LA REFORMA LABORAL

II Parte:  LOS FUNCIONARIOS

Con este artículo doy cumplimiento al compromiso con mi amigo Rafael de aportar mi opinión sobre una parte tan importante del mundo laboral español como son LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, sobre los que ya escribí en 2020 y ahora retomo en un nuevo “tocho”. Ya saben, feliciten las Pascuas a mi amigo Rafa.

Ya decía antaño, y ahora mantengo, que por mala prensa que tengan en España los funcionarios públicos (que la tienen), nadie con dos dedos de frente se pregunta si podemos vivir sin el sector público. Necesitamos ese entramado institucional para materializar las iniciativas de los gobernantes y las necesidades de los ciudadanos.

Pero, al menos por mi parte, creo que hay que precisar un poco el tiro (cosa que me encanta, por cierto), porque cuando se meten muchas cosas en el mismo saco, el cocido suele estar servido.

En primer lugar, que cuando hablo de funcionarios, me estoy refiriendo al colectivo, con independencia de que estén adscritos a la Administración Pública estatal, a las administraciones de las Comunidades Autónomas o a la Administración Local, al final, su coste sale del mismo bolsillo. Su sueldo ronda los 150.000 millones.

En segundo lugar, tampoco quiero entrar en el sempiterno discurso sobre si son muchos o son pocos, si tenemos más que la media europea (que los tenemos) o menos, si su coste es mucho o es poco, porque todo es relativo, pero creo que un servicio malo, siempre es caro.

Cada vez que se inicia una discusión sobre los funcionarios, se suele apelar, casi de forma inmediata, a lo más “granao” de nuestros funcionarios, a los dedicados a la enseñanza (aunque el tema de las Universidades requeriría un capítulo aparte), a los sanitarios (también para los médicos), a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas o a la Administración de Justicia.  No, no es este colectivo sobre el que creo que debamos polemizar, porque son, en mi opinión, los más abnegados, y los que, día a día nos demuestran con su trabajo el valor añadido que aportan a nuestra sociedad. Seguramente, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que, en número, aún son insuficientes y a los que tendríamos que subirles el sueldo.

Pero es que resulta que estos colectivos son minoría dentro del mundo de los funcionarios, en torno al 44% aprox. (aunque con los temas pandémicos las fluctuaciones no son pequeñas). Yo me quiero referir a la otra parte de los funcionarios, a los que pertenecen a otros ministerios, a mutualidades, centros de estudios, confederaciones hidrográficas, agencias nacionales, consejos superiores, registros, gerencias de todo tipo,…..

En absoluto quiero decir que su trabajo no sea necesario, es evidente que el funcionamiento del Estado sería inviable sin el trabajo que realizan a diario.  Ahora bien, aún estando de acuerdo en que la Administración Pública es imprescindible (una parte más que otra), parece que podemos y debemos a aspirar a que sea la mejor posible. Y la mejor posible implica:

• Que sea ágil
• Que sea eficaz
• Que sea eficiente

Una buena o mala Administración tiene un alto impacto en la vida y hacienda de los ciudadanos, tanto en los particulares como en las empresas porque no es solamente el coste que han de soportar por tener la administración, sino de las consecuencias de ineficiencias funcionariales, un coste invisible inaceptable. Y esta es precisamente la parte que yo reprocho en general a “ese otro y mayoritario funcionariado”. Sencillamente, pienso que funcionan mal.

Cuando hice los trámites legales por la defunción de mi madre, tuve que ir a recoger una serie de documentos (registros, ayuntamiento, empadronamiento,…), que me ocuparon dos mañanas, con la consiguiente pérdidas de horas laborables, solo porque las diferentes administraciones no están conectadas.

Cuando uno tarda 11 meses en recibir de la Confederación Hidrográfica una simple autorización para limpiar un pozo, uno se tiene que plantear si incumplir la normativa o dejar secar su plantación.

Cuando uno tarda más de dos años en recibir la autorización del Ministerio de Agricultura para vallar una parcela, pues se tiene que plantear si seguir con la explotación.

Cuando en mi empresa tardamos casi tres años, más una ingente cantidad de papeleo, para recibir una subvención de I+D (que era miserable por cierto en relación con la inversión realizada), a uno le entran ganas de dejar la actividad.

Y poniendo ejemplos de malos funcionamientos, tanto en el ámbito personal como en el empresarial podría estar escribiendo hasta mañana, supongo que el resto, también.

En definitiva, no se trata sólo de reducir trabas administrativas o colas para gestionar un documento, sino, además, de hacer de la Administración un agente económico y social más, porque hoy no lo es (y recuerdo que estoy generalizando). En muchas ocasiones uno tiene la sensación de que somos los administrados los que estamos al servicio de los funcionarios.

