Primera parte

Irán es un país rico, con unos recursos energéticos enormes, una población educada y una ubicación geoestratégica privilegiada en el que podrían vivir estupendamente si no fuera por un régimen revolucionario que antepone el control político interno y su legitimidad ideológica al bienestar económico y social de su población.

Para un régimen así, la prosperidad económica es útil, pero siempre que no ponga en riesgo su control sobre la población y sus aspiraciones ideológicas. Su racionalidad es la supervivencia del régimen, y para ello necesita el conflicto externo.

Mantiene, durante años, una red de aliados/“eje” y apoyo a actores armados regionales (Hizbulá, Hamás, milicias en Irak/Siria, Hutíes, etc.). Y, además, hay abundante evidencia de que el diseño y/o suministro iraní ha sido un componente clave en los ataques rusos con drones a Ucrania, más, la mayor amenaza de todas, su programa nuclear, que es, a mi juicio, el eje central en la escalada actual y en las líneas rojas declaradas hace mucho tiempo por la comunidad internacional.

Ahora mismo existe un clima de preparación y escenarios en los que se barajan opciones de ataque que podrían incluir objetivos muy concretos (incluso liderazgo), y sobre el que Trump ha hablado de plazos de decisión cercanos.

Seguramente que, si sucede, volveremos a escuchar aquello de que se está violando impunemente el orden internacional, incluso si solo son ataques “limitados”, porque conllevarán riesgo de víctimas civiles y volverán a plantearse debates serios de legalidad internacional. Incluso puede que alguien se plantee montar una flotilla de protesta por los “derechos del régimen revolucionario” que mata a las mujeres por llevar inadecuadamente el velo.

Es posible que, si se produce, en un escenario optimista, se podría producir una disminución real de capacidades iraníes (misiles, drones, logística hacia proxis) y también reducir la intensidad de ataques por parte de sus proxis durante un tiempo, pero si el golpe fuese muy “quirúrgico” y acompañado de una vía diplomática creíble, es posible que se pueda forzar un acuerdo sobre límites verificables. Ojalá.

Pero, lo más que probable es que Irán responda directa o indirectamente (milicias, ataques en el Golfo/Mar Rojo, ciberataques, etc.) y que ello debilite aún más a la oposición civil reflejando esa ambivalencia social de miedo, trauma, y a la vez deseos de cambio, pero sin control sobre la dinámica bélica. Y, además, es posible que se produzca una escalada en el crudo del Golfo puede disparar precios y afectar a Europa (inflación, crecimiento) y más dependencia de actores como Rusia y China.

Es cierto que no hay guerras limpias y, en la mayoría de los casos, suelen dejar más resentimiento, más milicias, más trauma y, a veces, un régimen más duro, pero es innegable que Irán está contribuyendo a generar permanentemente violencia real, tanto en su propio país como con el patrocinio a milicias armadas y, además, choques directos con aliados occidentales. La pregunta que me hago es ¿cómo negocias con alguien así?, con un país que solo actúa solo por ideología y cálculo estratégico.

No sé hasta qué punto se puede distinguir, cuando hablamos de Irán, entre narrativa y estrategia, porque el régimen iraní usa la hostilidad como pegamento ideológico interno, pero sabe que una guerra total contra EE. UU. sería suicida. El antiamericanismo funciona como herramienta de legitimación interna, pero dudo que eso signifique que quieran una guerra existencial.

Realmente esto me produce un conflicto moral, porque por un lado rechazo la guerra, pero también la impunidad de un régimen represivo y desestabilizador. La pregunta devastadora es ¿Qué reduce más el sufrimiento total a medio y largo plazo?, porque no veo garantías en ninguna dirección. A veces, la diplomacia no cambia el corazón del régimen, solo reduce el número de muertos, pero no el sufrimiento de muchos miles de personas a largo plazo.

Además, los ejemplos que nos proporciona la historia demuestran que en muchas ocasiones un mal acuerdo, o intentos prolongados de acuerdo, permiten que la otra parte gane tiempo para fortalecerse militarmente y este régimen ha demostrado ya que es capaz de mantener tensión suficiente para sostener legitimidad ideológica, aunque hasta ahora esté evitando cruzar el umbral que provoque una guerra existencial.

¿Es posible un acuerdo duradero con un régimen cuya identidad solo incluye el conflicto?, y parece que la respuesta honesta es que un acuerdo transformador profundo es improbable mientras la estructura del régimen no cambie.

Aunque hay diferencias históricas importantes, esta situación me recuerda la época de Hitler, y aunque entonces Alemania era una potencia industrial y tenía un claro proyecto expansionista, (Irán es una potencia regional, no global), con el que la diplomacia fracasó y el tiempo que perdieron los aliados en intentarlo no hizo otra cosa que darle más tiempo al dictador para el rearme.

Y el problema que yo veo, a pesar de las diferencias históricas, es que los “tiempos han cambiado” y hoy no hace falta ser una superpotencia industrial para causar daños estratégicos. Con drones baratos, misiles, ciberataques y una red de proxis, un actor regional puede imponer costes enormes a una parte importante del mundo. En eso, Irán encaja muy bien en lo que se llama guerra en zona gris (daño sostenido sin cruzar del todo el umbral de guerra total).

Este país lleva años con presión internacional, con sanciones y amenazas, y, aun así, Irán sigue teniendo capacidad de desestabilización, con un expediente nuclear que ha vuelto a empeorar.

Es cierto que antaño hubo un pequeño parón y una aparente mejoría, pero el freno se debilitó y la visibilidad internacional empeoró. Pero hasta ahora nada ha sido suficiente para producir un cambio estable de conducta porque el régimen parece anteponer la confrontación a la prosperidad.

También es verdad que, basados en el comportamiento pasado, esta gente no son suicidas, no buscan guerra total, pero sí están dispuestos a asumir riesgos elevados para mantener influencia y disuasión. Eso los hace peligrosos, pero no irracionales, y esa es la única esperanza.

Me acuerdo mucho del último libro de mi amigo Gonzalo Terreros sobre África y su tablero de ajedrez. No sé si en esta ocasión juegan blancas, pero mucho me temo que la cerrazón iraní y los intereses de Israel/EE.UU. respecto al tema nuclear (cosa que entiendo porque querrán desmantelar, o acercarse mucho a “cero”) sean el disparador definitivo para intentar que desparezca ese especial riesgo, y para ello estén dispuestos a aceptar, como parte del problema, las reacciones de los proxis y sus misiles y, en su caso, romper coaliciones con los países árabes y europeos que temen la escalada.

Es frustrante pensar que, si pueden ser prósperos y en paz, ¿por qué eligen otra cosa?

Y, en todo caso, toda esta situación me lleva a preguntarme de nuevo sobre qué demonios es el puñetero “orden Internacional”. No sé, esa reflexión queda para otro día.

José García Cortés

       23-2-26

Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Alejandro (nombre ficticio) es uno de mis trabajadores, con poca formación académica, pero listo como el hambre y con un espíritu trabajador y ansias de superación que da gusto verlo. Me ha preguntado muchas cosas sobre la subida del SMI y me ha permitido hacer un resumen de nuestra conversación.

Sí Alejandro, tuve la oportunidad de ver a nuestro presidente del Gobierno presentando la nueva subida del SMI junto a Yolanda Díaz, sí, esa que hace un par de meses le dijo que hasta aquí habíamos llegado si no remodelaba el gobierno y ahora aparecen en la tele dándose el piquito. Por supuesto, también estaban esos representantes sindicales que, en toda su vida, han trabajado la mitad de lo que tú en un mes.

