Leo en la prensa: Por parte del Gobierno: «Reforzamos un modelo basado en derechos humanos»; e líder de Vox: «agravará el colapso de la sanidad, de la vivienda y de la seguridad»; El líder del PP: «es una estratagema para “desviar la atención” del accidente de Adamuz». Todo un nivelazo por parte de nuestra clase política.
La regularización extraordinaria de ~500.000 personas (hasta ~800.000 según estimaciones de Funcas), no debería analizarse no como un gesto político aislado, sino que debiera ser una decisión de gobernanza dentro de una política a inmigración y, también de empleo.
A bote pronto, a mí me surgen un par de preguntas y muchas incógnitas:
- ¿Cómo es posible que no se sepan el número (bastante exacto) de personas cuya situación se quiere regularizar?
- ¿Cómo es posible acumular 500.000/800.000 personas “irregulares” si existe toda una normativa y un aparato administrativo para regularizar?
La respuesta parece ser incómoda, pero clara: Porque el Estado español ni tiene una verdadera política de inmigración y ni tiene un sistema de extranjería estructuralmente incapaz de absorber los flujos reales que tolera.
España tiene funcionarios y procedimientos, pero los plazos legales que deberían ser de meses se convierten en años, con oficinas saturadas y citas imposibles, los sistemas informáticos fragmentados, no interoperables y competencias también fragmentadas, extranjería, empleo, seguridad y servicios sociales que no se hablan entre sí.
El resultado es que la entrada irregular es mucho más rápida que la regularización y el descontrol que produce termina siendo “absoluto”. Como en otros ámbitos, el Estado autoriza, tolera o permite procesos que luego no es capaz de gestionar.
Y el problema es que tenemos una cosa parecida a una política inmigratoria que es de “tolerancia pasiva”, es decir, aunque formalmente el Estado no fomenta la irregularidad, en la práctica no ejecuta expulsiones, salvo casos extremos, tolera empadronamientos (incluso los fomenta), permite acceso a sanidad, educación y ayudas y mira hacia otro lado en sectores económicos concretos contribuyendo, además, al sostenimiento de la economía sumergida.
Se crea así un estatus de facto: No eres legal, pero tampoco ilegal del todo, y el resultado es sencillo: Si entras, resistes en la economía informal y el sistema colapsa, acabarás regularizado.
Pero, curiosamente, esta vez, no voy a ser yo el que critique la regularización de muchas criaturas a las que se acepta vivir en el “limbo social” (y además este país necesita), pero sí tengo que criticar que se adopten decisiones parciales sin mejorar el sistema de gestión, porque el Estado decide, pero las CCAA atienden, los ayuntamientos gestionan la convivencia y las ONG sostienen el día a día, pero el resultado es que, en este batiburrillo de competencias, nadie ve el acumulado real hasta que explota.
Y ahora queda ver cuál es el resultado real de la medida (si es que alguien se compromete a evaluarla en el tiempo, cosa que dudo), porque al ofrecer la regularización masiva teniendo en cuenta que las diferentes ayudas que puede recibir una persona, Estado, CCAA, Ayuntamientos, ONG’s… que no están integradas, habrá muchas personas (solo por razones de supervivencia), que no les “renta” acceder a un sistema en el que empiezan a pagar impuestos, o bien que sus empleadores no estén dispuestos a asumir las nuevas cargas que le origina. El tiempo lo dirá.
Pero, además, para que una regularización de este tipo sea buena (para el inmigrante y para el país), el Estado debe corregir las distorsiones del mercado laboral que tenemos y que no son pocas. Porque alguien se preguntará (yo me lo pregunto), ¿cómo es que teniendo 2,4 millones de españoles en el paro necesitamos inmigrantes? Pues porque tenemos un elefante en la habitación que nadie se atreve a espantar. El problema de España es que no sólo hay que reformar nuestra política de inmigración para que sea eficiente, es que con los nacionales tenemos un problema real de paro que tira de espaldas y nadie lo aborda.
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del “paro oficial” nos referimos siempre a el paro según la EPA (Encuesta de Población Activa), no al número de personas que cobran subsidios, y en la última asciende a 2.477.100 personas, la mejor en mucho tiempo para regocijo de mucha gente (datos que personalmente yo no me creo teniendo en cuenta el trilerismo existente).
