Hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que había pensado en dimitir, pero que entendía que no debería arrojar la toalla y se limitó a presentar una serie de medidas anticorrupción que, algunas ya existen y las otras, por supuesto, no adoptará:
1 – Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción
2 – Protección a los denunciantes de corrupción
3 – Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción
4 – Recuperación de los bienes robados mediante la corrupción
5 – Generación de una verdadera cultura de integridad
Tiene narices que una persona que se ha estado beneficiando del negocio de prostitución de su suegro, y que ha permitido los libertinajes de su mano derecha en el partido, ahora diga que va a poner una serie de cursillos de formación sobre el acoso y la prostitución. Lo siento, pero siempre me acuerdo de Federico Trillo: “manda huevos”.
A mí, después de escuchar al cara dura de nuestro presidente, se me ocurren dos reflexiones:
- Entonces, ….. ¿qué demonios ha estado haciendo durante todos estos años de gobierno?
- Y segunda reflexión ¿qué entiende él como corrupción?
Según la RAE,
- f. Acción y efecto de corromper o corromperse. putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación.
- f. Deterioro de valores, usos o costumbres. corruptela, deshonestidad, depravación, perversión, vicio, envilecimiento,
- f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. soborno1, cohecho, compra, coima1.
Nuestro no querido presidente intenta reducir el problema de la corrupción a los asuntos denunciados por la UCO sobre Ábalos y Cerdán, pero no considera que se pueda entender también como corrupción aquellos actos de los políticos o los funcionarios que no cumplen con lo que habían prometido a su ciudadanía antes de ser elegidos, con lo cual entramos en una perspectiva ética y política, es decir, ¿el incumplimiento sistemático de promesas electorales, que puede considerarse una forma de corrupción blanda o simbólica, aunque no sea legalmente punible?.
El incumplimiento de las promesas electorales o la dejación de funciones de gobierno en beneficio de sus idearios políticos o partidarios rompe un contrato (que, aunque no legal, desgraciadamente) moral con el votante, utiliza la confianza ciudadana como medio para el poder y desgasta la legitimidad democrática, erosionando la legitimidad institucional y generando frustración social, con la consecuente desafección política que ello provoca.
Es cierto que el ordenamiento jurídico no sanciona el incumplimiento de promesas electorales, porque no hay forma de garantizar su cumplimiento realista o bien se justifican porque las circunstancias políticas y económicas pueden cambiar.
Pero, lo de Pedro Sánchez creo que, desde un punto de vista ético y político, puede considerarse corrupción grave . Desgraciadamente tenemos a un tipo que:
- Falseó su cátedra
- Manipuló los votos para ganar las primarias a nivel nacional y en Andalucía
- Ha incumplido sistemáticamente sus promesas electorales (no excepción), para conseguir sus intereses privados.
- Ha buscado todos los recovecos de la Constitución para ampliar su poder con la Abogacía del Estado, Fiscalía, medios de comunicación…
- Ha ocupado sistemáticamente todas las empresas públicas para colocar a palmeros que le respalden.
- Tiene imputados o en la cárcel a su esposa, a su hermano y a las principales personas de su confianza
- …….. Y necesitaríamos varios folios más para describir todas las deleznables actuaciones de este corrupto que nos gobierna.
Todo esto a costa del desgobierno del país, porque realmente no hay nadie a los mandos para gestionar nuestras necesidades reales como ciudadanos.
Lo que sí está haciendo realmente bien, y gracias a ello está consiguiendo mantenerse en el poder, es aplicar sistemáticamente las técnicas propagandísticas de Goebbels (salvando las distancias históricas), reduciendo el discurso a consignas fácilmente memorizables, diciendo muchas veces lo mismo para que se asuma como verdad, ridiculizando al oponente sin debatir sus ideas y, sobre todo, usando el miedo de que viene la derecha, como si éstos fueran cocos que se comen a los niños por los pies.
Pero un delincuente generalmente no puede actuar solo, necesita de otros delincuentes para poder llevar a cabo sus fechorías. Así el resultado de las últimas elecciones les permitió pactar con separatistas y golpistas en Cataluña a quienes compra sus votos por las módicas prebendas:
- Una Ley de Amnistía para el “procés”, que por cierto, ha tenido que arrastrar hasta el Constitucional para buscar el apoyo de otro corrupto político como es Pumpido (que ya tuvo su entrenamiento con otros casos como el sangrante de los ERES de Andalucía).
- Una financiación singular para Cataluña, para que pueda recaudar íntegramente sus impuestos como ocurre en Euskadi y Navarra.
- Transferencias plenas de Rodalies y la gestión del aeropuerto de El Prat.
- Promesas de que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la UE (que, por cierto, le ha enseñado el dedo en sus últimos intentos).
- La creación de una mesa de diálogo político con mediación internacional para abordar el final del conflicto catalán. Ya lo siento, de nuevo Trillo: Manda huevos.
Pero, amigo, estos delincuentes no son suficientes, también necesitan a los vascos, a los que:
- Han realizado la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social.
