Esta semana la Princesa Leonor juró la Constitución Española, acto que supone, por un lado, el claro compromiso de la Corona con nuestra Constitución, y por otro, su legitimación como próxima reina de España.
Los más mayores, y los que hemos tenido la curiosidad de leer algo, recordamos que el modelo de monarquía parlamentaria en España tuvo un desarrollo complejo, atravesando varias etapas históricas que han configurado su estructura y funcionamiento.
Después de la Guerra Civil Española (1936-1939), el general Francisco Franco, y tras su dictadura, en 1969 designó a Juan Carlos I su sucesor como jefe de estado, yo creo que esperando que mantuviera el régimen franquista, pero éste, contrario a lo que se podría haber esperado, decidió entregar al pueblo todos los poderes que había recibido del dictador, jugando así un papel crucial en la creación de una democracia parlamentaria y propiciando la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Si bien es cierto que históricamente el PSOE había defendido la república (particularmente durante la Segunda República Española, 1931-1939), y aunque hubo debates internos en el PSOE y en otros partidos sobre la forma del Estado, el partido, bajo el liderazgo de Felipe González, optó por un enfoque pragmático y no puso sobre la mesa la forma de la república como una condición esencial para la elaboración de la nueva Carta Magna. Un gesto más (de los muchos que hubo) de los esfuerzos por un consenso entre las diversas fuerzas políticas para lograr una Constitución que consolidara el nuevo régimen democrático que evitara confrontaciones y divisiones.
Y así fue cómo en 1978, se adoptó una nueva Constitución que establece a España como una monarquía parlamentaria. En este sistema, el rey es el jefe de estado y tiene funciones representativas y protocolarias, mientras que el poder ejecutivo recae en el gobierno y el poder legislativo en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), teniendo un papel simbólico y de representación, sin poder efectivo en la toma de decisiones políticas. Su papel es neutral y debe actuar conforme a las leyes y a la Constitución.
Si miramos a Europa, vemos que este modelo no es único en España, así, territorios poco sospechosos de no ser demócratas como Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido o Suecia son monarquías europeas constitucionales, aunque la naturaleza exacta de los poderes del monarca y la relación con el parlamento varía entre ellas.
Es decir, dicho para tontos, o, mejor dicho, para que lo puedan entender los socios del Gobierno de nuestro querido Pedro Sánchez, alias el mentiroso: La Monarquía en España existe porque así se decidió en la Carta Magna, por tanto, el poder soberano en España reside en el pueblo a través de sus instituciones y la monarquía está subordinada al poder el pueblo.
Y eso fue lo que sucedió el pasado martes, la Princesa Leonor (por cierto, bastante más atractiva que Junqueras) jura la constitución en un acto solemne mediante el cual le dice al pueblo que se debe a él y que cuente con su lealtad.
No fue por tanto un acto de la corona, ni un acto del gobierno (por mucho que le pese a nuestro Narciso). Fue un acto solemne de nuestra CONSTITUCIÓN.
Me cuesta sobremanera entender que, a ese acto solemne de nuestra constitución, no asistieran al Congreso 3 ministros y 54 diputados, porque, según han manifestado, sus “convicciones republicanas” o sus “inclinaciones antimonárquicas”, les impide estar en el acto.
No tengo la información, pero sospecho que ninguno de ellos ha renunciado a la paga de este mes (ni de los anteriores) que cobran, por cierto, gracias a una democracia que tiene como forma de gobierno la monarquía parlamentaria y cuya Constitución han jurado o prometido cumplir.
Todos recordaremos la expresión usada entre niños: ¡Ya no te ajunto! Es decir, ya no quiero nada contigo, no eres mi amigo. Eso es a lo que me recuerdan estos imbéciles, que, según la RAE, además de tontos o faltos de inteligencia, serían aquellos que viven de la sopa boba (igual muy tontos no son).
Parece que, lo más honesto sería, si no te gusta este modelo de gobierno, es que utilicen los mecanismos que la Constitución Española de 1978 prevé para su propia reforma, que existen, y que en todos los casos busca asegurar que cualquier cuente con un amplio consenso y, en los supuestos de mayor envergadura, con la aprobación explícita de la ciudadanía.
Estos sinvergüenzas, porque no son otra cosa que sinvergüenzas (empezando por el presidente del gobierno), como quiera que no son capaces de seguir los cauces legales establecidos para ello, actúan como los criminales que esperan amparados en la sombra, de forma astuta, hábiles en sus movimientos y siempre maliciosos. Que utilizan artimañas y trucos para sobrevivir y beneficiarse en la sociedad política corrupta que ellos mismos generan, sin necesariamente seguir un camino moralmente recto. Son personas que, bajo el manto del “mandato del pueblo”, viven bordeando la ley y utilizan tácticas ingeniosas para lograr sus objetivos.
Maquinadores, manipuladores, taimados, ardilosos, tramposos, serían perfectamente otros términos que definirían perfectamente a esa supuesta “mayoría progresista” que no es otra cosa que una UTE de intereses personales para seguir viviendo del cuento.
Hemos visto con esta gente, dispendios de todo tipo, incrementos de impuestos para las clases medias, incremento de la pobreza en nuestro país, decremento de los niveles de transparencia, asaltos a los poderes judiciales, apropiación de todo tipo de instituciones públicas (televisión, INE, Aena, Indra, ….) y no sé cuántas indecencias más.
Ya tuvimos que ver, gracias a los esfuerzos del iluminado Zapatero, cómo los terroristas que habían asesinado y aterrorizado a todo el pueblo vasco y resto de España entraban en las instituciones democráticas. Ahora nos toca ver cómo los delincuentes que declararon unilateralmente la independencia, vulnerando los derechos del resto de ciudadanos, agrediendo a policías y que fueron condenados en un pulcro macrojucio, son ahora amnistiados como pago de los votos que le faltan a Pedro Sánchez, alias el JUDAS recibiendo, además, dádivas económicas de mucha importancia.
Una vez más, las personas que ocupan el poder se sirven de su puesto para obtener beneficios o privilegios personales, y el secretario general del PSOE, y otros miembros del partido, están utilizando todos los mecanismos del gobierno y del Estado en un claro acto de corrupción que compromete las vidas y las haciendas del resto de los españoles.
Hasta donde mi entender alcanza, entiendo que negociar como gobierno interino, con etarras condenados, con sediciosos condenados, con corruptos condenados, única y exclusivamente para obtener un beneficio propio, ni es legal ni es lícito.
Confío sinceramente que, aquellos que saben más que yo sobre la Ley, encuentren los medios para descabalgar a estos sinvergüenzas del atraco al que están sometiendo a nuestra sociedad.
Casi añoro los tiempos del Tempranillo, al menos esos bandoleros se jugaban la vida cada día. Estos nada.
José García Cortés
5-11-23