CUANDO GOBERNAR SE CONFUNDE CON CONSERVAR EL PODER
Hace más de dos mil años, la República romana comenzó a deteriorarse cuando las rivalidades políticas, el clientelismo y la lucha por el poder fueron debilitando progresivamente sus instituciones.
En aquella Roma se compraban apoyos electorales, se utilizaban las magistraturas para favorecer intereses particulares y, en los momentos más graves de su crisis, se recurría incluso a la violencia física contra los adversarios…. Que se lo cuenten a la Juez Beatriz Biedma.
¿Qué sucede cuando la conservación del poder comienza a condicionar las decisiones que deberían adoptarse pensando en el interés general? Ésta pregunta me lleva a reflexionar sobre la gestión de Pedro Sánchez durante sus más de ocho años al frente del Gobierno de España.
Entiendo que en una democracia parlamentaria, pactar no sólo es legítimo, sino frecuentemente imprescindible, el problema aparece cuando resulta difícil distinguir entre los acuerdos necesarios para desarrollar un proyecto político y aquellos destinados fundamentalmente a asegurar la continuidad de una mayoría parlamentaria.
La memoria y la hemeroteca nos recuerda las posiciones iniciales contrarias respecto a pactar de Sánchez respecto a Bildu, Podemos, Independentista catalanes, etc… Hasta que sus votos fueron necesarios para mantenerse en La Moncloa.
Y ya he dicho que no cuestiono, por sí mismo, la conveniencia de un gobernante en alcanzar pactos sino porque ninguno de los que ha hecho Pedro Sánchez se hayan enfocado a solucionar los problemas estructurales (vivienda, educación, sanidad, la Justicia, las pensiones, la financiación territorial, modernización de las Administraciones Públicas…) que España tiene y que requieren planificación, estabilidad y continuidad.
Y me pregunto: ¿Por qué no se ha conseguido una cooperación comparable en otras materias estratégicas?, porque gobernar un país no debería consistir únicamente en reunir los votos necesarios para aprobar cada iniciativa, también debería significar dejar instituciones más eficaces y políticas públicas más estables.
La corrupción constituye otra prueba especialmente exigente para cualquier Gobierno. Hasta donde se conoce hoy (vete tú a saber lo que queda por salir), la lista de presuntos delincuentes no es pequeña, sin ser exhaustivo podemos decir que ya está condenado al Fiscal general del estado, José Luis Ábalos, Koldo, el hermano de Pedro Sánchez, procesado a Santos Cerdán, Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Santos Cerdán, investigadas, Ana María Fuentes (Gerente del PSOE), Gaspar Zarrías (Exvicepresidente de la Junta de Andalucía), Leire Díez, Juan Manuel Serrano (expresidente de Correos), José Luis Rodríguez Zapatero, Mercedes González (Directora de la Guardia Civil), Manuel Llamas (Director operativo de la Guardia Civil)… Y un largo etc.
Y tampoco deja de ser un tipo de corrupción (al menos moral), el asalto a todas las empresas públicas y organismos de la Administración del Estado de este país, bien para conseguir su control, bien para enchufar a los afines y prostitutas.
Es cierto que desde el partido se esfuerzan en separar toda esta corruptela de la figura de Pedro Sánchez ya que, hasta ahora, no se le puede imputar actuación delictiva directa, pero a cualquiera se le ocurren una serie de preguntas:
Primera: los nombramientos. ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar a los principales colaboradores y qué mecanismos de supervisión existían?
Segunda: los controles. ¿Cómo se autorizaban los pagos y contratos investigados? ¿Existían auditorías, procedimientos de verificación y controles independientes?
Tercera: la responsabilidad política. ¿Qué explicaciones ofrecieron los responsables cuando aparecieron indicios de irregularidades y qué medidas adoptaron para corregir las deficiencias detectadas?
Estas preguntas permiten examinar la gestión sin atribuir culpabilidades que no han sido demostradas, porque no debería confundirse la ausencia de responsabilidad penal personal con la inexistencia de responsabilidad política. Un presidente nombra ministros, selecciona colaboradores y dispone de instrumentos para supervisar la actuación de su Gobierno.
Ésta es una exigencia que debería aplicarse con idéntico rigor a cualquier Gobierno, sea del partido que sea. La corrupción no se combate únicamente condenando a sus responsables. También se combate diseñando instituciones que dificulten su aparición y faciliten su detección.
La crisis de la República romana nos recuerda hasta qué punto puede deteriorarse un sistema político cuando sus instituciones se convierten en instrumentos de las facciones enfrentadas.
Los padres de nuestra constitución no pudieron prever (bastante tenían en esa época) que alguien pudiera “asaltar” las garantías constitucionales, tribunales independientes, el funcionamiento del parlamento, mecanismos de control y procedimientos legislativos extraordinarios.
Cuando estudiamos la historia romana, solemos recordar los nombres de quienes alcanzaron el poder. Sin embargo, para comprender su legado resulta más interesante examinar qué instituciones construyeron, cuáles debilitaron y qué problemas dejaron a sus sucesores.
Pedro Sánchez ha concluido una etapa de más de ocho años de gobierno y ha convocado nuevas elecciones generales. Es un momento apropiado para examinar su gestión con perspectiva. Y, sobre todo, de reflexionar sobre una cuestión que afecta al conjunto de nuestra clase política: ¿Estamos construyendo instituciones capaces de funcionar mejor con independencia de quién gobierne, o seguimos dependiendo excesivamente de las prioridades y necesidades parlamentarias de cada presidente?
Porque una democracia no alcanza su madurez únicamente celebrando elecciones y formando mayorías. La alcanza cuando sus gobernantes aceptan límites, sus instituciones conservan independencia, sus políticas producen resultados verificables y sus responsables responden por las decisiones que adoptan.
Al parecer, la formulación latina de “pan y circo” es panem et circenses, que aparece en la Sátira X del poeta romano Juvenal, quien criticaba que el pueblo romano, que antiguamente participaba activamente en la vida política, había acabado conformándose fundamentalmente con dos cosas: alimentos y entretenimiento.
Y, hoy, lo que nos venden como la joya de la corona, el crecimiento económico, es sencillamente una patraña, España crece en números macros porque está aumentando su población como consecuencia de la entrada de inmigrantes. Cualquier estudio, aunque sea superficial, demuestra que nuestro país es más pobre que cuando Sánchez comenzó a gobernar.
Por tanto, solo nos queda el circo, y miren ustedes, esto sí que lo tenemos garantizado a través de la maquinaria propagandística que han creado y los payasos de ministros que tiene esta Administración.
Pero yo estoy de acuerdo con Juvenal, que no solo criticaba a los emperadores, sino también a los ciudadanos. Lamentaba que el pueblo romano hubiera ido renunciando a su participación y exigencia política a cambio de seguridad material y entretenimiento.
Las paguitas, las subvenciones, los bonos transportes, y otros beneficios materiales están sirviendo como distracción para reducir el interés de la población por exigir responsabilidades políticas.
Dos mil años, y la pregunta sigue siendo pertinente: ¿debe juzgar el ciudadano a sus gobernantes por los beneficios inmediatos que recibe y por el relato político que consume, o por la calidad de las instituciones, la sostenibilidad de las decisiones y los resultados que deja la gestión?
Y todavía hay algo peor, porque en la Roma imperial, pan, espectáculos, clientelismo político y concentración del poder convivieron con períodos de excelente administración pública, grandes infraestructuras y prosperidad, cosa que ahora tampoco tenemos.
Solo nos queda el circo.
José García Cortés
11-10-26