- Han asumido el compromiso para completar los traspasos pendientes del Estatuto de Gernika (ferrocarriles, becas…)
- Avance hacia que Euskadi recaude directamente sus propios impuestos (concierto económico ampliado)
- Promoción institucional del euskera en la UE y en el exterior, con apoyo oficial
- Ayudas al consorcio vasco (Finkatuz) para participar en la compra de Talgo, con respaldo del Ejecutivo central.
- Subvenciones y flexibilización para proyectos renovables y electrointensivos.
- Competencia autonómica sobre los presos etarras que han dado como resultado que 41 hayan sido clasificados en tercer grado penitenciario especialmente bajo criterios administrativos, no judiciales .
A esto le tenemos que añadir que Pedro Sánchez ha tenido que tragar con leyes que sus socios/compinches les ha exigido como:
- En la etapa de Unidas podemos con la Ley del solo si es si (que, por cierto, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) arrojan cifras globales mayores: más de 1.200 rebajas de pena y 121 excarcelaciones tras aplicar la ley) ,
- La Ley Trans, que permite que una criatura de 16 años (que requiere de autorización de los padres para hacer una excursión con el colegio), le permita inscribir libremente un cambio de sexo y que ha abierto la puerta a infinidad de fraudes en las oposiciones en las que se requieren pruebas físicas, o en la violencia de género o en la solicitud de subvenciones solo para mujeres, o en el ámbito deportivo,….,
- O en la Ley de Memoria Democrática (Presentada en el Parlamento por Bildu, no te lo pierdas), con la que se crea una fiscalía específica, El Estado asume la responsabilidad directa de buscar, identificar y exhumar a desaparecidos del franquismo con financiación pública, que se centra exclusivamente en las víctimas del bando republicano y que tiene ramificaciones importantes a la hora de introducir sesgos en materias de educación o de reconocimiento de la nacionalidad a hijos, nietos y bisnietos de exiliados republicanos.
- Y como estas, un buen puñado de otras que no suponen más que despropósitos que no han aportado nada más que imposiciones ideológicas y ahondar en la división de la población española.
No me gustaría olvidarme del cambio llamativo en las relaciones España-Marruecos, en la que podemos trazar una línea temporal interesante:
- Abril 2021 : España acoge en secreto a Brahim Gali, Marruecos lo consiera una diplomática. Mayo 2021: asalto masivo a la frontera de Ceuta (más de 10.000 personas), Mayo–Junio 2021 – Espionaje con Pegasus. Marzo 18, 2022 – Giro en la postura sobre el Sáhara,Pedro Sánchez envía una carta al rey Mohamed VI de Marruecos calificando su plan de autonomía para el Sáhara como «la base más seria, creíble y realista». Abril–Julio 2022 – Sánchez visita Rabat. España y Marruecos firman una hoja de ruta diplomática para reforzar relaciones y Argelia reacciona cortando parcialmente relaciones comerciales con España por el apoyo al plan marroquí.
Seguramente no tenga nada que ver, y solo sea que uno es mal pensado a veces, pero desde lo de Pegasus existe evidencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez, ha incrementado notablemente su apoyo económico al país vecino, especialmente para políticas de control migratorio y cooperación estratégica: se estima que España ha aportado cerca de 1.000 millones € en ayudas, subvenciones y préstamos a Marruecos
- 157 M € en subvenciones directas al Ministerio del Interior marroquí, incluyendo más de 35 M € en equipamiento (4×4, drones…)
- Al menos 118 M € dedicados a drones, cámaras térmicas, vehículos, visores nocturnos… desde 2019
- 8,6 M € destinados a la compra de 130 todoterrenos equipados para control de fronteras
- Un crédito de 750 M € aprobado en febrero de 2025 para financiar la compra de trenes a la empresa vasca CAF por parte de Marruecos
- La ayuda al desarrollo se duplicó de 25,5 M € en 2021 a 51,5 M € en 2022
La falta de ética de Pedro Sánchez y su ambición por ocupar el poder le ha llevado a pactar con una serie de individuos, mansos y dóciles ante todas estas situaciones, pero que obtienen pingues beneficios como contraprestación apoyando al corrupto a costa de generar desigualdades entre los españoles y una división en la sociedad que no se conocía desde la Guerra Civil. Todos son, a mi juicio, delincuentes políticos
Corrupción, por tanto, debemos entenderla como el uso indebido del poder público para obtener un beneficio privado, generalmente contrario a la ley, o al menos, al espíritu de concordia que nos dimos en nuestra constitución. Y esto lo encontramos perfectamente recogidos en las definiciones de la RAE o Transparencia Internacional (organización no gubernamental (ONG) creada en 1993 con sede en Berlín), quien nos avisa que España ha registrado una caída notable en percepción de transparencia durante los últimos años, pasando de 62 puntos en 2019 a 56 en 2024, cayendo al puesto 46 entre 180 países.
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Existe por tanto una corrupción invisible, puesto que hay actos que aun no estando tipificados como delitos, son claramente inmorales, opacos o en perjuicio del bien común.