Si, efectivamente, lo que dicen es cierto, y se encuentran muy contentos porque han conseguido que el SMI crezca un 67% desde que él gobierna, pero… mecachis, se le olvidó comentarnos algunas pequeñas cositas que yo si te quiero comentar:

1. Que, si tenemos en cuenta la inflación, el incremento real que has tenido en tantos años se ha quedado en la mitad, la otra mitad es compensación de inflación. Si, hijo, sí, una mierda si la repartes entre tantos años. De hecho, me cuentas que cada vez cuesta más llegar a fin de mes.
2. La segunda cosa que te digo es que el salario más frecuente en España cuando él empezó a gobernar era 7.500 euros al año superior al SMI y, sin embargo, ahora, con los últimos datos disponibles, es de 454 € al año. Claro, claro, te preguntas si es que entonces se ha empobrecido la mayoría de los asalariados. Pues sí.
3. Que cada vez que sube el SMI suben las bases mínimas de cotización, las cotizaciones empresariales y también la tuya, la del trabajador.

Muy buena pregunta, Alejandro, y eso que no eres doctor en economía como nuestro presidente. Si, el gran beneficiario todo este tiempo ha sido el Estado. Por un lado, la Seguridad Social, por tus cotizaciones y por las mías (que son muy superiores). Por otro, al subirte el salario, pagas más de IRPF, y por otro, nuestra querida Hacienda ingresa más con la inflación al aumentar recaudación nominal de IVA y otros impuestos ligados a precios. Y ya de paso, suben el PIB nominal, lo que reduce ratios como deuda/PIB. Pero claro, esas magnitudes macros me dirás que te importan poco. Bien, lo entiendo, aunque no deberían darnos igual.

Pues sí, querido Alejandro, y todo esto lo hacen siendo conscientes (supongo) de que el 95% de las empresas de nuestro país tienen menos de 50 trabajadores, por lo que estas subidas (por sí solas) afecta especialmente a sectores como agricultura, hostelería, comercio, servicios personales…Es decir, impacta más donde el margen es reducido y también impacta más donde no se puede trasladar precio fácilmente.

Por supuesto Alejandro, tu pregunta es muy inteligente pero compleja. Te explico: para que el salario mínimo siga subiendo y sea sostenible para las pequeñas empresas
debe subir la productividad y, además, parte del coste se debería gestionar vía sistema fiscal/cotizaciones, no todo vía empresa. Pero no, no te preocupes, para subir tu productividad no tienes que trabajar más horas, eso tiene más que ver con la formación y el uso de la tecnología, como nosotros estamos haciendo.

Mira, esto es la pescadilla que se muerde la cola, en España las pequeñas empresas tienen muy poco capital y por tanto no se pueden tecnificar, tienen unas tremendas cargas burocráticas (que incrementa sus costes) y no hay mecanismos institucionales que fomenten la fusión de empresas o el incremento de su rentabilidad. Eso provoca que nuestra productividad no aumente, de hecho, la brecha entre el SMI y la productividad se va incrementando (a peor) desde que tenemos este maravilloso gobierno progresista. Tenemos la productividad estructuralmente más baja de la UE-27.

Si hijo, sí, desde que gobierna Sánchez, nuestro modelo productivo no ha cambiado nada, ni han creado ningún mecanismo que lo propicie, y eso limita la inversión en productividad, la negociación en la cadena de valor y nuestra capacidad, como empresarios, para absorber más costes. Pero no te pido que me creas, esto es un problema estructural reconocido por casi todos los estudios internacionales que se pueden mirar.

Y no, no es que en España no se creen empresas ni se generen más autónomos (porque apenas crecemos en números netos), en este país la gente tiene arrestos y cada año se lanzan a la aventura de montar nuevos negocios, el problema es que, por falta de apoyo, presión fiscal, y exceso de burocracia, se destruyen prácticamente los mismos que se generan. Te estoy hablando de unas 250.000 pymes y de unos 470.000 autónomos, ni más, ni menos.

Bueno, eso que has escuchado del presidente del gobierno de que las empresas tienen que pagar más impuestos es…sencillamente una idiotez (por ser elegante), porque no creo que sea desconocimiento (que no sé qué es peor), porque los datos son públicos, mira, te voy a contar cosas de una forma sencilla:

1. Si hablamos de las empresas del IBEX 35 (como él decía), te digo que es verdad que las empresas cotizadas españolas batieron récords de beneficios con 73.112 millones € de beneficio neto conjunto, de los cuales el IBEX 35 aportó unos 62.932 millones €. Estamos hablando de un crecimiento de cerca del 23–24 % respecto al ejercicio anterior. Si, en eso tienen razón.
2. Pero, lo que no dicen, es que estas empresas reparten aproximadamente, casi 38.000 millones de dividendos en efectivo, más otras formas de retribución de las acciones, que harían que pudieran superar los 50.000 millones, es decir, el 79% de esos beneficios vuelven a los millones de ahorradores particulares que invierten en sus acciones. De los que, por cierto, el Estado vuelve a cobrar impuestos a esos accionistas por lo que reciben, después de que las empresas hayan pagado el Impuesto sobre sociedades.
3. Tampoco cuentan que esas empresas pagaron Impuesto sobre sociedades del entorno a 40/50.000 millones al año y que, además, son recaudadores para el Estado de impuestos indirectos recaudados: IVA, retenciones, Seguridad Social y otros. Todo ello sin mencionar su aportación a la sociedad vía puestos de trabajo y proveedores de todo tipo. En definitiva, son una máquina inmensa de generar riqueza en la sociedad. 
4. No Alejandro, tampoco es verdad eso que te cuentan de que nuestras empresas son las que menos impuestos pagan en Europa, resulta que, en España, de las sociedades cotizadas, alrededor del 7,9 % de los ingresos fiscales totales proviene del impuesto de sociedades, en Italia, alrededor del 6,5 %, Alemania el 6,1 %, Franciacerca de 5,3 %.

Pues sí, ya ves, resulta que se meten con los beneficios de las empresas y, según datos de la propia Agencia tributaria, la recaudación del impuesto de sociedades (aprox. 44,2%) está por encima del total de IRPF (43,9%) de todos los particulares. Si, yo tampoco entiendo cómo pueden tener tanta cara dura.

No Alejandro, yo tampoco quiero ser grosero, pero sí, tienes razón, y yo también creo que hay que ser bastante gilipollas para decir estas cosas, pero, desgraciadamente, su argumento populista: Si las grandes empresas ganan mucho, ¿por qué no aportan más en impuestos? Resulta que vende.

Lo siento mucho Alejandro, pero mientras el argumento de esta gente sea que si las empresas o el presidente de la CEOE ganan mucho dinero, y no se dediquen a cumplir con su obligación, esto no tiene solución.

José García Cortés

       19-2-26

No sé por qué extraña razón me ha dado por investigar un poco sobre la palabra Rufián, cuyo término es una palabra antigua del español que tiene un sentido despectivo y que, tradicionalmente, se utilizaba para describir a una persona de mala conducta o comportamiento reprochable.

