En contra de lo habitual, hoy no me voy a meter directamente con el Gobierno. Seguramente será porque no dan motivos esta panda de desgraciados y caras duras que nos desgobiernan.
Como están de actualidad las manifestaciones de los agricultores y es algo que ya conozco lo suficiente y, además me afecta directamente, quería hablar de la “preocupación creciente en los estamentos políticos y en la sociedad en general tendente a proteger al agricultor frente a -ciertos abusos- que se producen en la cadena alimentaria hasta que llegan al consumidor”.
Como en tantos sectores, en el mundo agrícola puede haber una larga cadena de intermediarios entre el agricultor y consumidor, como, por ejemplo:
- Agricultor.
- Corredor.
- Cortadores o recolectores.
- Almacén.
- Centrales de compra o agentes comerciales.
- Mayoristas.
- Agentes entre mayoristas.
- Transporte.
- Punto de venta.
Estos agentes intermediarios no se dan siempre ni son necesarios para todos los productos agrícolas, sin embargo, en ese afán proteccionista (propio de personas en despachos que no han pisado el campo en su vida), se legisla para todos por igual y, en especial, cuando se les llena la boca de decir que tratan de evitar que los agricultores vendan “por debajo de su coste de producción”, aspecto tan loable como ilusorio.
¿quizás la Administración conoce los costes de producción de cada producto agrícola?, ¿acaso lo conoce por zonas de producción?, voy más lejos: ¿acaso lo conocen la mayoría de los agricultores?
Nuestra Administración, cuando legisla sobre el campo (y en otros sectores creo que también), lo suele hacer desde la más profunda de la ignorancia de algunas realidades, como, por ejemplo:
- Existe una ley de la oferta y la demanda. Y manda huevos que se empeñen en pretender regular precios y poner “puertas al campo” en la cadena alimentaria. Si un producto en el exterior es más barato, salvo que arancelariamente se proteja, el consumidor lo preferirá frente al mismo producto local más caro. Punto pelota.
- Existe una estacionalidad climática, y la oferta de estos productos es cada día completada con productos del exterior, y, el consumidor, no está dispuesto, en general, a renunciar a bienes de otros países cuando aquí no es temporada. La globalización existe y se instaló hace tiempo para no marcharse jamás. Punto pelota.
- Existe una realidad en nuestro país que se llama “minifundio”, que solo se puede solucionar con medidas efectivas de asociacionismo (cooperativas, asociaciones, SAT’s,…), es decir, no de las de salir en la foto. Ninguna explotación agrícola pequeña podrá competir en costes, jamás, con una explotación mediana/grande. Punto pelota.
- Los principales costes agrícolas, gasoil, mano de obra, fertilizantes, y trámites burocráticos no están siendo cuidados por la Administración. Las recientes medidas de salarios mínimos, contratos indefinidos y supresión de las ayudas a los combustibles son de los mayores palos en las ruedas que se han puesto al campo en años, y de eso el único culpable no es la cadena alimentaria, es la Administración. Punto pelota.
- Las Confederaciones Hidrográficas son entes con funcionamiento del siglo XIX. Lejos de apoyar un mejor uso del agua en las explotaciones, hace tiempo que se convirtieron en refugio de salarios para estómagos agradecidos, recaudación de impuestos que no justifican los servicios prestados y con unos plazos de respuesta sencillamente indecentes. Punto pelota.
Y en esta auténtica maraña de legislaciones absurdas, ayudas que nunca llegan y declaraciones de cara a la galería, hay que salir cada día al campo, porque cada Ley, aunque sea bienintencionada, termina complicando más las relaciones entre los actores, generando más burocracia y propiciando que cada actor termine viéndose obligado a “bordear” las legislaciones como puede para poder cubrir sus necesidades.
En este sentido, las relaciones entre los productores de pistachos y los procesadores, muy directas y muy distintas a las del cereal, la viña, el olivo, etc., se tienen que mover en un marco que realmente no les da una cobertura adecuada y por ello tienen que andar “surfeando” (y muchas veces delinquiendo) para cubrir sus necesidades.
Así las cosas, la relación productor pistachero/procesador, se ve constreñida, inicialmente por la ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y por su modificación posterior en la Ley 16/2021, que se remite, en cuanto a los pagos, a la Ley 15/2010 de medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En estas Leyes, insisto que, seguramente, con la mejor de las voluntades, obligan al pago de la totalidad del importe contratado en unas fechas que no se ajustan al ciclo natural de recolección y venta del producto, lo cual obliga al industrial o bien a disponer de una financiación muy alta para atender los pagos en fechas en las que prácticamente solo ha procesado pero no ha vendido su producción o bien a utilizar fórmulas como el contrato de depósito, que, aparentemente, dota de una cierta “apariencia” de legalidad a la entrega de los pistachos, pero que en el fondo es un claro “velo” para eludir la Ley que pretende mejorar la cadena alimentaria.
Por otro lado, si consultamos a la Administración sobre la mejor forma de proceder, siempre nos recomendarán que los productores se agrupen, bien en forma de cooperativas, de SAT’s o de agrupación de productores agrarios. Esto es lo más “cómodo” para ellos, sin tener en cuenta que la agrupación, en cualquiera de sus fórmulas conlleva la creación de una gerencia, aunque sea mínima, unos gastos de administración, aunque sean mínimos y una relación entre los propios agricultores que siempre son difíciles dada su idiosincrasia.
Yo que me he dedicado toda mi vida al mundo administrativo y financiero, me encuentro ahora enterrado en papeles y dedicando muchas horas a leer normativas y a confeccionar cuadernos de campos que, dudo mucho, alguien se vaya a leer jamás.
Por Dios, …. Que no nos ayuden más.
José García Cortés
25-2-24
Políticamente Incorrecto 