Hoy me pongo el doble gorro, economista y agricultor, para analizar el enfado que tiene el campo por los acuerdos de la UE con mercados inmensos y, también para ver qué parte tiene una base económica y cuánto tiene de nuestros propios problemas estructurales.
Lo que más se repite en las protestas es “competimos con reglas distintas”: fitosanitarios, bienestar animal, trazabilidad, costes laborales/energéticos y cargas administrativas en la UE.
Es cierto que la UE está intentando blindar el acuerdo con cláusulas de salvaguarda agrícolas (activación si importaciones o caídas de precio superan ciertos umbrales) y compromisos de seguimiento y, especialmente, para productos sensibles (vacuno, pollo, azúcar, cítricos, etc.).
El problema práctico (y aquí está el nudo) es que el campo desconfía (desconfiamos) de la capacidad real de control y de la rapidez de reacción, porque sabemos que hoy no las tienen, y si el daño llega primero y la salvaguarda llega después, para muchas explotaciones ya es tarde.
Como diagnóstico general, “el campo” es demasiado diverso para una frase única. Lo más probable con estos acuerdos es que se produzca un impacto asimétrico, es decir, estarán más expuestos algunos sectores sensibles a competencia en precio y otros menos afectados (o incluso beneficiados), pero no afectará igual a todo el campo.
Ahora bien, antes de defender medidas protectoras a toda costa, nos tenemos que preguntar: ¿nuestro campo es rentable? ¿cuáles son los problemas estructurales del campo.?
La producción total agraria (sin ayudas) está en torno a ~2,3–2,7% del PIB, por lo que no se puede considerar que en España sea un sector marginal, es estratégico en empleo rural, balanza comercial y cadena alimentaria que, además, está al nivel (o superior) que nuestros vecinos como Francia, Italia o Alemania.
La cosa cambia si lo miramos desde el punto de vista de la productividad, donde somos menos productivos, porque, en general, nuestras explotaciones son más intensivas en mano de obra (hortícolas, frutas), nuestras superficies están más atomizadas y, en consecuencia, tenemos menor mecanización comparada con la UE y más empleo por hectárea.
Es cierto que estos acuerdos pueden actuar como “acelerador” del problema “precio” si no hay controles y salvaguardas eficaces, pero nosotros tenemos varios problemas estructurales (más allá de Mercosur o la India y que el malestar del campo suele mezclar), y que hay que tener presentes, aunque éstos no hagan (de momento) inviable nuestro campo, pero sí muy sensible y vulnerable.
Problema estructural 1: Estructura empresarial: Tenemos un tamaño medio de explotación significativamente más pequeño que en Francia, Alemania o Países Bajos (donde la tecnificación es muy alta), lo cual ayuda a explicar nuestra menor productividad por trabajador, una mayor sensibilidad a costes, un menor poder negociador y una estructura interna más frágil.
En España comenzamos a ver claramente dos tipos de explotaciones: de un lado la empresarial (explotaciones capitalizadas, escala, eficiencia, integración en cooperativas) que suelen aguantar mejor y, de otro, la familiar pequeña/fragmentada (muy vinculadas a las ayudas), en la que el margen es frágil y la volatilidad muy alta. Muchas explotaciones no están compitiendo solo contra Mercosur, sino contra su propia debilidad de escala y el poder de negociación en la cadena de valor.
La fragmentación es un problema histórico en España debido a que la tierra se suele transmitir por herencia en partes iguales y, lógicamente, cada generación divide más. El resultado son parcelas pequeñas, dispersas y no contiguas, por lo que muchas pequeñas explotaciones quedan atrapadas por la baja rentabilidad. Y esto no es un problema de Mercosur.
Problema estructural 2: La atomización de la tierra que acabamos de comentar genera una lógica fragmentación de la oferta, a lo que hay que añadir en España una industria intermedia relativamente concentrada en algunos sectores y una gran distribución muy concentrada (pocos operadores con gran cuota de mercado). Esta asimetría de poder negociador es estructural.
Esto se podría solucionar con el cooperativismo, y el problema no es que tengamos pocas cooperativas, hay muchas, pero donde encontramos también mucha fragmentación porque son medianas/pequeñas, mientras que en el norte/centro de Europa (p. ej., Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suecia) suele haber menos cooperativas, pero más grandes, por procesos de fusiones que, además, realizan la integración vertical de los productos y “control de cadena”.
La mayoría de las cooperativas en España funcionan más como “almacén”, que como “empresa”, lo cual no combate la atomización.
Problema estructural 3: Costes y regulación UE (fitosanitarios, agua, emisiones, bienestar, burocracia). Aquí sucede lo mismo que con el resto de actividades, Bruselas nos tiene sometido a una cantidad de papeleo y carga administrativa brutal (y en ecológico, más).
No digo que esta carga no tenga un objetivo legítimo (seguridad, medio ambiente, consumidor…), pero cuando el coste administrativo sube (además en un segmento de población que no es precisamente la más formada), penaliza más al pequeño y te hace menos competitivo en precio frente a importaciones.
