QUIEN LE PONE EL CASCABEL AL GATO

INCENTIVOS PÚBLICOS PARA REDUCIR EL ABSENTISMO

Si uno es bienintencionado, la medida de incentivar que la gente que no falte al trabajo puede parecer hasta plausible si lo que se pretende es “luchar” contra el absentismo, en caso contrario, puede parecer una “compra de votos”, sobre todo si las medidas se plantean en un entorno de preparación electoral.

Hace unos días tuve conocimiento del fallo del juzgado de lo Contencioso y Administrativo número 2, quien ha desestimado el recurso de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la medida de premiar con 500 euros anuales a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Algeciras que falten menos de diez días al trabajo y que afectará a casi 700 trabajadores, con un tope de absentismo que queda fijado en el 4,5% y un coste de unos 350.000 el correspondiente al año 2018.

La verdad es que la noticia me actualiza una histórica preocupación, la del coste de nuestro sector público y de lo que recibimos a cambio los administrados.

Sinceramente me deja perplejo la decisión del Consistorio cuando además leo que no están incluidos dentro de ese concepto de absentismo:

• Faltas justificadas como los permisos por intervención quirúrgica, enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares de primer grado y hermanos.
• Vacaciones
• Permisos de paternidad o maternidad
• Accidentes laborables
• Permisos por matrimonio
• Faltas de asistencia de víctimas de violencia de género
• Realización de estudio de perfeccionamiento profesional
• Licencias sindicales
• Tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter público o personal.
• Permisos por matrimonio

¿Pero esto qué es? ¿además de todas las ausencias anteriores se premia económicamente que el resto de ausencias no justificada no pasen de 10 días al año?. Esto no hay cuerpo que lo aguante ni mucho menos, moral que lo soporte.

Uno de los argumentos que esgrime el Ayuntamiento de Algeciras (compuesto por 13 PP. 8 PSOE, 2 Adelante Algeciras, 2 Ciudadanos, 2 Vox) es que este incentivo ya se está pagando en otras empresas participadas con “buen resultado” y que, por tanto, es el momento de generalizarlo a toda la plantilla.

El absentismo y la productividad

Yo comprendo que no es fácil luchar contra el absentismo, pero me parece que los responsables de administrar la cosa pública, y no me refiero ahora solo al Ayuntamiento de Algeciras, siempre tiran por el camino más fácil. Sigo poniendo dinero sobre la mesa (generalmente dinero que no tenemos) en lugar de hacer mi trabajo y complicarme la vida con una gestión más eficiente, que se supone que para eso están.

Seguro que es injusto meter a todos en el mismo saco a la hora de enjuiciar el trabajo de la gestión pública y, estoy convencido que, en la mayoría de los casos, muchos problemas están generados por los responsables políticos de esos funcionarios, nombrados a dedo en cada legislatura como “pago” de los servicios prestados en sus respectivos partidos.

Lo cierto es que cuando hablamos de absentismo laboral en España, con datos actualizados el 18 de septiembre de 2019, según recoge Randstad, más de 1 millón de personas no acuden a su puesto de trabajo de media cada día, y entre ellas, el 73,6% se ausentaron por incapacidad temporal, mientras que el 26,4% restante (276.968 personas) lo hicieron pese a no estar de baja.

Cifras igual de contundentes aporta Adecco Group Institute en el “VIII Informe Adecco” sobre Absentismo, según el cual estamos en un máximo histórico en España: 753.000 asalariados no trabajaron en todo el año (y aumentando). El coste total del absentismo por incapacidad temporal por contingencias comunes lo cifran el año pasado en 85.140,4 millones de euros (lo que supone un incremento del 10,02% interanual), con un coste directo para las empresas que rozó los 7.000 millones de euros, mientras que el coste de oportunidad supuso 70.741,40 millones de euros.

Directivos de Addeco han calificado de «preocupante» la situación señalando que «más de 100 millones de horas al mes, unos 1.350 millones de horas al año se pierden por ausencias al puesto de trabajo», lo que supone un incremento de prácticamente 100 millones de horas respecto al periodo anterior.

¿Cuánto de realidad y cuánto de picaresca?

Pues si esto es así de duro, todavía lo podemos sazonar un poco más si añadimos que estas cifras parecen estar asociadas a una cierta picaresca (en 2018 se llegó a la cifra más alta desde 2009), puesto que se ha comprobado la existencia de patrón estrechamente ligado al nivel de actividad económica, es decir, en épocas de crisis como estamos “acongojados” faltamos menos al trabajo que cuando volvemos a levantar la cabeza, comenzamos a apreciar de nuevo lo ancha que es Castilla.

Lo que tiene guasa es que se esté considerando que estamos en una “fase de alegría” cuando todavía tenemos más de 3 millones de parados.