En el terremoto de Lorca, para 5.307 familias, las ayudas públicas supusieron el inicio de una maraña burocrática en la que algunas aún siguen atrapadas. El proceso de justificación de ese dinero, 32 millones de euros, se inició en 2017, seis años después de los terremotos.

Si hablamos de uno de los orgullos de este gobierno, el Ingreso mínimo vital, en 15 meses desde su puesta en marcha, se han aprobado 337.000 sobre una estimación inicial de 800.000 posibles beneficiarios y quedan casi 100.00 aun sin resolver.

También, este Estado, a través de Sepi y Cofides y las comunidades autónomas, han ejecutado un 27% de lo presupuestado a través de los diferentes fondos para ayudar a grandes empresas, pymes y autónomos.  

España ha ejecutado solo un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados en el último presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (2014-2020), el porcentaje más bajo de todo el bloque (a pesar de haber mejorado en el último año), según la última actualización de los datos publicada por la Comisión Europea.

Nuestras tasas de ejecución son muy pobres, concretamente somos el país más retrasado en la ejecución de fondos estructurales del presupuesto anterior, seguido de Eslovaquia (45%), Croacia y Rumanía (49%), Bélgica (50%) y Dinamarca e Italia (51%), Bulgaria (53%) y Polonia (55%), todos ellos por debajo de la media comunitaria, que se sitúa en el 52%. No hablemos de Finlandia (82%), Irlanda (76%), Austria (75%), ……….

Algunos ejemplos más de nuestras tasas de ejecución:

• 59% del presupuesto asignado dentro del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader),
• 58% de la Iniciativa de Empleo Juvenil
• 43% de los recursos del Fondo Social Europeo
• 35% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder),
• 35% y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP

La media que conseguimos de ejecución, desaprovechan más de 22.000 millones de euros, solo en los ejemplos expuestos, tremendo coste invisible para los ciudadanos. Y esto tiene mucho que ver con que seguimos arrastrando los pies en lo relativo a la cultura de transparencia y a la rendición de cuentas, de manera que siguen las resistencias a facilitar información pública comprometida y a la asunción de responsabilidades. Aquí podemos despilfarrar miles de millones de euros, como realmente estamos haciendo, y no se entera ni Blas.

Ahora que España es uno de los grandes beneficiados en el reparto de dinero del fondo de recuperación europea, se me abren las carnes al pensar que seamos incapaces de utilizar este dinero con la velocidad que requiere la actual situación, temor no solo respaldado por nuestros antecedentes inmediatos, sino por una encuesta realizada por EY Insights  en la que solo una tercera parte de los gestores públicos expresan tener un conocimiento notable o sobresaliente del plan. En conjunto, los participantes en la  encuesta, y llamados a gestionarlos,  se queja de que la información que se les ha proporcionado a través de las conferencias sectoriales sobre el programa NextGenerationEU es insuficiente y solo el 7% la considera adecuada.

Nuestra Administración funciona mal

No quiero entrar en una de las grandes discriminaciones entre los trabajadores españoles, la polémica “del trabajo para toda la vida” de los funcionarios. Porque, aunque pueden ser “teóricamente” despedidos, yo puedo poner en mis 45 años de vida laboral, centenares/miles de ejemplos de despedidos en la empresa privada, pero todavía no conozco ninguno del sector público. Aunque soy consciente de que la estabilidad de los funcionarios es una garantía para los ciudadanos, también creo que es perfectamente compatible con niveles de exigencia sobre la eficacia y eficiencia en su trabajo, mucho más en los tiempos actuales con los sistemas de medición que existen.

En todo caso, si antes estaba difícil el tema de los despidos de los funcionarios, ahora, con la nueva y magnífica reforma laboral que se han “trajinado” con los sindicatos, se elimina el llamado despido ETOP (siglas que responden a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), del gobierno de Mariano Rajoy, con lo cual el sector público va a tener a partir de ahora mayor inflexibilidad, si eso es posible.

Y el problema es que la tentación de todos los gobiernos suele ser la misma siempre: Necesitan sus votos y manejan una buena parte de este enorme colectivo con subidas de salarios y/o incrementos del número de funcionarios, pero nadie se atreve a realizar las reformas que realmente se necesitan, porque, una vez más en esto, su coste en votos es elevado.

Por tanto, si queremos mejorar el coste de nuestro funcionariado, cambiemos la legislación para que podamos:

1. Poner de patitas en la calle a la legión de vagos y caras duras que tenemos instalados (y que en cada centro están identificados)
2. Modernicemos las estructuras y remuneremos mejor a los que realmente trabajan y están por la labor de dar servicio a sus administrados.
3. Eliminemos los costes invisibles que sufrimos todos los ciudadanos como consecuencia de los malos funcionamientos de los malos funcionarios.

Políticos cobardes.

José García Cortés

         2-1-22