La lectura sería que, si en Europa queremos ir a un comercio más global, y un libre comercio “justo”, necesitas simplificación administrativa drástica (y digitalización útil, no más capas). Lo mismo que con las exigencias fitosanitarias, endurecidas en los últimos años y que reducen sustancialmente las herramientas agronómicas disponibles.
Por tanto, si Europa abre más, el control y la reciprocidad regulatoria deberían ser más fuertes y verificables, no solo en papel. De lo contrario, la desventaja competitiva está servida.
Problema estructural 4: Relevo generacional débil (edad media elevada del titular). Aunque la edad media de los agricultores en la UE es elevada en general, no deja de ser significativo que la media europea de agricultores con menos de 35 años suponga en 6,5% mientras que en España sea el 4% y los mayores de 65 años en Europa sea del 33% mientras que en España superamos el 40%.
Y esto es un problema, porque la edad media alta del agricultor, y su menor formación, tiene efectos directos en la productividad y competitividad porque pocos jóvenes entran en la agricultura ya que heredan explotaciones sin plan de continuidad, hay mayor atomización (división por herencia), y, en consecuencia, menos inversión en modernización.
Y me consta que hay voluntad en España por afrontar esta situación, pero el problema con el que nos encontramos es el de siempre, una administración, dispersa, nada coordinada y que actúa con voluntarismo, pero nada de eficacia.
Por ejemplo, si buscamos en mi tierra ayudas disponibles, nos encontramos con un catálogo de más de 15 distintas (porque ya me he aburrido de buscar), cada una con su convocatoria, su plazo, su papeleo, su técnico y su (supuesto) control.
Cuando hay muchas ayudas, de pequeñas cuantías, con requisitos distintos, convocatorias dispersas, distintos organismos y objetivos poco coordinados, lo que suele aparecer no es una solución estructural, sino fragmentación del gasto por parte de la administración y una picaresca exacerbada por parte del agricultor. Hoy, en el sistema establecido se incentiva “optimizar ayudas” en vez de “optimizar productividad”.
Como siempre, esto ocurre porque políticamente es más fácil crear una ayuda específica ante cada problema, anunciar un plan nuevo o responder a cada sector con su subvención que hacer una reforma estructural (laboral, hídrica, concentración, fiscal, cadena de valor…). Es política reactiva y un gasto amortiguador, no transformador, y el campo español no necesita más ayudas, necesita mejores reglas.
Problema estructural 5: La gestión del agua vs. rentabilidad de la explotación. Ya sabemos que España no es homogénea y que tenemos zonas claramente húmedas (Galicia, cornisa cantábrica), otras intermedias y amplias zonas semiáridas y áridas (Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía oriental, Aragón sur).
Y cada vez más, con mayor irregularidad climática y sequías más frecuentes. Y esto nos lleva a una verdad incómoda: No todos los cultivos son razonables en todas las zonas. La seguridad alimentaria no es solo volumen, es, o debería ser, resiliencia hídrica.
Por eso, sin dogmatismos, se deberían priorizar cultivos con mejor productividad por m³, incentivando la reconversión gradual en zonas de estrés.
Problema estructural 6: Rigidez y coste de contratar eventuales. Aquí, sinceramente, la mayor parte es problema interno (España/UE), no Mercosur.
Por las razones anteriormente expuestas, la agricultura española es intensiva en mano de obra temporal (siembra, poda, clareo, recolección) y si el marco laboral hace caro, burocrático o arriesgado contratar por horas/días/semanas, el agricultor pierde competitividad frente a terceros países con menor coste o menos carga.
En mi modesta opinión creo que las quejas de los agricultores son ciertas y justas, pero el 80% de éstas tienen su origen en problemas estructurales internos y solamente un 20% en la apertura exterior: importaciones y competencia en precio, que, cierto es, actúan como “acelerador” de debilidades internas.
El campo español no necesita más discursos ni más parches. Necesita reglas e instituciones que hagan posible la rentabilidad en un entorno abierto y exigente. La apertura comercial (Mercosur u otros acuerdos) no es por sí sola la causa del problema, pero sí puede actuar como acelerador de debilidades internas como he mencionado.
La respuesta estratégica es clara: explotaciones viables y profesionalizadas, cooperativas integradas y capitalizadas, simplificación administrativa, un marco laboral compatible con la estacionalidad, reciprocidad regulatoria en importaciones y una política del agua basada en realidad hidrológica.
En un mundo de shocks climáticos y tensión geopolítica, la agricultura no es solo economía: es resiliencia nacional. Y la resiliencia no se compra con ayudas dispersas, se construye con diseño institucional.
Y todo esto está muy bien, pero ahora mismo me levanto y me voy a mis parcelas a susurrarle a mis árboles que estamos bien “agrojodidos”, porque ni vamos a tener las reformas estructurales ni vamos a tener el control adecuado en los miles de contenedores que entran a diario por nuestras fronteras.
José García Cortés
15-2-26
Políticamente Incorrecto 