigencia en estos momentos) se puedan obtener 6 ó 7 escaños con poco más de 370.000 votos.
Y también sé que se pueden formar alianzas haciendo posible aquello de que “la política hace extraños compañeros de cama”.
Según la R.A.E.
MENTIR
1. intr. Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa.
2. intr. Inducir a error.
3. tr. Fingir, aparentar.
4. tr. desus. Falsificar algo.
5. tr. desus. Faltar a lo prometido, quebrantar un pacto.
ENGAÑAR
1. tr. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero.
2. tr. Seducir a alguien con halagos y mentiras.
FRAUDE
1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.
2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.
3. m. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos.
Pero no me estoy refiriendo en estos momentos la visión legal del gobierno que tenemos desde un punto de vista electoral, sino desde el punto civil o incluso penal. De verdad que lamento profundamente no tener conocimientos jurídicos para argumentar mejor mi reflexión y dudas, pero aún corriendo el riesgo de que me caiga la del pulpo por parte de doctos conocedores del derecho, he preferido compartir:
- Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas…..
- En nuestro ordenamiento jurídico, los contratos pueden ser verbales o escritos.
- Entiendo que cuando un partido político se presenta a las elecciones, sus representantes están firmando un “contrato” en el que se compromete a llevar a cabo (al menos a intentarlo) su programa electoral (es la parte escrita) y a hacer, o no hacer, aquellos compromisos que asumen sus dirigentes públicamente (actos, radio, televisión,…)
En base a dichos compromisos, el elector toma su decisión y emite el voto que tendrá como resultado que a dicho partido, y sus listas, le correspondan un determinado número de escaños para que les representen.
En consecuencia, hay un acuerdo de voluntades, por el que el político asume una serie de compromisos de hacer o no hacer, y, a cambio, el votante, otorga su confianza a través del voto favorable. Entiendo que por ambas partes se están creando obligaciones y se generan derechos.
En consecuencia, cuando un presidente del Gobierno que jura o promete la constitución (“cumplir con las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, así como guardar y hacer guardar la Constitución y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”) y ha sido propuesto en base a unos votos que se le han “cedido” en base a los compromisos públicamente asumidos, hace lo contrario a lo que ha prometido, está, como mínimo cometiendo un acto civil ilícito ya que habrá conseguido un determinado número de escaños basado en maquinación, astucia o artificios. En definitiva, ha tenido un comportamiento engañoso.
«Ni antes ni después pactaré con el populismo»
- «Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, está fuera»
- «Aprobaré un nuevo Estatuto de los Trabajadores»
- «Publicaré la lista de la amnistía fiscal»
- «Aquellos que hoy ensalzan a Arnaldo Otegi y le llaman hombre de paz convendría que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch»
- «España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente del Gobierno controlando el CNI y el apoyo de los independentistas»
- «No podemos permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas».
- «En Cataluña hubo claramente rebelión y, en consecuencia, deberían ser extraditados esos responsables políticos»
- «Torra es el Le Pen español»
- «Sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de ciudadanos de este país que tampoco dormirían tranquilos»
- «Sería incapaz de pactar con el populismo que nos lleva a la Venezuela de cartilla de racionamiento».
- «Vamos a incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndum ilegales en Catalunya»
- «me comprometo hoy y aquí a traer de vuelta a Puigdemón a España y que rinda cuentas ante la Justicia»
Si, como he dicho, con los conocimientos jurídicos justos para pasar el día (como dicen unos amigos míos) ya me estoy arriesgando mucho, voy a terminar de bordarlo diciendo que a lo mejor, no es solo un acto ilícito civilmente, sino que incluso se dan los elementos para considerarlo estafa, ya que:
- Es un engaño “precedente o concurrente” a la defraudación: Es decir, que lo primero que tiene que suceder para que haya un delito de estafa, es que una persona engañe a otra.
- Es bastante para la consecución de los fines propuestos.
