Trato a través de estos artículos encadenados, transmitir mi sensación de que el problema “político” y su “coste” es descomunal para España.
De momento hemos visto partes de un mismo problema, de un lado el coste directo (salario, cantidad y actitud de los “infectivos”) y de otro, el batallón de “allegados descontrolados” que viene a incrementar la factura a pagar.
Hoy pretendo reflexionar sobre la forma en que la “infectación” se ha ido extendiendo a lo largo de los años y ha llegado a lugares que forman parte de lo más esencial del tejido social español.
SUBVENCIONES
Entendemos por subvenciones todo el dinero que aporta las Administraciones Públicas a favor de personas (físicas o jurídicas) para incentivar o facilitar la ejecución de proyectos de utilidad pública y que según Ley General de Subvenciones, tiene que cumplir los siguientes requisitos:
- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- Que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto o la realización de una actividad.
- Que tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social.
Para empezar, con carácter general, ya no sabemos si se cumple uno de los requisitos, el de estar sujeto al cumplimiento de un determinado objetivo, porque en función de lo que indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (organismo independiente creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea), España concede unos 14.000 millones anuales en subvenciones sin rendición de cuentas (según constató en junio pasado). En opinión del órgano, están sujetos a controles de legalidad, pero no a rendición de cuentas ni a procedimientos sancionadores por mal uso.
Fuentes de dicho organismo han explicado que no cabe decir que exista «un descontrol» en las subvenciones, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos, puesto que es imposible hacer el «recorrido» desde que la subvención sale de una administración pública hasta que llega al beneficiario.
Según el informe, del total, unos 10.000 millones son concedidos por las autonomías, que presentan las mismas carencias en lo referente a la rendición de cuentas.
Los Presupuestos Generales del Estado, que en cualquier país europeo son un verdadero debate del Estado de la nación, se tramitan en España de una forma poco exigente y sin que, a pesar de la existencia de una Ley de Transparencia, se rindan cuentas para que la opinión pública sepa en qué se emplean exactamente los recursos que se gastan y su grado de eficiencia.
No es el objetivo entrar en el proceloso mundo de las subvenciones en general que conceden los diferentes estamentos gubernamentales y autonómicos, pero sí de algunas relacionadas con las “FUERZAS SOCIALES” ya que las considero muy relevantes para entender la transcendencia de nuestro “coste político” y de lo extendida que está la “infectación” en nuestro organismo democrático.
Se consideran Agentes Sociales a una serie de organismos, empresariales (CEOE y CEPYME), sindicales (UGT, CC.OO, USO, ELA y CIG), y otras que representan una amplia diversidad de asociaciones y Fundaciones.
Los Sindicatos
A lo largo de mi vida he sido trabajador por cuenta ajena, sindicalista y empresario, por lo que a estas alturas, creo que soy poco sospecho de no creer y defender la importancia que tienen los sindicatos en el mundo social.
Precisamente mi anterior militancia y conocimiento me hace entristecer más que a otros al ver en lo que se han convertido a lo largo de los años. Entes decrépitos, corruptos en algunos casos, ambiciosos y básicamente ocupados de mantener sus privilegios y su patrimonio sindical (del que por cierto se ha hablado mucho sobre su valor y reposición tras la guerra civil, pero poco de la forma en que lo consiguieron anteriormente).
En España hay un nivel de afiliación bajo (13,9%), y por tanto las aportaciones de los trabajadores no suponen un capítulo importante en sus arcas, y a pesar de que tienen otras vías de financiación (prestación de servicios jurídicos y tramitación de ERES,…), en el tiempo, se ha ido generando una alta dependencia de los fondos públicos, ya sea vía Presupuestos Generales del Estado u otras aportaciones.
Las ayudas por representatividad que figuraban en estos Presupuestos superaban los 15 millones de euros para el conjunto de las 66 organizaciones sindicales con representación y otras 10 más por su participación en los órganos de asesoramiento, mientras que las compensaciones económicas por participar en órganos consultivos (incluidas las organizaciones empresariales) superaban los 3 millones.
El número total de representantes sindicales se elevaba en España a 1 de enero pasado a la apabullante cifra de 261.694 de los cuales el 35,84% correspondía a CCOO y el 32,45% a UGT.
Imposible saber el número de horas sindicales consumidas y, ni mucho menos, el número de liberados, que seguramente sea el secreto mejor guardado. Cálculos que en algún momento se han hecho desde la patronal, se estima en torno a 4.000 personas liberadas y un consumo de horas anuales cercanas a los 98 millones. Posiblemente una cantidad cercana a los 3.000 millones e euros que soportan las empresas, con resignación para “evitar males mayores”. En muchos casos nos podemos encontrar con que a la pregunta, ¿De profesión?: la respuesta sea «Liberado sindical».
