El envejecimiento poblacional, la baja natalidad y la creciente longevidad plantean desafíos significativos para mantener el equilibrio financiero del sistema de pensiones. Esta preocupación que tengo por la sostenibilidad del sistema de pensiones en España y Europa es compartida por numerosos expertos y organismos internacionales.
En mi modesta opinión, solo veo dos soluciones clave, como son la implementación de políticas migratorias efectivas y la apuesta por la robotización y el aumento de la productividad.
Se proyecta que para 2050, más del 30% de la población española tendrá más de 65 años, lo que aumentará la tasa de dependencia y ejercerá presión sobre el sistema de pensiones (y esto lo sabe el gobierno de sobra). Por ende, el gasto público en pensiones, según proyecciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España alcanzará el 12,4% del PIB para entonces.
La inmigración puede desempeñar un papel crucial en la sostenibilidad del sistema de pensiones si se gestiona de manera efectiva, pero resulta que en España muchas regularizaciones responden a presiones humanitarias o sociales, no a criterios de cualificación profesional o planificación económica. De facto, la Ley de Extranjería actual (reformada en 2022 para facilitar el acceso al empleo) no distingue eficazmente entre inmigración cualificada y no cualificada y, además (también en esto), hay burocracia excesiva en los procesos de arraigo, permisos de trabajo y homologación de títulos.
Tenemos un montón de funcionarios y, a pesar de ello, El sistema no hace un seguimiento efectivo de la formación o experiencia previa de quienes llegan, ni de su adaptación cultural o lingüística (el aprendizaje del español no siempre es obligatorio ni promovido activamente), por lo que se favorece la dependencia de ayudas sociales, en lugar de incentivar una contribución activa al sistema.
Si miramos a otros países (que no sean Venezuela, Cuba,… de los que tantos gustan estos gobernantes), vemos, por ejemplo, que Canadá utiliza un sistema de puntos para evaluar a los solicitantes de inmigración, considerando factores como edad, educación, experiencia laboral y habilidades lingüísticas. Los candidatos deben alcanzar un mínimo de 67 puntos para ser elegibles, priorizando la inmigración de trabajadores en ocupaciones con alta demanda, como tecnología, ingeniería y salud. Todo ello, sazonado con un sistema Express Entry que permite procesar el 80% de las solicitudes en seis meses o menos, facilitando una integración rápida de los inmigrantes al mercado laboral.
O Alemania, que ha implementado procedimientos para reconocer las cualificaciones profesionales extranjeras, permitiendo a los trabajadores cualificados integrarse en el mercado laboral alemán, exigiendo un nivel mínimo de competencia en alemán (nivel A2 del MCER) para facilitar la integración y comunicación efectiva en el entorno laboral o acuerdos bilaterales con países como Colombia y Uzbekistán para atraer trabajadores cualificados y gestionar la migración de manera más eficiente.
España carece de un programa real, con pacto de estado, que limita la integración efectiva de los inmigrantes que contribuya al crecimiento económico y a la sostenibilidad del sistema de pensiones en lugar de mantener y fomentar, una miríada de chiringuitos, al amparo del “Programa de Atención Humanitaria”, proporcionando asistencia básica (alojamiento temporal, alimentación, atención médica de urgencia) a personas migrantes sin discriminación. Una política de inmigración inteligente no puede basarse solo en la acogida: debe combinar derechos y deberes.
Precisamente, para los trabajadores más cualificados, en España, el proceso de homologación de títulos extranjeros (regulado por el Real Decreto 889/2022), se establece un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes. Sin embargo, en la práctica, este plazo suele estar en torno a los dos años o más (pese a las recomendaciones de la UE de que sean dos meses), debido, entre otros factores, a la escasez de funcionarios dedicados a la tramitación de estos expedientes (vaya por Dios, resulta que no tenemos funcionarios suficientes), mientras que en Alemania está entre 3 y 6 meses o en EEUU entre 4 y 8 meses.
Y respecto al segundo eje, para que España mejore su posición en productividad y robotización, las actuaciones , según los expertos y fuentes como Eurostat, OCDE, INE., deberían centrarse en:
- Inversión en Tecnología: España invierte un porcentaje de su PIB equivalente al 1,49% del PIB, (del que el sector empresarial fue responsable del 56,4% frente al 17,8% del gobierno) por debajo del promedio de la Unión Europea (UE), que se sitúa en el 2,22% y ni que decir tiene respecto al 4,85% de Corea del Sur, al 4,93% de Israel, el 3,59% de EEUU, 3,41% de Japón, 3,10% de Alemania,….
- Formación y Cualificación: España ha recibido ingentes fondos de la Unión Europea para impulsar la digitalización y la formación. Pero, cachis, con un gobierno que presume de transparencia, no se conocen datos sobre el porcentaje del dedicado a implementar programas de formación para mejorar las habilidades de la fuerza laboral y adaptarlas a las necesidades de la economía digital.
| Apoyo a la Innovación: En 2023, España destinó el 1,49 % de su Producto Interior Bruto (PIB) a actividades de investigación y desarrollo (I+D), (el 56,4 % por parte del sector empresarial), mientras que, y ya sabemos que las comparaciones son odiosas, Israel el 6%, Corea del Sur el 5%, EEUU el 3,6%, Alemania el 3,1% la UE el 2,2%,….. |
- Políticas Públicas Efectivas: El sector público español alcanzó algo más del 2,8 % del PIB en 2024, (el 56,4 % correspondió al sector empresarial), frente al 6% de Israel, el 5% de Corea del sur, el 3,6% de EEUU, el 3,4% de Japón, el 3,1% de Alemania,…..
La verdad es que los números son cabezones, pero, claro, se me olvidaba, esto no tiene importancia porque “España va como un cohete”. Lo que no sabemos es hacia dónde.
José García Cortés
25-5-25
Políticamente Incorrecto 