- Provoca un error esencial en los ciudadanos
- Hay un perjuicio para el elector
- La intención de engañar es evidente con intención de obtener el respaldo del votante
- Obtiene un enriquecimiento con su nombramiento y lo que lleva aparejado el cargo
Y hasta aquí mi reflexión y mis dudas como ciudadano no formado en leyes. Como dice el humorista: AHÍ LO DEJO.
Desde luego, de lo que no tengo dudas es que NO LO ES desde un punto de vista ético, que es lo mínimo que se le puede pedir a un gobernante.
José García Cortés
21-5-20
Políticamente Incorrecto 
Parece que este Gobierno te gusta poco. Descansa ya hoy que es domingo. Buenas tardes. Yo voy a cumplir con mis deberes matrimoniales: jugar a la canasta. Duro trabajo. Mañana más. __________________________________ José Corral Lope http://www.supervivenciayaltruismo.com http://www.survivalandaltruism.org
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Ok, te leo fuerte. Me alegro.
Un abrazo
iPhone de Luis Miguel PFSGroup
> El 24 may 2020, a las 18:54, Políticamente Incorrecto escribió: > > >
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Pues si la formación del gobierno es «legal» y se ha alcanzado una mayoría de escaños también legal, a través de una ley electoral que sólo nos disgusta cuando no nos favorece, pero que cuando lo hace no la cambiamos porque no nos interesa, entonces debemos concluir que el gobierno es absolutamente legítimo. Otra cosa es que no nos guste porque lo vemos un poquito «social-comunista».
¿Que hay extraños compañeros de cama? Yo no los veo por ninguna parte. Quizás nos chirríe un poco la presencia del PNV, pero ya deberíamos estar acostumbrados a los vaivenes interesados de este partido que, por otra parte, con una conciencia social bastante acusada, dista mucho de ser igual a la derecha española de toda la vida (la derechita cobarde y la derecha ultramontana). En cuanto a los demás partidos que dieron su apoyo al actual gobierno «social-comunista», no veo ninguno que se haya saltado más de la cuenta el ideario por el que convencieron a sus votantes. Me temo que si, por sus alianzas, consideráramos ilegítimo este gobierno, deberíamos hacerlo también con algunos autonómicos y unos cuantos municipales. Y también europeos.
Evidentemente, un partido se presenta a unas elecciones con unos compromisos que debe cumplir, un contrato tácito. Si miente o no los cumple, la democracia tiene un mecanismo automático que es accionado por la ciudadanía, que le retirará su apoyo en la siguiente convocatoria electoral. Ese es el único mecanismo posible, y no otro, como ya vimos que sucedió con el anterior gobierno. Sin embargo, parece que hay gente sin paciencia, y en España ya venimos escuchando eso de la ilegitimidad del gobierno desde el mismo día de la designación de Sánchez como presidente. Pablo Casado y sus secuaces lo repiten constantemente (empleo «secuaces» como metáfora o licencia literaria, si bien académicamente no es del todo despectivo, aunque si nos atenemos a la literalidad de la sentencia de la Gurtel la metáfora y la licencia se diluyen).
Desplegar sobre una mesa las promesas de un gobierno para compararlas con todo lo que han conseguido hacer realidad, es un ejercicio tan útil que nos llevaría a concluir que ningún partido de la democracia (ni anterior, por supuesto), es verdaderamente legítimo. Lo lógico sería esperar a la conclusión del mandato, o bien cuando hubiera pasado un tiempo prudencial, y entonces echar en cara al gobierno su falta de compromiso. Hacerlo ahora, cuando sólo llevamos cinco meses de legislatura, tres de ellos en estado de alerta por pandemia mundial, me parece prematuro y, con el permiso del autor, malintencionado. Otra cosa es que queramos pasar toda la legislatura pataleando, organizando caceroladas y manifestándonos en coche, en lugar de aceptar el resultado electoral. También podemos acudir a los tribunales, que los pagamos todos, para alegar que el gobierno «social-comunista» es un fraude. No lo aconsejo, dado el colapso judicial (también achacable al gobierno).
Por lo demás, completamente de acuerdo.
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