Hasta ahora he analizado, y criticado, la gestión de Sánchez desde el punto de vista económico y, que, como resumen, solo puedo calificar como deficiente y trilero. Hoy el foco lo centro más en su gestión política.
Comienzo con su actuación dentro del PSOE (que siempre fue un partido con estructura orgánica fuerte), y, si bien decir que Pedro Sánchez ha «liquidado la gestión democrática del PSOE» es una afirmación fuerte, no está fuera del marco de lo que muchos observadores, exdirigentes del partido y analistas políticos han venido señalando en los últimos años. Hay argumentos sólidos para pensar que ha habido una transformación profunda del PSOE bajo su liderazgo, con una concentración de poder sin precedentes en la figura del secretario general, es decir, en él mismo.
Desde que fue defenestrado en 2016 y luego volvió en 2017 ganando las primarias, Sánchez redefinió el liderazgo, lo convirtió en un mandato directo de la militancia, no del aparato. Tras su regreso, limpió la estructura del partido de críticos, y centralizó la toma de decisiones en un círculo muy reducido, con personas como Iván Redondo (antes) o Félix Bolaños (ahora).
Las grandes decisiones estratégicas (pactos con independentistas, la ley de amnistía, cambios en la Constitución, relaciones con Bildu, reformas judiciales) no se debaten realmente en los órganos del partido. Hay disciplina de voto absoluta, y las voces críticas han sido marginadas o silenciadas, lo que ha provocado que muchos críticos internos han abandonado la primera línea o directamente han sido expulsados del debate (Lambán, Leguina, Nicolás Redondo, Page en los márgenes, etc.).
Si, podríamos decir que Pedro Sánchez ha transformado el PSOE en un partido presidencialista de facto, con una estructura hiperliderada, donde el debate interno ha sido reducido a su mínima expresión, lo cual, para muchos socialistas históricos supone una “liquidación” del partido.
Por otro lado, nuestro señorito, después de haber perdido las últimas elecciones, vio claramente la posibilidad de seguir gobernando con partidos independentistas y con exetarras. Este tema sigue levantado bastante revuelo dentro y fuera de España, especialmente en el contexto europeo, donde se observa con atención tanto el fondo como la forma de esos pactos y, aunque la Comisión Europea ha evitado pronunciarse directamente sobre los pactos del gobierno español con partidos como Junts, ERC, Bildu o PNV, argumentando que son decisiones soberanas internas, están vigilando muy de cerca algunas medidas, como la amnistía o los cambios judiciales.
Medios como The Economist, Financial Times, Le Monde, Der Spiegel o Politico han publicado artículos señalando que Pedro Sánchez ha hecho concesiones muy polémicas para mantenerse en el poder, que pactar con partidos que cuestionan la unidad nacional o el pasado terrorista es visto como arriesgado y que el PSOE ha pasado de una postura de firmeza frente al independentismo a una de negociación política abierta, lo que ha generado dudas sobre coherencia. En resumen, a nivel de opinión pública europea y medios, hay un sentimiento creciente de que Sánchez está jugando fuerte con alianzas arriesgadas, lo que puede tener consecuencias para la estabilidad y la percepción de España como democracia consolidada.
También la Unión Europea observa con atención la evolución del déficit público español y la postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al incremento del gasto en defensa. El aumento del déficit en España ha generado inquietud en Bruselas, especialmente en un contexto donde se busca fortalecer la estabilidad fiscal en la eurozona. Aunque no se han impuesto sanciones específicas, la Comisión Europea insta a España a implementar medidas que controlen el déficit y aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo cual se ve incrementado en el contexto actual sobre la necesidad de aumentar los gastos en defensa, por la falta de compromiso y concreción, lo cual ha generado nuevas críticas tanto a nivel nacional como europeo.
Respecto a la “calidad democrática” española, Pedro Sánchez, ha generado diversas opiniones en Europa y en el mundo, entre los que destaca el control de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado: El informe de la Fundación Hay Derecho expresa preocupación por la «estrecha relación» entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno, señalando que esta cercanía podría afectar la independencia judicial, el Tribunal Constitucional: El mismo informe destaca inquietudes sobre la vinculación política de los magistrados del Tribunal Constitucional, sugiriendo que su independencia podría estar comprometida y el uso de decretos-leyes ( un instrumento que la Constitución establece para casos de «extraordinaria y urgente necesidad»), Pedro Sánchez ha aprobado 139 decretos-leyes durante su mandato (un decreto ley aproximadamente cada 14 días) frente a los, por ejemplo, 107 decretos-leyes de Rajoy en sus dos mandatos, con una media de 1,4 decretos al mes.