Según la RAE, es una persona sin honor, perversa, despreciable, aunque también puede ser un hombre dedicado al tráfico de la prostitución, es decir, un proxeneta, chulo, macarra, gancho, lenón… Todas las fuentes consultadas apuntan a que un rufián es, en todo caso, una persona vil, sin escrúpulos, que actúa con engaño, abuso o mala intención.

Los rasgos que suelen asociarse al término cuando alguien usa “rufián” para describir a otra persona normalmente quiere señalar que presenta algunas de estas características: Falta de honestidad, conducta oportunista, uso del engaño o la manipulación, actitud abusiva hacia otros, desprecio por normas morales o sociales o cinismo.

Obviamente es una palabra valorativa y ofensiva si se aplica a alguien concreto, por esa razón no voy a pensar en ningún político en concreto que se pueda apellidar así, ni tampoco a aquellos que puedan haber estado beneficiándose de saunas donde se practicaba la prostitución. Es más, a ningún político en concreto. No, porque no es un término técnico ni psicológico, sino una expresión coloquial o literaria.

En la literatura clásica española (picaresca, teatro barroco), el “rufián” aparece como figura caricaturesca: un personaje fanfarrón, sin demasiada ética, pero a veces tratado con tono satírico o humorístico.

No está muy clara la etimología de la palabra rufián, puede venir del italiano, donde significa: chulo, padrote, cafiche, o sea, «protector de prostitutas», aunque hay otra versión que dice que el italiano lo tomó del latín rufus (pelirrojo) por alusión a los cascos de los soldados romanos adornados con crestas rojas.

Con el tiempo, en castellano fue ampliando su significado hasta convertirse en un término general para referirse a alguien vil, sin escrúpulos o de mala reputación y ya en el Siglo de Oro español aparece con ese sentido peyorativo amplio.

Para Cervantes, Lope de Vega, Quevedo…, el rufián es casi un personaje tipo, de moral dudosa, a veces cómico o grotesco, pendenciero y un fanfarrón que vive al margen, o bordeando la ley.

Parece que el término rufián, es más agresivo o turbio y que tiene un matiz de vileza moral superior al de pícaro, que es más astuto, que engaña, pero con cierta simpatía y es más bien oportunista. Y también encuentro que el término de rufián es más fuerte que el de sinvergüenza, que es una persona sin pudor moral, que no siente culpa y puede ser más descarado que peligroso.

No, no es verdad, estoy diciendo que no pienso en ningún político en concreto, pero sí, sí que lo hago. Debo tener el filtro sucio, pero cuando veo los personajes que tenemos en el Parlamento, veo muchos rufianes, pícaros, bravucones y sinvergüenzas. Gente sin fondo cultural, que esquivan permanentemente las preguntas, que reformulan derrotas como “victorias morales”, que usan el lenguaje con habilidad sin decir nada, que encuentran resquicios normativos, que no sienten coste reputacional, cambian su discurso sin pudor y normalizan contradicciones evidentes. Eso es lo que veo en muchos casos.

Creo que tenemos un problema muy grande cuando la astucia ha sustituido a la responsabilidad, donde la vergüenza social no existe, donde el relato ha sustituido a la gestión y la crítica ha perdido toda su eficacia porque se ha convertido en un teatro permanente.

Me encantaría ver cuando miro al Parlamento menos rufianismo y más responsabilidad, previsibilidad y más liderazgo honesto, con independencia de su ideología, porque un país no puede organizarse como una novela picaresca.

El rufianismo no puede seguir siendo el pegamento del sistema, porque no es sano que la supervivencia dependa del que mejor surfea la norma, sino de gestión profesional, porque las naciones no se sostienen sobre ocurrencias, sino sobre reglas bien diseñadas.

Me entran ganas de escribir un nuevo Lazarillo de Tormes, en el que el ciego sea la constitución (que tiene artículos, principios, equilibrios…y solo necesita guía), los políticos sean los lazarillos (cada uno quiere encaminar al ciego hacia la dirección que a ellos les interesa) y un final feliz en el que un pueblo que termina pensando que quizás el ciego no sea tan ciego…, que no necesitamos tanto lazarillo si aprendemos a caminar sin empujarlo.

Bueno, quizás otro día.

José García Cortés

       17-2-26

Hoy me pongo el doble gorro, economista y agricultor, para analizar el enfado que tiene el campo por los acuerdos de la UE con mercados inmensos y, también para ver qué parte tiene una base económica y cuánto tiene de nuestros propios problemas estructurales.

Lo que más se repite en las protestas es “competimos con reglas distintas”: fitosanitarios, bienestar animal, trazabilidad, costes laborales/energéticos y cargas administrativas en la UE.

Es cierto que la UE está intentando blindar el acuerdo con cláusulas de salvaguarda agrícolas (activación si importaciones o caídas de precio superan ciertos umbrales) y compromisos de seguimiento y, especialmente, para productos sensibles (vacuno, pollo, azúcar, cítricos, etc.).

El problema práctico (y aquí está el nudo) es que el campo desconfía (desconfiamos) de la capacidad real de control y de la rapidez de reacción, porque sabemos que hoy no las tienen, y si el daño llega primero y la salvaguarda llega después, para muchas explotaciones ya es tarde.

Como diagnóstico general, “el campo” es demasiado diverso para una frase única. Lo más probable con estos acuerdos es que se produzca un impacto asimétrico, es decir, estarán más expuestos algunos sectores sensibles a competencia en precio y otros menos afectados (o incluso beneficiados), pero no afectará igual a todo el campo.

Ahora bien, antes de defender medidas protectoras a toda costa, nos tenemos que preguntar: ¿nuestro campo es rentable? ¿cuáles son los problemas estructurales del campo.?

La producción total agraria (sin ayudas) está en torno a ~2,3–2,7% del PIB, por lo que no se puede considerar que en España sea un sector marginal, es estratégico en empleo rural, balanza comercial y cadena alimentaria que, además, está al nivel (o superior) que nuestros vecinos como Francia, Italia o Alemania.

La cosa cambia si lo miramos desde el punto de vista de la productividad, donde somos menos productivos, porque, en general, nuestras explotaciones son más intensivas en mano de obra (hortícolas, frutas), nuestras superficies están más atomizadas y, en consecuencia, tenemos menor mecanización comparada con la UE y más empleo por hectárea.

Es cierto que estos acuerdos pueden actuar como “acelerador” del problema “precio” si no hay controles y salvaguardas eficaces, pero nosotros tenemos varios problemas estructurales (más allá de Mercosur o la India y que el malestar del campo suele mezclar), y que hay que tener presentes, aunque éstos no hagan (de momento) inviable nuestro campo, pero sí muy sensible y vulnerable.

Problema estructural 1: Estructura empresarial: Tenemos un tamaño medio de explotación significativamente más pequeño que en Francia, Alemania o Países Bajos (donde la tecnificación es muy alta), lo cual ayuda a explicar nuestra menor productividad por trabajador, una mayor sensibilidad a costes, un menor poder negociador y una estructura interna más frágil.

En España comenzamos a ver claramente dos tipos de explotaciones: de un lado la empresarial (explotaciones capitalizadas, escala, eficiencia, integración en cooperativas) que suelen aguantar mejor y, de otro, la familiar pequeña/fragmentada (muy vinculadas a las ayudas), en la que el margen es frágil y la volatilidad muy alta. Muchas explotaciones no están compitiendo solo contra Mercosur, sino contra su propia debilidad de escala y el poder de negociación en la cadena de valor.