Creo que un servidor público está sujeto a valores que deben ser superiores a los de la ética individual, como son la responsabilidad con el bien común, la transparencia activa y el sometimiento el escrutinio del ciudadano, incluso más allá del juicio penal, porque sus decisiones afectan a toda la colectividad. La transparencia, la ejemplaridad y la rendición de cuentas no son virtudes opcionales, sino deberes democráticos. La utilización de privilegios institucionales para beneficio personal, aunque no infrinja la ley, es una forma de corrupción moral.
Una sociedad democrática madura no debería conformarse solo con evitar delitos: debe aspirar a una cultura pública íntegra, donde la corrupción no sea solo la que se castiga, sino también la que se señala, corrige y evita, incluso cuando la ley guarda silencio.
Es cierto que la palabra «corrupción» evoca, de forma inmediata, la imagen de sobres ocultos, contratos amañados y políticos siendo juzgados por tribunales, sin embargo, esta definición, aunque es precisa desde el punto de vista legal, resulta estrecha e insuficiente desde una perspectiva ética. Existen muchas formas de actuar que, sin infringir ninguna ley, erosionan la confianza ciudadana, pervierten el sentido del servicio público y lesionan el interés general. ¿Podemos hablar, entonces, de una corrupción que no se castiga? La respuesta es afirmativa.
La llamada «corrupción invisible» o «corrupción legal» hace referencia a aquellas prácticas institucionales o personales que, sin constituir delito penal, resultan contrarias a los principios de transparencia, equidad y honestidad. Cuando esto no ocurre, la corrupción se instala en la vida pública, aunque no sea perseguida por jueces ni fiscales.
El daño que está haciendo Pedro Sánchez y sus compinches con esta corrupción no penal es profundo. Genera desafección política, cinismo social y debilitamiento de la democracia. Cuando el poder se ejerce sin límites éticos, la ciudadanía deja de confiar en sus instituciones, porque sin confianza, no hay participación ni sentido de pertenencia colectiva y convierte el voto en una herramienta vacía y la representación en una farsa. Si además las promesas se formularon con conocimiento de su inviabilidad o con el propósito de manipular al votante, estaríamos ante una forma de engaño institucionalizado.
En conclusión, la lucha contra la corrupción no puede limitarse a lo que el código penal sanciona. Es necesario ampliar la mirada y considerar también aquellas prácticas que, sin ser delito, vacían de contenido ético la vida pública. Porque la verdadera regeneración democrática empieza por reconocer que la corrupción más peligrosa no siempre es la que se castiga, sino la que se tolera.
Tras la aprobación en diciembre de 2022 de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno, en la que se eliminó el delito de sedición (por el que estaba procesado Puigdemont) y se reformuló la malversación, diferenciando entre enriquecimiento personal y desvío presupuestario sin lucro, el Juez mantiene la orden de procesamiento por malversación de caudales públicos al considerar que, hubo uso ilícito de fondos públicos para organizar el referéndum (contratación de servicios, papeletas, publicidad…),
“La reforma del delito de malversación no despenaliza la conducta de quienes emplean fondos públicos de forma arbitraria, con fines contrarios al ordenamiento, aunque no exista lucro personal.”
Y yo me pregunto: ¿no es malversación de caudales públicos todo lo que está haciendo Pedro Sánchez para “comprar los votos que necesita para mantenerse en el poder?. Ahí se lo dejo Sr. Juez.
Y este artículo podría seguir y seguir hasta conformar un buen libro (cosa que no descarto) pero no quiero terminar sin expresar la honda preocupación que me genera cuando comparo nuestra situación con la caída del imperio romano, a cuya lectura reconozco que estoy muy “enchufado” últimamente.
Historiadores modernos coinciden en que fue un proceso complejo, largo y multifactorial que no puede explicarse con una única causa, y que se trató de un colapso sistémico influido por factores internos y externos que se fueron acumulando durante largo tiempo, entre los que destacaron tres: 1.- La presión de los pueblos bárbaros, 2.-Una decadencia institucional y pérdida de valores cívicos, con una escasa participación ciudadana y un aumento de la corrupción administrativa y el clientelismo sus profundas crisis políticas y debilitamiento del poder hasta que el sistema se volvió ingobernable y 3.- Y una división del imperio en dos mitades (Diocleciano).
Hoy en España no tenemos invasión de bárbaros en nuestras fronteras, pero tenemos una inmigración desmelenada, sobre la decadencia institucional y la pérdida de valores cívicos no hace falta que siga, y respecto a la división de España en dos mitades ya se vienen empeñando intensamente estos corruptos desde la época de Zapatero, otro corrupto político, por cierto.
Nuestro querido capitán, como él se ha autodefinido, no quiere abandonar el barco (espero que no sea como en Paiporta) pero ¿a qué barco se refiere? ¿al del poder?. Porque debería saber que el barco es España, y en él vamos todos, no solo los que le votan (por motivos lucrativamente comprensibles), por lo que tiene la obligación de llevarnos a buen puerto a todos. Y ahora sí que termino porque es muy tarde y nuestro capitán no ha desayunado.
José García Cortés
12-7-25