Y aquí lo tenemos, un presidente, que accedió al poder mediante una moción de censura, supuestamente para acabar con los casos de corrupción en España, está ahora siendo objeto de atención internacional debido a diversas investigaciones que involucran a su entorno cercano. La imputación de Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, el llamado «Caso Koldo», que involucra a José Luis Ábalos, David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. En resumen, las acusaciones y procesos judiciales que afectan al círculo cercano del presidente Pedro Sánchez han generado una amplia cobertura en la prensa internacional, reflejando la preocupación y el interés por la calidad democrática y la transparencia en España.
Tampoco es mejor la percepción internacional sobre la «ocupación» por parte del Gobierno español de entidades como el CIS, RTVE, Indra, Telefónica y otros medios de comunicación, expresando su preocupación por lo que consideran una tendencia del Gobierno a intervenir en instituciones públicas y empresas privadas.
Ahora estamos en pleno debate sobre la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, práctica que vulnera el principio de representatividad y control del poder ejecutivo, ya que la Constitución Española, en su artículo 134.3, establece que el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Espero que la oposición recurra (una vez más) a la Justicia, ya que parece ser que éste es el único medio de meter en vereda a este autócrata.
Todo esto está afectando a nuestra calidad democrática, la cual, aunque sigue considerándose como una “democracia plena” según el Índice de Democracia de The Economist, en 2024 España se sitúa en el puesto 21, mientras que en 2010 estaba en el puesto 18, y son todos estos actos, a los que habría que añadir el intento permanente de este gobierno a controlar también el poder judicial, y los conflictos territoriales que permanentemente generan (Cataluña, País Vasco, el ataque permanente a Madrid, el ninguneo presupuestario,…) lo que está mermando nuestra calidad política.
Esto me lleva a pensar, opinión que también muchos analistas sostienen, que el gobierno de Pedro Sánchez muestra signos claros de un desplazamiento desde un modelo parlamentario más tradicional hacia un estilo de gestión más presidencialista, ya que aunque España es un sistema parlamentario, donde el Congreso tiene el control del gobierno, y el presidente depende de una mayoría parlamentaria, el estilo político y al poder de facto que acumula el presidente, no está haciendo realidad el sistema formal que votamos en nuestra democracia.
Sánchez ha tomado muchas decisiones clave de forma muy personalista, incluso sin consensos claros dentro del PSOE o del propio Gobierno (por ejemplo, la amnistía). Hay una concentración del discurso político en su persona: el «relato» del gobierno gira en torno a él, su resistencia, su visión, su supuesto liderazgo y, aunque necesita al Parlamento para gobernar, Sánchez ha optado por usar decretos-ley con frecuencia (más que otros presidentes recientes). Me produce vergüenza ver cómo se negocia mucho fuera del Parlamento, con acuerdos bilaterales con partidos como Junts, ERC o Bildu, que luego se trasladan como hechos consumados al Congreso.
Sánchez cada vez recurre más al uso de comparecencias públicas, redes sociales y medios para hablar «directamente» al ciudadano, esquivando el debate parlamentario clásico, incluso ha utilizado el concepto de “plebiscito permanente” al plantear las elecciones o medidas clave como una elección entre él o «la involución», más que sobre programas concretos.
Se plantea como una figura que resiste a los «poderes del Estado» (justicia, oposición, incluso prensa), una oratoria muy presidencialista en lugar de tender puentes institucionales, Sánchez polariza deliberadamente para reforzar su figura como garante del progreso o del «bloque progresista» con un estilo, narrativa y concentración del poder, cada vez más centrado en su figura como supuesto líder carismático, más allá de los equilibrios tradicionales de partidos, Parlamento y gobierno colegiado.
Cualquier parecido con el estilo Hitleriano es pura coincidencia, que Dios nos pille confesados.
José García Cortés
29-3-25
Políticamente Incorrecto 