La fragmentación es un problema histórico en España debido a que la tierra se suele transmitir por herencia en partes iguales y, lógicamente, cada generación divide más. El resultado son parcelas pequeñas, dispersas y no contiguas, por lo que muchas pequeñas explotaciones quedan atrapadas por la baja rentabilidad. Y esto no es un problema de Mercosur.

Problema estructural 2: La atomización de la tierra que acabamos de comentar genera una lógica fragmentación de la oferta, a lo que hay que añadir en España una industria intermedia relativamente concentrada en algunos sectores y una gran distribución muy concentrada (pocos operadores con gran cuota de mercado). Esta asimetría de poder negociador es estructural.

Esto se podría solucionar con el cooperativismo, y el problema no es que tengamos pocas cooperativas, hay muchas, pero donde encontramos también mucha fragmentación porque son medianas/pequeñas, mientras que en el norte/centro de Europa (p. ej., Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suecia) suele haber menos cooperativas, pero más grandes, por procesos de fusiones que, además, realizan la integración vertical de los productos y “control de cadena”.

La mayoría de las cooperativas en España funcionan más como “almacén”, que como “empresa”, lo cual no combate la atomización.

Problema estructural 3: Costes y regulación UE (fitosanitarios, agua, emisiones, bienestar, burocracia). Aquí sucede lo mismo que con el resto de actividades, Bruselas nos tiene sometido a una cantidad de papeleo y carga administrativa brutal (y en ecológico, más).

No digo que esta carga no tenga un objetivo legítimo (seguridad, medio ambiente, consumidor…), pero cuando el coste administrativo sube (además en un segmento de población que no es precisamente la más formada), penaliza más al pequeño y te hace menos competitivo en precio frente a importaciones.

La lectura sería que, si en Europa queremos ir a un comercio más global, y un libre comercio “justo”, necesitas simplificación administrativa drástica (y digitalización útil, no más capas). Lo mismo que con las exigencias fitosanitarias, endurecidas en los últimos años y que reducen sustancialmente las herramientas agronómicas disponibles.

Por tanto, si Europa abre más, el control y la reciprocidad regulatoria deberían ser más fuertes y verificables, no solo en papel. De lo contrario, la desventaja competitiva está servida.

Problema estructural 4: Relevo generacional débil (edad media elevada del titular). Aunque la edad media de los agricultores en la UE es elevada en general, no deja de ser significativo que la media europea de agricultores con menos de 35 años suponga en 6,5% mientras que en España sea el 4% y los mayores de 65 años en Europa sea del 33% mientras que en España superamos el 40%.

Y esto es un problema, porque la edad media alta del agricultor, y su menor formación, tiene efectos directos en la productividad y competitividad porque pocos jóvenes entran en la agricultura ya que heredan explotaciones sin plan de continuidad, hay mayor atomización (división por herencia), y, en consecuencia, menos inversión en modernización.

Y me consta que hay voluntad en España por afrontar esta situación, pero el problema con el que nos encontramos es el de siempre, una administración, dispersa, nada coordinada y que actúa con voluntarismo, pero nada de eficacia.

Por ejemplo, si buscamos en mi tierra ayudas disponibles, nos encontramos con un catálogo de más de 15 distintas (porque ya me he aburrido de buscar), cada una con su convocatoria, su plazo, su papeleo, su técnico y su (supuesto) control.

Cuando hay muchas ayudas, de pequeñas cuantías, con requisitos distintos, convocatorias dispersas, distintos organismos y objetivos poco coordinados, lo que suele aparecer no es una solución estructural, sino fragmentación del gasto por parte de la administración y una picaresca exacerbada por parte del agricultor. Hoy, en el sistema establecido se incentiva “optimizar ayudas” en vez de “optimizar productividad”.

Como siempre, esto ocurre porque políticamente es más fácil crear una ayuda específica ante cada problema, anunciar un plan nuevo o responder a cada sector con su subvención que hacer una reforma estructural (laboral, hídrica, concentración, fiscal, cadena de valor…). Es política reactiva y un gasto amortiguador, no transformador, y el campo español no necesita más ayudas, necesita mejores reglas.

Problema estructural 5: La gestión del agua vs. rentabilidad de la explotación. Ya sabemos que España no es homogénea y que tenemos zonas claramente húmedas (Galicia, cornisa cantábrica), otras intermedias y amplias zonas semiáridas y áridas (Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía oriental, Aragón sur).

Y cada vez más, con mayor irregularidad climática y sequías más frecuentes. Y esto nos lleva a una verdad incómoda: No todos los cultivos son razonables en todas las zonas. La seguridad alimentaria no es solo volumen, es, o debería ser, resiliencia hídrica.

Por eso, sin dogmatismos, se deberían priorizar cultivos con mejor productividad por m³, incentivando la reconversión gradual en zonas de estrés.

Problema estructural 6:  Rigidez y coste de contratar eventuales. Aquí, sinceramente, la mayor parte es problema interno (España/UE), no Mercosur.

Por las razones anteriormente expuestas, la agricultura española es intensiva en mano de obra temporal (siembra, poda, clareo, recolección) y si el marco laboral hace caro, burocrático o arriesgado contratar por horas/días/semanas, el agricultor pierde competitividad frente a terceros países con menor coste o menos carga.

En mi modesta opinión creo que las quejas de los agricultores son ciertas y justas, pero el 80% de éstas tienen su origen en problemas estructurales internos y solamente un 20% en la apertura exterior: importaciones y competencia en precio, que, cierto es, actúan como “acelerador” de debilidades internas.

El campo español no necesita más discursos ni más parches. Necesita reglas e instituciones que hagan posible la rentabilidad en un entorno abierto y exigente. La apertura comercial (Mercosur u otros acuerdos) no es por sí sola la causa del problema, pero sí puede actuar como acelerador de debilidades internas como he mencionado.

La respuesta estratégica es clara: explotaciones viables y profesionalizadas, cooperativas integradas y capitalizadas, simplificación administrativa, un marco laboral compatible con la estacionalidad, reciprocidad regulatoria en importaciones y una política del agua basada en realidad hidrológica.

En un mundo de shocks climáticos y tensión geopolítica, la agricultura no es solo economía: es resiliencia nacional. Y la resiliencia no se compra con ayudas dispersas, se construye con diseño institucional.

Y todo esto está muy bien, pero ahora mismo me levanto y me voy a mis parcelas a susurrarle a mis árboles que estamos bien “agrojodidos”, porque ni vamos a tener las reformas estructurales ni vamos a tener el control adecuado en los miles de contenedores que entran a diario por nuestras fronteras.

José García Cortés

      15-2-26

Escena única: Sala con una pizarra que pone: “URGE: EXPLICACIÓN CREATIVA”. Sobre la mesa: vino tinto, chorizo, aceitunas y una servilleta con números escritos a boli.)

Gran trilero: Comienza la sesión extraordinaria de este Consejo Supremo: ¿Tenemos un problema?.

Coordinador de narrativas. Compañeros, tranquilidad, no hemos perdido y esto no es un problema, es una oportunidad narrativa. Esto no es bajar, es redistribuir ilusión.

Analista: ¿Ah, no hemos perdido?

Coordinador de narrativas: No. Hemos experimentado una redistribución asimétrica de entusiasmo y esto es, ya lo he dicho, una oportunidad narrativa, pero tiene apariencia estadística adversa.