La EPA mide que una persona está en paro si no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia, ha buscado empleo activamente y está disponible para trabajar de inmediato. Da igual si cobra subsidio o no y da igual si está inscrita en el SEPE o no. Es una definición estadística internacional, comparable con Europa (Eurostat).
Pero el problema es que cuando se quiere estudiar en serio el problema laboral de un país, hay que tener en cuenta que el paro oficial deja fuera a mucha gente que podría trabajar, pero que no aparece como “parada”, pues además de los parados “oficiales”, hay cuatro grandes grupos de personas infrautilizadas:
A) Personas que trabajan menos de lo que querrían, es decir, subempleo (ejemplo, alguien con contrato de 10–15 horas, que quiere jornada completa, pero tiene que aceptar lo que hay. Tiene trabajo, pero no suficiente.
B) Personas disponibles, pero que han dejado de buscar (ejemplo: han buscado durante años, pero se han desanimado pero que, si mañana les llaman, aceptarían). Podrían trabajar, pero ya no buscan (y por eso no cuentan como parados).
C) Personas que buscan, pero no pueden incorporarse “mañana” (ejemplo, los que realizan cuidados familiares, o tienen problemas con su documentación legal o por falta de conciliación…). Quieren trabajar, pero el sistema no se lo permite aún.
D) Personas en economía sumergida (personas que cobran ayudas y trabajan “en negro” algunas horas pero que si regularizan su situación laboral aparecerían como ocupados). No cuentan como parados, pero tampoco como empleo real.
Desde un punto de vista algo más técnico, esto es lo que se denomina “holgura” del mercado laboral (toda la gente que podría trabajar más o mejor, pero no lo está haciendo por fallos del sistema). Eurostat mide la labour market slack (holgura) como: desempleo + subempleo a tiempo parcial + “disponibles no buscan” + “buscan, pero no disponibles”. Y resulta que, en 2024, España es el país con más slack de la UE: 19,3% de la “fuerza laboral extendida”. En otras palabras, es el “desperdicio” de capacidad laboral de un país.
Mientras que la media de la Unión Europea mantiene en torno al 10% de su capacidad laboral infrautilizada, España prácticamente la duplicamos. Esto significa que nuestro problema es muy grave, porque además del desempleo visible, existe un volumen muy elevado de personas que trabajan menos de lo que desean o que han quedado desconectadas del mercado laboral por fallos de incentivos, intermediación y diseño institucional.
Por tanto, cuando hablamos de “reservorio activable”, estamos diciendo que hay la friolera cifra de 4,8 millones de personas que ya quieren trabajar más, pero el sistema no se lo pone fácil. No es un invento, son personas reales que padecen una administración que no conecta empleo, ayudas y control. ¿Nadie se pregunta por qué la media europea, con los mismos medidores, está a la mitad que España?
No es que falte gente para trabajar. Falta un sistema que haga rentable, sencillo y coherente trabajar: Y ahí está el punto incómodo, porque políticamente “duele” poner en marcha los mecanismos, y porque muchos beneficios de activar ese reservorio no aparecen en los Presupuestos (aparecen en la vida real de la gente) y por eso los gobiernos los infravaloran.
No es realista pensar que se pueda activar el 100% del slack. Pero sí es razonable (con reformas de incentivos, control e intermediación) pensar que, en un escenario conservador (4–5 años) se puede:
- Reducir paro de larga duración en 20%, lo que implicaría ~220.000 empleos.
- Aflorar y formalizar economía sumergida / compatibilidades irregulares en sectores clave (vía control + incentivos) con ~300.000/500.000 empleos formales acumulados.
- Absorber parte del “no paro” (disponibles/infratrabajo) en 10% que supondrían otros ~200.000 empleos.
Es decir, estamos hablando de un potencial activable de entre ~700.000/1.000.000 de empleos formales adicionales (en 4–5 años).
Aun así, tendríamos que dar la bienvenida a que se incorporen a este proceso a los inmigrantes, porque nuestro envejecimiento acelerado y el sostenimiento de nuestras pensiones lo requieren, pero si no se cambia el sistema del empleo en general, no solo en lo relativo a la inmigración, lo que tenemos es otra vuelta más a este ovillo de “des-gestión que padecemos.
Y, mientras, nuestros políticos diciendo gilipolleces en los titulares y peleándose en el Parlamento. Que Dios nos pille confesados.
José García Cortes
29-1-26
Políticamente Incorrecto 