reciente polémica en España sobre la enmienda que permitirá a los presos de ETA descontar de sus condenas en el país el tiempo que ya cumplieron en el extranjero ha despertado fuertes debates en el panorama político y social.
Más allá del contenido específico de la enmienda, lo que ha quedado al descubierto es una cuestión mucho más profunda: la necesidad de que quienes ocupan cargos de responsabilidad hagan bien su trabajo, ya sea en el ámbito político, profesional o en cualquier sector de la sociedad.
Este episodio nos recuerda cuán frágil es la confianza pública y cuán devastador puede ser el impacto de errores o negligencias en las estructuras fundamentales de una democracia.
Los políticos, en el gobierno o en la oposición, tienen la enorme responsabilidad de guiar el rumbo de una nación, velando por el bienestar de sus ciudadanos y la justicia social.
Para ello, es imperativo que estén informados, actúen con diligencia y hagan todo lo posible para tomar decisiones fundamentadas. En el caso de la enmienda relacionada con los presos de ETA, la controversia no solo radica en el contenido del cambio legislativo, sino en el hecho de que fue aprobada sin que ciertos sectores de la oposición se dieran cuenta de su alcance o impacto.
¿Cómo es posible que una medida de tal calado pase inadvertida? Este tipo de errores ya sea por distracción, falta de preparación o negligencia, pone en tela de juicio la eficacia del sistema político.
Los ciudadanos confían en que sus representantes, independientemente del partido al que pertenezcan, analicen con detalle las propuestas y decisiones que se toman en el Parlamento. No hacerlo compromete el bienestar de la nación, pues una decisión mal ejecutada o una ley mal redactada puede tener consecuencias a largo plazo.
La responsabilidad política no es un lujo ni una elección: es una obligación. En una democracia sana, los errores de este calibre no deben repetirse, y los responsables deben rendir cuentas. No se trata solo de ideología, sino de gobernar bien, de asegurar que los procesos legislativos se llevan a cabo con la seriedad y rigor que merecen.
No obstante, esta idea de responsabilidad no se limita al ámbito político. La misma lógica aplica a cualquier profesional que desempeñe un rol en la sociedad. Imaginemos un cirujano que no se prepara adecuadamente antes de una operación. El impacto de su falta de rigor no solo recae en él, sino en la vida de sus pacientes.
De igual manera, un profesor que no cumple con su deber de educar bien a sus alumnos está socavando el futuro de la sociedad al no formar adecuadamente a las nuevas generaciones. Cada trabajo, por insignificante que pueda parecer, tiene un impacto más amplio en la sociedad.
Cuando un arquitecto, un ingeniero, o incluso un transportista cumple con su labor de manera deficiente, no solo se compromete la calidad de su trabajo, sino también la confianza en las instituciones, la seguridad y el bienestar de quienes dependen de esos servicios. La cadena de responsabilidad en la sociedad es interdependiente, y cuando uno falla, el resto siente las consecuencias. Por ello, la profesionalidad, la dedicación y la ética laboral son esenciales para mantener una sociedad en funcionamiento. Si cada persona asumiera su rol con la misma seriedad con la que se espera que un médico, juez, un barrendero, un fontanero o político lo haga, veríamos una mejora significativa en la calidad de vida y en la cohesión social.
El papel de los medios de comunicación también es crucial en este entramado de responsabilidades. Su labor consiste en vigilar, informar y, en muchos casos, poner en evidencia las fallas de aquellos que ocupan posiciones de poder o autoridad. En la era de la posverdad y las noticias falsas, es imperativo que los periodistas actúen con ética, veracidad y profesionalidad. Cuando los medios no hacen bien su trabajo, se genera confusión, desinformación y polarización.
En el caso de la enmienda aprobada sin suficiente escrutinio, se ha cuestionado por qué la prensa no fue capaz de alertar sobre este cambio antes de que fuera aprobado. Si los medios hubieran cumplido su labor de vigilancia con mayor rigor, quizá el resultado hubiera sido diferente.
La sociedad depende, en gran medida, de la calidad de la información que recibe. Si la información está distorsionada o es parcial, las decisiones que toman los ciudadanos estarán igualmente afectadas. Por lo tanto, la prensa tiene la responsabilidad de ser objetiva, de investigar y de no ceder ante presiones externas que puedan comprometer su función primordial de informar y educar al público.
La confianza es la piedra angular de cualquier sociedad funcional. Si perdemos la confianza en nuestros políticos, profesionales o medios de comunicación, lo que queda es un terreno fértil para la desconfianza, el caos y el resentimiento. Para evitar este destino, es fundamental que cada persona, independientemente de su ocupación o rol en la sociedad, entienda y asuma la responsabilidad que conlleva su trabajo.
Cuando los políticos hacen bien su trabajo, cuando los profesionales cumplen con sus responsabilidades y cuando los medios informan con veracidad, se fortalece la democracia, se promueve el bienestar común y se garantiza que los errores que se cometan puedan corregirse con transparencia.
El caso de la enmienda sobre los presos de ETA es un recordatorio doloroso de lo que sucede cuando se falla en esta tarea. Pero, más que una crítica, debe servir como lección para todos: la importancia de hacer bien nuestro trabajo no es solo una cuestión de eficiencia, sino de ética, responsabilidad y, en última instancia, de justicia social.
En resumen, una sociedad prospera cuando cada uno cumple con su deber, no solo por cumplir, sino por entender que su labor tiene un impacto profundo en la vida de los demás. Que este incidente nos sirva de recordatorio de que, sin importar el rol que desempeñemos, cada acción cuenta.
José García Cortés
9-10-24
Políticamente Incorrecto 