Responsable de optimismo: Eso suena convincente y está bien visto, la ilusión no se pierde, se transforma. No obstante, deberíamos pensar en prohibir los números.

Gran trilero: Tenemos que encontrar explicación sin alterar nuestra autoestima institucional.

Analista: Pero jefe… los números dicen que hemos bajado muchos miles de votos.

Coordinador de narrativas: Error. Los votantes no han bajado, se han quedado en casa pensando. Nuestros votantes no han desaparecido… se han vuelto invisibles.

Becario: ¿Pero no es lo mismo?

Responsable de optimismo: No, muchacho. Es completamente distinto. No hemos perdido apoyos, se han ausentado emocionalmente, eso se llama democracia cuántica.

Coordinador de narrativas: Exacto. Nuestro electorado es muy fiel, pero a veces descansa. Están en un estado de superposición electoral, es decir, existen… pero no se manifiestan. Muchacho, eso se llama participación emocional pasiva.

Analista: Pero los otros han subido.

Coordinador de narrativas: Claro. Sus votantes son hiperactivos y están nerviosos, ten en cuenta que el voto nervioso siempre sale antes. Los nuestros practican la contemplación democrática o, como mucho, exceso de ocupaciones domésticas, pero nunca, nunca, pérdida de confianza.

Becario: ¿Y si la gente simplemente no está convencida y ese es el motivo por el que algunos ya no nos votan? (Todos lo miran con espanto).

Responsable de optimismo: Chaval,eso no entra en el marco conceptual y, además, ahora mismo te marchas de aquí por introducir realismo. (El técnico es arrastrado fuera mientras grita “¡solo era una hipótesis!”)

Coordinador de narrativas: Ya está, propongo que la propuesta oficial sea que la culpa es del clima emocional, que el votante que se quedó reflexionando y de la herencia compleja.

Analista: ¿Y autocrítica? ¿Y no será que algunos no están contentos? (Silencio absoluto. Se oye caer una aceituna.)

Coordinador de narrativas: Eso lo dejamos para cuando ganemos. (La pizarra cambia sola: “Reunión urgente: Cómo activar al votante contemplativo”.)

Analista: ¿Y el candidato?

Gran trilero: Como sigas así vas a coger el mismo camino que el becario… El candidato era impecable, la culpa ha sido del contexto y la herencia recibida. Venga, venga, que redacten ya un comunicado oficial: “No hemos perdido apoyo; hemos sufrido una acumulación extraordinaria de introspección ciudadana.”

Coordinador de narrativas: Y añadamos: “La ciudadanía nos quiere tanto que a veces nos guarda en casa.”

Analista: ¿Y si la próxima vez bajamos más? ¿Y si dentro de cuatro años vuelve a pasar?

Gran trilero. Te la estás ganando…Pues si ocurriera eso, entonces declararemos que hemos entrado en una fase de votación espiritual y que es una victoria en diferido.

Coordinador de narrativas:  Brindemos, por el votante reflexivo,
y por la derrota que en realidad es crecimiento interior.

FIN.

José García Cortés

      14-2-26

¿historia de un egoísmo?

Comienzo por decir que “la música” de muchas de las cosas que propugna VOX me suena francamente bien, pero hay cosas en la estrategia de su dirigente que no entiendo demasiado bien y hasta me parecen incoherentes.

Vemos como VOX crece o se mantiene en votos y por tanto la derecha, sumada, puede gobernar en muchos sitios, pero VOX no consolida su presencia en gobiernos autonómicos (o locales), rompe pactos y parece priorizar el discurso frente a la gestión.  ¿quieren realmente gobernar o prefieren ser otra cosa?

Desde un punto de vista estratégico, VOX parece comportarse más como competidor interno del bloque de derechas que como socio estable, por lo que su lógica no parece ser “Derrotemos a la izquierda juntos”, sino más bien “Reordenemos la derecha y disputemos la hegemonía al PP”

La lectura fría de la estrategia de VOX parece que es maximizar identidad, no la gobernabilidad. Parece priorizar ideológica dura, confrontación clara y eludiendo la “contaminación” por la gestión cotidiana. Ellos saben que para un partido que crece desde la impugnación, la gestión es un riesgo.

Hoy por hoy, VOX obtiene más rédito electoral señalando contradicciones del PP o denunciando “cesiones”, porque saben que pactar y gobernar implicaría diluir su perfil, normalizarse, convertirse en un socio menor del Partido Popular y aceptar que el liderazgo del bloque no es suyo.

El riesgo de esta estrategia es que esta apuesta tiene aristas evidentes ya que fragmenta el bloque de la derecha y dificulta gobiernos estables, lo que puede acabar facilitando gobiernos de izquierdas por falta de acuerdos y genera frustración en votantes que sí quieren alternancia y gestión.  ¿Hasta cuándo es válida la estrategia de VOX?

Quizás parte de la respuesta a su estrategia actual la encuentro en la biografía de Abascal, que no fue un dirigente nacional de primera fila, pero sí tuvo cargos relevantes dentro del ecosistema del PP, sobre todo en el País Vasco (ala más ideológicamente dura del PP vasco) y en el ámbito institucional como director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre.

El punto de inflexión en la carrera de Abascal en el PP fue el cambio de ciclo en el partido cuando Mariano Rajoy consolida su liderazgo nacional y con la salida de Aguirre en Madrid pierde su principal valedora interna y es cesado en su cargo. A partir de ahí queda sin cargo institucional, sin proyección interna dentro del PP y sin espacio político en el nuevo PP de Rajoy, que renunció a una ideología fuerte y apostó por un perfil pragmático, tecnocrático y centrado en la gestión.

Es entonces cuando Abascal y otros dirigentes fundaron VOX al perder espacio en el PP y no ver posibilidad de regresar a posiciones de influencia y puede que esto explique mucho de su comportamiento actual, de desconfianza hacia el PP, de una necesidad constante de diferenciarse y, sobre todo, el rechazo a quedar subordinado.

Y, con esto, no quiero invalidar su proyecto, pero pienso que ayuda mucho a entender por qué VOX actúa como actúa, no solo contra la izquierda, sino contra el PP del que procede.

En Europa encontramos un patrón común en otros líderes que rompieron con el partido “madre” (Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Geert Wilders -Países Bajos-, Nigel Farage -Reino Unido-…) que proceden de partidos conservadores tradicionales, y que quedaron desplazados por un giro al centro y rompieron para crear un proyecto propio, manteniendo una relación ambigua, al combatir, igual que Abascal, a la izquierda y al partido del que proceden.

Cuando un líder nace políticamente de una ruptura, su prioridad suele ser demostrar que tenía razón al romper, incluso si eso retrasa (o impide) el acceso al poder. Y en ese sentido VOX hoy se parece más a Le Pen o Wilders que a Meloni, caso de éxito que, a diferencia de Abascal, sí entendió que sin gobernar no hay hegemonía y ello lo consiguió aceptando alianzas y moderando el discurso sin renunciar a símbolos.

El dilema personal y político de Abascal es que no es solo el líder de un partido, es el producto de una ruptura. Y eso le condiciona, porque sabe que gobernar con el PP implica aceptar un rol secundario y validar al partido que “le expulsó” del poder.

