Desahucios y responsabilidad pública
Aprobado en el Consejo de ministros, pero todavía no en el Parlamento, nuestro querido líder nos deleita con una nueva medida para proteger a los más vulnerables.
He intentado obtener cifras oficiales sobre a cuantas personas/familias afecta la medida y, oh!, sorpresa, no existen. Al parecer no se pueden ofrecer cifras sobre beneficiarios potenciales, vaya por Dios.
En prórrogas anteriores de la moratoria de desahucios, las estimaciones han oscilado entre decenas de miles de hogares potencialmente protegidos, pero solo una parte minoritaria llega a beneficiarse efectivamente y la cifra real depende mucho de la capacidad administrativa y judicial de cada territorio. Lo de siempre, venta de humo.
Desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, al parecer esto no es un problema, entra dentro de la forma chapucera que tienen de gobernar. No es importante para ellos que una medida que limita derechos deba venir acompañada de una estimación clara de impacto, tanto social como económico. Aquí, esa estimación sencillamente no existe.
A este gobierno, y a sus compinches de Podemos, parece que se les olvida que la protección de las personas vulnerables es una responsabilidad del Estado (políticas de vivienda, parque público, ayudas al alquiler y servicios sociales eficaces).
Sin embargo, desde el punto de vista de equidad, se está pidiendo a actores privados que actúen como red de seguridad social sin haber elegido ese papel. No se dan cuenta que esto no solucionada nada (o muy poco) y sin embargo desincentiva la oferta de vivienda en alquiler, introduce inseguridad jurídica y sustituye políticas públicas por medidas de emergencia permanentes.
La medida tiene un origen claramente ideológico y, en consecuencia, los grandes tenedores (fondos, SOCIMIs, bancos) son vistos como actores estructuralmente desestabilizadores del acceso a la vivienda.
Y es que, en el plano discursivo, esto permite que el relato político se construya explícitamente contra los llamados “fondos buitre” y eso funciona muy bien políticamente, pero lo cierto es que en el plano normativo real no solo afecta solo a fondos, sino también a empresas medianas, propietarios no financieros y situaciones muy diversas. El discurso apunta a los fondos, pero el impacto jurídico se extiende mucho más allá. Eso es una fuente clara de inseguridad jurídica.
Creo que nadie pueda criticar la necesidad de proteger a las familias vulnerables, es imprescindible, pero hacerlo principalmente a costa de terceros privados, de forma prolongada y sin una política pública de vivienda sólida detrás, es una solución incompleta, frágil y que erosiona, una vez más, los fundamentos jurídicos e institucionales del Estado de derecho.
Pero no nos engañemos, el problema es que la ideología y su incompetencia les nubla, llevan años mostrando auténtica aversión a los propietarios de viviendas y especialmente a los fondos de inversión, lo que ellos llaman Fondos Buitres.
¿Pero, son “buitres”? Al parecer no saben que un fondo de inversión no es un agente de política social, su función es comprar riesgo cuando nadie más quiere, ordenar activos y vender o explotar cuando el ciclo cambia. Eso es exactamente lo que hicieron. Llamarlos “buitres” es comprensible desde su visión, pero no explica la crisis de vivienda, no resuelve el problema estructural y oculta responsabilidades públicas.
Es más, muchos pequeños propietarios hoy alquilan con menos seguridad jurídica precisamente porque se ha construido el relato de que “el propietario es sospechoso”.
Es posible que estos indocumentados no conozcan de la liquidez que los fondos de inversión han introducido en el mercado inmobiliario español, especialmente tras la crisis de 2008 y la intervención del “banco malo” (Sareb), que absorbió más de 50.000 millones de euros en activos inmobiliarios y créditos tóxicos de entidades bancarias como parte de la reestructuración del sector.
Posteriormente, la gestión de esos activos (que incluían miles de viviendas, suelos y préstamos) fue adjudicada en gran parte a fondos de inversión privados (a través de gestores como Blackstone, Aliseda/Anticipa e Hipoges, vinculados a fondos globales de private equity).
No existe una cifra oficial consolidada para “liquidez inyectada” en su conjunto, porque no es un dato que se publique centralmente, pero el orden de magnitud es claro: se habla de decenas de miles de millones de euros de activos inmobiliarios gestionados o adquiridos por fondos de inversión tras 2012.
La entrada de capital privado permitió liberar activos inmovilizados, convertirlos en productos habitables y ponerlos a la venta o en alquiler, lo cual evitó problemas adicionales de liquidez para bancos y contribuyó a recuperar parte de la inversión inicial.
Mi opinión profesional (que tuve oportunidad de vivir) es que, en los años posteriores a 2008–2012, el sistema financiero español estaba objetivamente colapsado con balances bancarios llenos de activos improductivos, miles de viviendas adjudicadas imposibles de absorber, y por eso se creó el Sareb, precisamente porque el Estado y la banca no podían digerir aquello y había un riesgo real de colapso financiero prolongado.
En ese contexto, los fondos (que no me resultan especialmente simpáticos) aportaron liquidez inmediata, asumieron riesgo que ni el Estado ni el mercado doméstico podían asumir, permitieron sacar activos del balance bancario y facilitaron que el sistema volviera a cumplir su función básica, es decir, crédito y solvencia. Y esto es justo reconocerlo.
Desde una perspectiva macro financiera, eso fue necesario y positivo. No porque fueran altruistas (que no lo son), sino porque el sistema lo necesitaba. Si no hubieran entrado, la limpieza bancaria habría sido más lenta, el crédito habría tardado más en volver y el coste para el contribuyente habría sido mayor.
El problema no fue su entrada, sino lo qué pasó después. El fallo no fue permitir su entrada, sino no acompañarla de una política pública de vivienda, no crear un parque público suficiente cuando había stock barato, no establecer reglas claras de salida o reconversión social de parte de esos activos.
En otras palabras, los fondos hicieron lo que hacen los fondos, pero el Estado no hizo lo que debía hacer el Estado, ya que dejó que activos comprados en momentos de depresión pasaran a un mercado tensionado sin instrumentos correctores suficientes.
Como siempre con este gobierno, la reacción social llegó tarde y mal, criminalizando al actor equivocado. La paradoja es que ahora se les reprocha haber hecho bien su trabajo. Se les pidió liquidez y la aportaron, se les pidió absorber riesgo y lo hicieron, se les permitió concentrar activos y cuando el ciclo giró, se les culpa del resultado.
En el momento en que entraron, los fondos de inversión fueron parte de la solución, no del problema. El problema vino después, cuando se confundió una herramienta financiera de emergencia con una política de vivienda inexistente.
La clave es la de siempre, la ideología vs. responsabilidad pública, ya que tiende a redefinir el conflicto (propietario vs. vulnerable), externalizar el coste de la protección social y usar la regulación como sustituto de la política pública de vivienda. Y eso no es casual, porque crear parque público cuesta dinero, requiere tiempo, trabajo, y exige asumir responsabilidades presupuestarias, mientras que limitar derechos privados tiene coste político bajo a corto plazo y alto rendimiento simbólico.
No, el problema no son los fondos, ni los propietarios de viviendas, sino la ausencia de una política pública de vivienda sólida, la cronificación de medidas excepcionales y la transferencia de responsabilidades del Estado a terceros. Igual, en algún momento ,dejan de pensar en cómo proteger tanto a los pobres y ponerse a trabajar para que no haya pobres.
¿Qué hemos hecho para merecer esto?
José García Cortés
5-2-26
Políticamente Incorrecto 