Ya en su momento, Michael Sommer, representante de los sindicatos germanos, dejó en evidencia a CC OO y UGT por su modelo de financiación, contraria a la alemana donde los afiliados pagan de su bolsillo todos los gastos derivados de sus actuaciones (incluidos los gastos de las huelgas), lo que les confiere un importante peso político por su independencia. En España también tienen un elevado peso político pero por su dependencia.
Tampoco es la primera vez que en otros países europeos señalan a CCOO y UGT como obstaculizadores de las reformas en el mercado de trabajo, indicando que se dedican a defender a los trabajadores menos productivos y a lanzar soflamas contra los empresarios. También en contra del modelo germano, en el que, por supuesto, se plantean enfrentamientos abiertos en defensa de los trabajadores, pero, llegado el momento, colaboran de forma importante con el Gobierno y los empresarios.
La Patronal
Me estoy refiriendo esencialmente a CEOE y Cámaras Oficiales de Comercio, estando éstas últimas sujetas en el ejercicio de su actividad bajo la tutela de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, en caso de que éstas hayan asumido la competencia en sus estatutos.
En este caso, aunque sus principales fuentes de financiación son privadas, también las organizaciones empresariales perciben ingresos de erario público por participar en órganos de carácter consultivo del Ministerio de Trabajo, Consejo Económico y Social y otras ayudas de diversas instituciones públicas como la Agencia Española de Normalización y Certificación o la de Protección de Datos.
Ambas instituciones, sindicatos y patronal, negocian los convenios (a pesar de que la afiliación real es la que es), cuya eficacia se extiende a todos los trabajadores del ámbito del convenio de forma universal (excepto para los de empresa), es decir, lo que viene siendo que me representan, quieras o no quieras.
Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y CIG), forman parte de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que pertenece al sector público estatal (aunque su naturaleza es privada), junto con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que gestionan más de 2.000 millones al año de los fondos de formación.
Una participación jugosa en unos fondos gigantescos con una fiscalización manifiestamente mejorable y una escasa transparencia que alimenta las sospechas sobre la actividad real de estas organizaciones.
Las ONG
En este punto estoy agrupando y generalizando sobre las ONGD, Asociaciones y fundaciones, entidades de cooperación y otro tipo de colectivos similares.
Es lo que PwC definió en su informe como “Tercer Sector Social”, que es otro de los ejes clave en el desarrollo social y económico de nuestro país.
Las ONG y asociaciones de todo tipo son un gran canalizador (cada vez más relevante), de las demandas e iniciativas de la sociedad civil. Su importancia queda de manifiesto, tanto por el número de organizaciones que lo integran como el empleo que generan y el voluntariado que movilizan.
En estos colectivos, en el que se observa una generosidad creciente por parte de la sociedad española, tanto en el aporte económico (la financiación privada) como en el del altruista voluntariado, se estima un movimiento de más de 8.000 millones de euros, pero con una parte negativa, y es que en este crecimiento también se aprecia un aumento del peso de la financiación pública (70%), unido al importante peso de las estructuras administrativas y tareas burocráticas asociadas a las convocatorias y los pagos.
Siendo necesarias en muchos casos y para muchas ocasiones (que creo que es se discute poco), no es menos cierto que, debido a la escasa transparencia y ningún control en la rendición de cuentas, está siendo un vehículo cada vez más utilizado para cobijar a un sin fin de bocas agradecidas que y que hacen de «altavoz» de mensajes interesados y cobran sus servicios del erario publico a través de estas organizaciones.
Conclusión
No es sano para nuestra calidad democrática.
No se puede, ni se debe, seguir utilizando tanto dinero público para generar una dependencia de las principales fuerzas sociales de nuestro país. ¿dónde está el equilibrio entre las fuerzas sociales de este país y los gobiernos que los dirigen?.
No es solo ya el dinero que se está utilizando (o mejor dicho, mal-utilizando), sino es la ruptura de la independencia de nuestro sistema social y de la podredumbre que está generando la progresiva “infectación” política que se ha ido colando hasta el último resquicio en nuestra sociedad.
Y con esto no estoy diciendo en absoluto que no pueda/deba haber una “orientación” según gobierne un partido más social o más conservador, ni que en este país no tengamos que ser solidario ni que se limiten los derechos sindicales ni nada por el estilo, lo que creo es que tenemos que cambiar el modelo de aportaciones:
- Para que sea independiente del “color” y la “generosidad” de sus infectos.
- Que tenga aparejado un modelo de fiscalización que haga transparente para el ciudadano los recursos que se destinan y la eficacia de los mismos.
José García Cortés
6-5-20
Políticamente Incorrecto 