Estoy seguro de que él es consciente del coste de fragmentar, pero lo asume, porque su identidad política se alimenta del antagonismo (igual que Sánchez) y esto choca profundamente (y me desconcierta) con su mensaje de partido que se define como profundamente españolista, pues debería priorizar la gobernabilidad del país, incluso si eso implica pactar y ceder.

La estrategia actual de VOX solo se sostiene si su objetivo principal no es gobernar España hoy sino redefinir la derecha para mañana. El problema es que no hay garantía de que ese mañana llegue y mientras tanto la izquierda gobierna. ¿Es más patriótico tener razón… o gobernar bien?

Por otro lado, no hay que olvidar las dinámicas internas en Vox en los últimos años y me refiero a la salida de dirigentes importantes, muchas veces por discrepancias internas con la dirección de Santiago Abascal o por decisiones organizativas que algunos críticos interpretan como una concentración del poder bajo el liderazgo de Abascal.

Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega-Smith, Juan García-Gallardo,  Juan Luis Steegmann, disidencia parlamentaria en Baleares, casos de cargos locales y expulsiones recientes… La línea recurrente en estas salidas y distanciamientos son las discrepancias internas con la dirección y concentración de poder. El partido ha ido evolucionando de una pluralidad inicial a una centralización, premio a la lealtad, salida o marginación de perfiles autónomos y prioridad absoluta al discurso sobre la gestión. No parece que sea una suma de casualidades, más bien se parece a la estrategia “Sanchista” de eliminar a todo discrepante.

Para mí, la paradoja es clara, VOX se define como profundamente españolista, afirma que PSOE está gobernando mal España, reconoce implícitamente que nunca superará electoralmente al Partido Popular en el corto o medio plazo (en las últimas elecciones generales el PP prácticamente triplicó en votos a VOX) y aun así adopta una estrategia que fragmenta el voto del bloque de derechas, facilitando (al menos aritméticamente) la continuidad de la izquierda en el poder o dificultando la gestión del PP.

Visto así, creo que la pregunta es legítima: ¿hasta dónde quiere llegar VOX?, porque no es que VOX “no sea capaz de verlo”. Es que ha decidido priorizar otra cosa: identidad sobre poder, discurso sobre gestión y presión sobre responsabilidad.

Hoy escucho en muchos medios que el PP no sabe cómo gestionar a VOX, pero yo me pregunto: ¿Cómo se trata a un partido que elude la gestión, pero es imprescindible para sumar? No veo una solución sencilla cuando el socio potencial no quiere jugar el mismo juego, está actuando hoy como un partido de presión ideológica, con lógica de oposición y poco dispuesto a asumir los costes cotidianos de gobernar.

Pero al final el ciudadano es el que manda, y hoy por hoy, una parte relevante del votante de VOX apuesta por la ideología, no la gestión. Y eso no es exclusivo del partido de Abascal (también en el PSOE), pero en VOX es especialmente visible. Seguramente el votante cree que “todos gestionan mal”, perciben la administración como irreformable y prefieren un voto “testimonial” o “moral”. No sé, seguramente quieren expresar enfado, o reafirmar una identidad, pero lo cierto es que hoy, en España, la salida de gobiernos no se castiga electoralmente.

Pienso que el PP está dispuesto a ser algo más práctico y, por tanto, más “flexible” en algunos planteamientos que le propone parte de la derecha, pero también que VOX debe decidir si quiere ser la conciencia ideológica de la derecha o uno de los responsables de su gobernabilidad, porque en política no basta con tener razón: hay que ser capaz de convertirla en gobierno.

Reconozco que este político me está defraudando. Ya lo siento.

José García Cortés

      10-2-26

Desahucios y responsabilidad pública

Aprobado en el Consejo de ministros, pero todavía no en el Parlamento, nuestro querido líder nos deleita con una nueva medida para proteger a los más vulnerables.

He intentado obtener cifras oficiales sobre a cuantas personas/familias afecta la medida y, oh!, sorpresa, no existen. Al parecer no se pueden ofrecer cifras sobre beneficiarios potenciales, vaya por Dios.

En prórrogas anteriores de la moratoria de desahucios, las estimaciones han oscilado entre decenas de miles de hogares potencialmente protegidos, pero solo una parte minoritaria llega a beneficiarse efectivamente y la cifra real depende mucho de la capacidad administrativa y judicial de cada territorio. Lo de siempre, venta de humo.

Desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, al parecer esto no es un problema, entra dentro de la forma chapucera que tienen de gobernar. No es importante para ellos que una medida que limita derechos deba venir acompañada de una estimación clara de impacto, tanto social como económico. Aquí, esa estimación sencillamente no existe.

A este gobierno, y a sus compinches de Podemos, parece que se les olvida que la protección de las personas vulnerables es una responsabilidad del Estado (políticas de vivienda, parque público, ayudas al alquiler y servicios sociales eficaces).

Sin embargo, desde el punto de vista de equidad, se está pidiendo a actores privados que actúen como red de seguridad social sin haber elegido ese papel. No se dan cuenta que esto no solucionada nada (o muy poco) y sin embargo desincentiva la oferta de vivienda en alquiler, introduce inseguridad jurídica y sustituye políticas públicas por medidas de emergencia permanentes.

La medida tiene un origen claramente ideológico y, en consecuencia, los grandes tenedores (fondos, SOCIMIs, bancos) son vistos como actores estructuralmente desestabilizadores del acceso a la vivienda.

Y es que, en el plano discursivo, esto permite que el relato político se construya explícitamente contra los llamados “fondos buitre” y eso funciona muy bien políticamente, pero lo cierto es que en el plano normativo real no solo afecta solo a fondos, sino también a empresas medianas, propietarios no financieros y situaciones muy diversas. El discurso apunta a los fondos, pero el impacto jurídico se extiende mucho más allá. Eso es una fuente clara de inseguridad jurídica.

Creo que nadie pueda criticar la necesidad de proteger a las familias vulnerables, es imprescindible, pero hacerlo principalmente a costa de terceros privados, de forma prolongada y sin una política pública de vivienda sólida detrás, es una solución incompleta, frágil y que erosiona, una vez más, los fundamentos jurídicos e institucionales del Estado de derecho.

Pero no nos engañemos, el problema es que la ideología y su incompetencia les nubla, llevan años mostrando auténtica aversión a los propietarios de viviendas y especialmente a los fondos de inversión, lo que ellos llaman Fondos Buitres.

¿Pero, son “buitres”? Al parecer no saben que un fondo de inversión no es un agente de política social, su función es comprar riesgo cuando nadie más quiere, ordenar activos y vender o explotar cuando el ciclo cambia. Eso es exactamente lo que hicieron. Llamarlos “buitres” es comprensible desde su visión, pero no explica la crisis de vivienda, no resuelve el problema estructural y oculta responsabilidades públicas.

Es más, muchos pequeños propietarios hoy alquilan con menos seguridad jurídica precisamente porque se ha construido el relato de que “el propietario es sospechoso”.

Es posible que estos indocumentados no conozcan de la liquidez que los fondos de inversión han introducido en el mercado inmobiliario español, especialmente tras la crisis de 2008 y la intervención del “banco malo” (Sareb), que absorbió más de 50.000 millones de euros en activos inmobiliarios y créditos tóxicos de entidades bancarias como parte de la reestructuración del sector.

Posteriormente, la gestión de esos activos (que incluían miles de viviendas, suelos y préstamos) fue adjudicada en gran parte a fondos de inversión privados (a través de gestores como Blackstone, Aliseda/Anticipa e Hipoges, vinculados a fondos globales de private equity).

