Ayer recordaba Pedro J. Ramírez que cuando le preguntaron a Felipe González, al ganar las elecciones, en qué consistía el cambio, el ya presidente respondió: El cambio consiste en que España funcione, anteponiendo la eficiencia a la ideología.
Si el gran apagón que hemos sufrido hubiera sido fruto de un ciberataque, el tema es muy grave porque pondría de manifiesto que no disponemos de los mecanismos de defensa suficientes para impedir que suframos un impacto tan tremendo sobre nuestra economía y nuestras vidas como es la falta de suministro. Y, si finalmente, como llevan meses anunciando, y ahora vuelven a apoyar los especialistas, obedece a fallos en nuestro modelo energético, es igual o más grave si cabe.
En un contexto de transición energética, digitalización y dependencia cada vez mayor de fuentes renovables, la estabilidad de la red es más frágil de lo que parece, ya que la integración acelerada de energías renovables como la solar y la eólica aporta sostenibilidad, pero también inestabilidad si no se acompaña de sistemas de almacenamiento eficaces.
Como ocurre con nuestra red ferroviaria y otras muchas cosas, muchas líneas de transmisión y subestaciones tienen más de 40 años. Las inversiones en mantenimiento han sido irregulares, generando cuellos de botella y puntos vulnerables. También la digitalización de las redes y la telegestión las expone a ciberataques, por lo que un fallo informático o sabotaje puede tener efectos cascada en toda la red, todo ello unido a que España está insuficientemente conectada con el resto de Europa eléctricamente, lo que limita la posibilidad de recibir apoyo externo en situaciones de crisis.
Los expertos conocen perfectamente las claves para disponer de un sistema eléctrico más robusto, y que, al parecer, nuestros políticos ignoran por razones ideológicas. Aquellos manifiestan que no puede haber una verdadera transición ecológica y digital (que nadie discute) sin el diseño de un sistema más equilibrado que el que está llevando a cabo el gobierno en la actualidad.
En España, como en otros países europeos, el impulso acelerado de las energías renovables está siendo guiado por criterios ideológicos o simbólicos, ignorando los estrictamente técnicos o económicos, lo cual genera desequilibrios, como estamos pudiendo comprobar. Se ha desincentivado casi por completo el uso de energía nuclear, pese a que no emite CO₂, no hay debate serio sobre nuevas centrales térmicas de respaldo, incluso temporales, y se han lanzado a una apuesta masiva en solar y eólica, sin acompañarse del almacenamiento suficiente o de una red flexible.
Lo cierto, es que, aunque las renovables son baratas por kWh, la inversión en red, almacenamiento, gestión y respaldo puede ser muy alta, por lo que al final, esto lo paga el consumidor, vía tarifa o impuestos y, además, nos hace más vulnerables.
Como en otros aspectos clave en nuestra sociedad, es razonable pensar que en España el entusiasmo por lo “verde” está guiado en parte por razones ideológicas y políticas, no siempre por criterios técnicos, lo cual no invalida el camino hacia la descarbonización, pero sí advierte que una transición energética eficaz no puede construirse desde el dogma, sino desde el equilibrio, el rigor técnico y la visión de largo plazo.
Se me viene a la cabeza el paralelismo de esta situación con la de la Ley del “solo sí es sí”, que modificó el sistema de penas del Código Penal, y que tuvo como más de 1.200 reducciones de condenas y excarcelaciones no previstas, porque no se midieron bien los efectos retroactivos de la reforma penal. Error técnico con raíz ideológica que ignoró las advertencias de jueces y juristas.
Qué lejos está Pedro Sánchez de Felipe González, del que sí creo que tuviera verdadero interés en que España funcionara. Este señor que gobierna ahora nuestras haciendas y nuestras vidas está volcado en legislar «cara a la galería ideológica» y a sus propios intereses en detrimento de trabajar el fondo de las reformas que son necesarias, por ejemplo, en energía, judicial, educativa, seguridad,….?, tesis que cada vez es más compartida entre juristas, economistas, analistas políticos e incluso dentro de algunos sectores institucionales. Se prioriza el relato, el impacto simbólico o mediático sobre la calidad técnica, el consenso duradero y la eficacia real de las reformas.
Es desalentador dar un repaso a lo que está ocurriendo en nuestro país, por ejemplo en Justicia,, con reformas (o intentos) en el CGPJ, el Constitucional o el sistema de elección de jueces más orientadas a controlar el poder judicial que a garantizar su independencia o Leyes como la del “sí es sí” o la reforma de sedición/rebelión, aprobadas sin consenso institucional ni técnica jurídica sólida.
O como, por ejemplo, lo que ahora nos ocupa, en Energía, con una apuesta “todo a renovables”, sin suficiente planificación en respaldo firme, almacenamiento o equilibrio de red y el cierre planificado de nucleares sin alternativa estructural establecida.
O bien en Educación, con reformas como la LOMLOE (Ley Celaá) centradas en lenguaje inclusivo o ideología educativa, con una falta de atención al fracaso escolar real, FP cualificada, inglés, STEM…mientras la calidad y exigencia académica sigue cayendo.
O bien en materia de Seguridad e inmigración, donde el debate sobre ocupaciones ilegales, menores extranjeros no acompañados (MENAs) o delincuencia organizada se ha polarizado ideológicamente, sin abordajes técnicos ni reformas procesales efectivas.
Y así podríamos seguir sin parar, con una fatiga institucional sin precedentes y un desprestigio de nuestros gobernantes desconectados de los problemas reales con cambios precipitados o mal redactados generan litigios, caos y contradicciones normativas, convirtiendo la política en teatro, no en solución.
Mi querido amigo y maestro Pepe Corral siempre decía que los directivos tenemos que “arar hondo”, por lo que gobernar con profundidad supondría escuchar a expertos, técnicos e instituciones independientes, construir consensos a medio plazo, incluso con la oposición, medir las consecuencias sociales, económicas y jurídicas antes de legislar y establecer prioridades basadas en datos reales, no solo en agendas ideológicas.
Sí, en España se está legislando con demasiada frecuencia “para la galería”, en lugar de hacerlo con vocación de permanencia, profundidad y consenso y esto pone en riesgo la calidad democrática y la eficacia institucional a largo plazo.
En democracia, legislar o planificar solo con ideales puede ser tan irresponsable como hacerlo solo con intereses y, me temo, que están ocurriendo las dos cosas. Qué Dios nos pille confesados.
José García Cortés
1-5-2025
Políticamente Incorrecto 