En el mencionado informe, el sector servicios, es el que mayor tasa registró el pasado año, el absentismo se sitúa ahora en el 5,4% (+0,3 p.p.), logrando así su máximo histórico, y registra una pérdida de poco más de 85 horas anuales. De hecho, son las actividades vinculadas al cuidado de la Salud, Administraciones Públicas y Defensa e Industrias extractivas donde se pierden más de 100 horas anuales por absentismo; mientras que Hostelería, Actividades inmobiliarias, Educación y Actividades profesionales, científicas y técnicas, a penas llegan a las 65 horas anuales.

Pobrecitos, siempre que sale el sector publico a la palestra se aprecia cómo los virus y bacterias se ceban especialmente con ellos, qué mala pata. Igual hay que ir pensando en incluir en las oposiciones ciertas revisiones médicas.

Atacar el fondo del problema: ¿nos podemos permitir este coste?

Y es que este es un poco el fondo de la cuestión, reformar y mejorar el coste y el servicio de la administración pública, lo cual comprendo que es compleja y su solución requiere de “tiento y tino”, sin entrar como un elefante en una cacharrería, pero que, en todo caso, comienza por reconocer los problemas y no por ocultarlos, ni, mucho menos, por incrementarlos, que personalmente creo que es lo que se está haciendo.

En muchos casos, y especialmente en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, se está utilizando el empleo público para cubrir parte de los problemas estructurales que tiene este País con el desempleo y con una especie de “clientelismo” financiado con fondos públicos.

Y, además, deberíamos tener presente que cuando hablamos del coste de la función pública, hay otra serie de problemas que no se abordan nunca:

1. El colectivo tiene un trato discriminatorio positivo respecto al resto de los trabajadores.
2. La percepción de la ciudadanía es que recibimos poco en relación al coste que tienen los servicios.
3. Tienen niveles de productividad (cuando se mide) más bajos que en sectores productivos

Es cierto que el debate (si existiera) sobre la idoneidad de que un país tenga muchos o pocos empleados públicos nunca tendría solución ya que cada país debe adaptar el número a su situación en función de sus capacidades económicas o técnicas.

Pero como “Spain is diferent”, aquí no lo a nuestras necesidades, capacidades económicas o técnicas sino a las voluntades políticas del/los gobiernos de turno. Si se tiene en cuenta el número de ocupados en toda España en el segundo trimestre del año, que fue de más de 19,34 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) de dicho periodo, los empleados públicos representan el 13,4% del total de personas trabajando en España.

Y todavía escuchamos de algunos políticos la cantinela de que hoy estamos por debajo de la media en número de empleados públicos respecto de Europa, lo cual me lleva a pensar que, o bien están poco informados, lo cual no tiene perdón, o bien están ocultando información a sus ciudadanos, que todavía es peor.

Es cierto que un vistazo simplista al número de servidores públicos de España con respecto a la UE arroja un número relativamente bajo respecto al conjunto, pero nunca se comenta este dato con una cierta visión de conjunto, del tipo:

• Se trata de información que compara los empleados públicos del Gobierno Central y que, por tanto, omite que actualmente, además de los gubernamentales, un 51,9% trabaja en la administración de las Comunidades Autónomas, seguido de la Administración Local, 22,17%, y las universidades (6%). Todo ello con el consiguiente despiporre de diferencias salariales por CCAA en un País en el que a la clase política se le llena la boca permanentemente hablando de igualdad:

• Por otro lado, si vemos en los cuadros siguientes que he elaborado, en los que comparo nuestro PIB Per Cápita con el resto de estados miembros, nuestra foto ya no sale tan bonita, porque resulta que España no solo está bastante por debajo de la media, sino que solo estamos 8.827 euros por encima de la media de los países que tienen menos que nosotros, y nos encontramos prácticamente a la mitad de la media de los que están por encima.

Y si nos comparamos viendo el porcentaje de deuda respecto al PIB comprobamos que tenemos el poco honroso honor de estar en el grupo de cabeza de los que tienen un mayor endeudamiento.

¿Realmente le interesa este tema a nuestros políticos?

Como resumen, yo creo que a estas alturas de curso la pregunta no es si debemos utilizar como método de “incentivar” a nuestros servidores públicos el pagar más, sino sencillamente si nos lo podemos permitir.

La respuesta casi con seguridad será como en tantas otras cosas, que el pastel está muy mal repartido, que seguramente tengamos algunos servicios públicos insuficientemente dotados y mal pagados (por ejemplo, con las Fuerzas de Seguridad del Estado, o la atención a los dependientes) y tenemos muchos, excesivos, en “puestos de confianza” y burocráticos, muy bien remunerados que no tienen ningún valor añadido o, incluso restan.

Pero me temo que a este gato no le van a poner ningún cascabel, porque recuerdo un almuerzo con un político de bastante “rango” de una Comunidad Autónoma, en el que comentaba que el problema de los funcionarios no tenía solución en España. Poco menos se escandalizó cuando yo le esbocé las directrices para hacer más eficiente su administración pública y de repente, todo su argumento fue: No, no, déjalo Pepe que son muchos votos los que nos jugamos.

Madrid, 30 de enero 2020

José García Cortés