No existe una cifra oficial consolidada para “liquidez inyectada” en su conjunto, porque no es un dato que se publique centralmente, pero el orden de magnitud es claro: se habla de decenas de miles de millones de euros de activos inmobiliarios gestionados o adquiridos por fondos de inversión tras 2012.

La entrada de capital privado permitió liberar activos inmovilizados, convertirlos en productos habitables y ponerlos a la venta o en alquiler, lo cual evitó problemas adicionales de liquidez para bancos y contribuyó a recuperar parte de la inversión inicial.

Mi opinión profesional (que tuve oportunidad de vivir) es que, en los años posteriores a 2008–2012, el sistema financiero español estaba objetivamente colapsado con balances bancarios llenos de activos improductivos, miles de viviendas adjudicadas imposibles de absorber, y por eso se creó el Sareb, precisamente porque el Estado y la banca no podían digerir aquello y había un riesgo real de colapso financiero prolongado.

En ese contexto, los fondos (que no me resultan especialmente simpáticos) aportaron liquidez inmediata, asumieron riesgo que ni el Estado ni el mercado doméstico podían asumir, permitieron sacar activos del balance bancario y facilitaron que el sistema volviera a cumplir su función básica, es decir, crédito y solvencia. Y esto es justo reconocerlo.

Desde una perspectiva macro financiera, eso fue necesario y positivo. No porque fueran altruistas (que no lo son), sino porque el sistema lo necesitaba. Si no hubieran entrado, la limpieza bancaria habría sido más lenta, el crédito habría tardado más en volver y el coste para el contribuyente habría sido mayor.

El problema no fue su entrada, sino lo qué pasó después. El fallo no fue permitir su entrada, sino no acompañarla de una política pública de vivienda, no crear un parque público suficiente cuando había stock barato, no establecer reglas claras de salida o reconversión social de parte de esos activos.

En otras palabras, los fondos hicieron lo que hacen los fondos, pero el Estado no hizo lo que debía hacer el Estado, ya que dejó que activos comprados en momentos de depresión pasaran a un mercado tensionado sin instrumentos correctores suficientes.

Como siempre con este gobierno, la reacción social llegó tarde y mal, criminalizando al actor equivocado. La paradoja es que ahora se les reprocha haber hecho bien su trabajo. Se les pidió liquidez y la aportaron, se les pidió absorber riesgo y lo hicieron, se les permitió concentrar activos y cuando el ciclo giró, se les culpa del resultado.

En el momento en que entraron, los fondos de inversión fueron parte de la solución, no del problema. El problema vino después, cuando se confundió una herramienta financiera de emergencia con una política de vivienda inexistente.

La clave es la de siempre, la ideología vs. responsabilidad pública, ya que tiende a redefinir el conflicto (propietario vs. vulnerable), externalizar el coste de la protección social y usar la regulación como sustituto de la política pública de vivienda. Y eso no es casual, porque crear parque público cuesta dinero, requiere tiempo, trabajo, y exige asumir responsabilidades presupuestarias, mientras que limitar derechos privados tiene coste político bajo a corto plazo y alto rendimiento simbólico.

No, el problema no son los fondos, ni los propietarios de viviendas, sino la ausencia de una política pública de vivienda sólida, la cronificación de medidas excepcionales y la transferencia de responsabilidades del Estado a terceros. Igual, en algún momento ,dejan de pensar en cómo proteger tanto a los pobres y ponerse a trabajar para que no haya pobres.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

José García Cortés

      5-2-26

Leo en la prensa: Por parte del Gobierno: «Reforzamos un modelo basado en derechos humanos»; e líder de Vox: «agravará el colapso de la sanidad, de la vivienda y de la seguridad»; El líder del PP: «es una estratagema para “desviar la atención” del accidente de Adamuz».  Todo un nivelazo por parte de nuestra clase política.

La regularización extraordinaria de ~500.000 personas (hasta ~800.000 según estimaciones de Funcas), no debería analizarse no como un gesto político aislado, sino que debiera ser una decisión de gobernanza dentro de una política a inmigración y, también de empleo.

A bote pronto, a mí me surgen un par de preguntas y muchas incógnitas:

1. ¿Cómo es posible que no se sepan el número (bastante exacto) de personas cuya situación se quiere regularizar?
2. ¿Cómo es posible acumular 500.000/800.000 personas “irregulares” si existe toda una normativa y un aparato administrativo para regularizar?

La respuesta parece ser incómoda, pero clara: Porque el Estado español ni tiene una verdadera política de inmigración y ni tiene un sistema de extranjería estructuralmente incapaz de absorber los flujos reales que tolera.

España tiene funcionarios y procedimientos, pero los plazos legales que deberían ser de meses se convierten en años, con oficinas saturadas y citas imposibles, los sistemas informáticos fragmentados, no interoperables y competencias también fragmentadas, extranjería, empleo, seguridad y servicios sociales que no se hablan entre sí.

El resultado es que la entrada irregular es mucho más rápida que la regularización y el descontrol que produce termina siendo “absoluto”. Como en otros ámbitos, el Estado autoriza, tolera o permite procesos que luego no es capaz de gestionar.

Y el problema es que tenemos una cosa parecida a una política inmigratoria que es de “tolerancia pasiva”, es decir, aunque formalmente el Estado no fomenta la irregularidad, en la práctica no ejecuta expulsiones, salvo casos extremos, tolera empadronamientos (incluso los fomenta), permite acceso a sanidad, educación y ayudas y mira hacia otro lado en sectores económicos concretos contribuyendo, además, al sostenimiento de la economía sumergida.

Se crea así un estatus de facto: No eres legal, pero tampoco ilegal del todo, y el resultado es sencillo: Si entras, resistes en la economía informal y el sistema colapsa, acabarás regularizado.

Pero, curiosamente, esta vez, no voy a ser yo el que critique la regularización de muchas criaturas a las que se acepta vivir en el “limbo social” (y además este país necesita), pero sí tengo que criticar que se adopten decisiones parciales sin mejorar el sistema de gestión, porque el Estado decide, pero las CCAA atienden, los ayuntamientos gestionan la convivencia y las ONG sostienen el día a día, pero el resultado es que, en este batiburrillo de competencias, nadie ve el acumulado real hasta que explota.

Y ahora queda ver cuál es el resultado real de la medida (si es que alguien se compromete a evaluarla en el tiempo, cosa que dudo), porque al ofrecer la regularización masiva teniendo en cuenta que las diferentes ayudas que puede recibir una persona, Estado, CCAA, Ayuntamientos, ONG’s… que no están integradas, habrá muchas personas (solo por razones de supervivencia), que no les “renta” acceder a un sistema en el que empiezan a pagar impuestos, o bien que sus empleadores no estén dispuestos a asumir las nuevas cargas que le origina. El tiempo lo dirá.

Pero, además, para que una regularización de este tipo sea buena (para el inmigrante y para el país), el Estado debe corregir las distorsiones del mercado laboral que tenemos y que no son pocas. Porque alguien se preguntará (yo me lo pregunto), ¿cómo es que teniendo 2,4 millones de españoles en el paro necesitamos inmigrantes? Pues porque tenemos un elefante en la habitación que nadie se atreve a espantar. El problema de España es que no sólo hay que reformar nuestra política de inmigración para que sea eficiente, es que con los nacionales tenemos un problema real de paro que tira de espaldas y nadie lo aborda.

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del “paro oficial” nos referimos siempre a el paro según la EPA (Encuesta de Población Activa), no al número de personas que cobran subsidios, y en la última asciende a 2.477.100 personas, la mejor en mucho tiempo para regocijo de mucha gente (datos que personalmente yo no me creo teniendo en cuenta el trilerismo existente).

La EPA mide que una persona está en paro si no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia, ha buscado empleo activamente y está disponible para trabajar de inmediato. Da igual si cobra subsidio o no y da igual si está inscrita en el SEPE o no. Es una definición estadística internacional, comparable con Europa (Eurostat).

Pero el problema es que cuando se quiere estudiar en serio el problema laboral de un país, hay que tener en cuenta que el paro oficial deja fuera a mucha gente que podría trabajar, pero que no aparece como “parada”, pues además de los parados “oficiales”, hay cuatro grandes grupos de personas infrautilizadas:

A) Personas que trabajan menos de lo que querrían, es decir, subempleo (ejemplo, alguien con contrato de 10–15 horas, que quiere jornada completa, pero tiene que aceptar lo que hay. Tiene trabajo, pero no suficiente.

B) Personas disponibles, pero que han dejado de buscar (ejemplo: han buscado durante años, pero se han desanimado pero que, si mañana les llaman, aceptarían). Podrían trabajar, pero ya no buscan (y por eso no cuentan como parados).

C) Personas que buscan, pero no pueden incorporarse “mañana” (ejemplo, los que realizan cuidados familiares, o tienen problemas con su documentación legal o por falta de conciliación…). Quieren trabajar, pero el sistema no se lo permite aún.

D) Personas en economía sumergida (personas que cobran ayudas y trabajan “en negro” algunas horas pero que si regularizan su situación laboral aparecerían como ocupados). No cuentan como parados, pero tampoco como empleo real.

Desde un punto de vista algo más técnico, esto es lo que se denomina “holgura” del mercado laboral (toda la gente que podría trabajar más o mejor, pero no lo está haciendo por fallos del sistema). Eurostat mide la labour market slack (holgura) como: desempleo + subempleo a tiempo parcial + “disponibles no buscan” + “buscan, pero no disponibles”. Y resulta que, en 2024, España es el país con más slack de la UE: 19,3% de la “fuerza laboral extendida”. En otras palabras, es el “desperdicio” de capacidad laboral de un país.

Mientras que la media de la Unión Europea mantiene en torno al 10% de su capacidad laboral infrautilizada, España prácticamente la duplicamos. Esto significa que nuestro problema es muy grave, porque además del desempleo visible, existe un volumen muy elevado de personas que trabajan menos de lo que desean o que han quedado desconectadas del mercado laboral por fallos de incentivos, intermediación y diseño institucional.

Por tanto, cuando hablamos de “reservorio activable”, estamos diciendo que hay la friolera cifra de 4,8 millones de personas que ya quieren trabajar más, pero el sistema no se lo pone fácil. No es un invento, son personas reales que padecen una administración que no conecta empleo, ayudas y control. ¿Nadie se pregunta por qué la media europea, con los mismos medidores, está a la mitad que España?

No es que falte gente para trabajar. Falta un sistema que haga rentable, sencillo y coherente trabajar: Y ahí está el punto incómodo, porque políticamente “duele” poner en marcha los mecanismos, y porque muchos beneficios de activar ese reservorio no aparecen en los Presupuestos (aparecen en la vida real de la gente) y por eso los gobiernos los infravaloran.

No es realista pensar que se pueda activar el 100% del slack. Pero sí es razonable (con reformas de incentivos, control e intermediación) pensar que, en un escenario conservador (4–5 años) se puede:

• Reducir paro de larga duración en 20%, lo que implicaría ~220.000 empleos.
• Aflorar y formalizar economía sumergida / compatibilidades irregulares en sectores clave (vía control + incentivos) con ~300.000/500.000 empleos formales acumulados.
• Absorber parte del “no paro” (disponibles/infratrabajo) en 10% que supondrían otros ~200.000 empleos.

Es decir, estamos hablando de un potencial activable de entre ~700.000/1.000.000 de empleos formales adicionales (en 4–5 años).

Aun así, tendríamos que dar la bienvenida a que se incorporen a este proceso a los inmigrantes, porque nuestro envejecimiento acelerado y el sostenimiento de nuestras pensiones lo requieren, pero si no se cambia el sistema del empleo en general, no solo en lo relativo a la inmigración, lo que tenemos es otra vuelta más a este ovillo de “des-gestión que padecemos.

Y, mientras, nuestros políticos diciendo gilipolleces en los titulares y peleándose en el Parlamento. Que Dios nos pille confesados.

José García Cortes

       29-1-26

Resulta evidente que una persona bien formada o trabajadora tiene una actitud reflexiva y proactiva ante cualquier dificultad. Piensa y asume el control activamente para obtener los resultados que desea. Siempre será independiente, con pensamiento crítico, indistintamente del partido político que más le satisfaga.

Por el contrario, un necio se dejará arrastrar por la retórica impuesta, donde es convencido, persuadido y conmovido. Sus emociones, instrucciones y miedos provocados, terminarán en fanatismo, ya que los estúpidos son simplistas y manipulables.

Estos días estamos sorprendidos por los acontecimientos ocurridos con los trenes de alta

velocidad y con las infraestructuras de R.E.N.F.E. Nuestro ministro, Oscar Puente, ha cambiado su discurso desdeñoso a elegíaco, con un resultado impostado, manipulador y falaz. Sus actuaciones, siempre han sido erráticas y con alta corrupción moral en el Ministerio, destruyendo todo lo logrado en infraestructuras desde 1992. Ya no somos ni serios ni relevantes en el sector. Veremos pronto sus consecuencias.

Una política económica secuestrada por el nacionalismo, el neocomunismo y el favoritismo, han logrado disminuir significativamente las inversiones necesarias en lo más esencial. Los que hemos viajado por carretera o en trenes estos últimos años lo hemos observado. Los profesionales de R.E.N.F.E y sobre todo, la asociación de maquinistas, han advertido en numerosas ocasiones, lo que podría ocurrir. Los responsables del Ministerio no han escuchado lo suficiente a los técnicos, sucediendo algo que podía haber sido evitable.

El relato de esta izquierda gobernante no ha tardado en llegar: han menospreciado el discurso de VOX sobre lo ocurrido, han comparado con el descarrilamiento de Santiago de Compostela cuando gobernaba el PP, aunque se haya demostrado que fue un error del maquinista, con el “Prestige Galicia”, o con los descarrilamientos en época de Franco. Su objetivo, no es otro que distorsionar la verdad y despertar emociones en los estúpidos, para confundir y enfrentar a los ciudadanos.

No se preocupe Sr. ministro, si aún tiene dudas de la causa del descarrilamiento, pregunte a la gente sencilla, formada y trabajadora, independiente de ideologías, que con lógica, razón y sentido común se lo van a explicar.

Los adamuceños han demostrado una conducta excepcional con una responsabilidad social envidiable. Seguramente se pondrían a su disposición para ayudarle de forma desinteresada en los días venideros para tratar de recuperar la dignidad perdida del Ministerio que ocupa.

Manuel Lozano Molina

         25-1-26