¿NOS SALEN LOS POLÍTICOS POR LAS OREJAS? U.E., POR FAVOR, NECESITAMOS UNA INTERVENCIÓN (Cuarta Parte… y casi última)

Hemos visto en los anteriores artículos:

1. La enorme cantidad de políticos que tenemos y su actitud “infectiva”
2. La cantidad de “allegados descontrolados” que incrementan coste
3. El sistema de subvenciones, sin control efectivo, que narcotiza a las fuerzas sociales de este país

Vamos a ver las últimas cuestiones que vienen a completar la visión del “coste político” y la enorme dimensión del problema político que tenemos y que hemos de solucionar para poder afrontar otros muchos que nos aquejan, en el corto, medio y largo plazo.

LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS

La ley 46/1983 fija que los canales autonómicos deben cumplir unos requisitos: objetividad, veracidad e imparcialidad de las noticias; separar información y opinión; respetar el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la Constitución, y proteger a jóvenes y niños.

Las trece televisiones autonómicas que existen en España cuentan con un presupuesto total para este año de 1.072,34 millones de euros, de los que 942,7 millones son aportados mediante las subvenciones públicas de los distintos gobiernos autonómicos.

¿Alguien opina que estamos gastando el dineral que nos supone y de verdad se están cumpliendo los requisitos de imparcialidad, pluralismo, objetividad…..que exige la Ley?.

Por otro lado, el presupuesto de TVE ascendió a unos 675 millones de euros el pasado año, mientras que el coste de la radio estatal sumó otros 121 millones, rozando así los 800 millones de euros en total, de los que algo menos de la mitad (unos 344 millones) proceden de subvenciones públicas (impuestos).

El debate hoy no es si hay que tener televisiones públicas o no (que yo creo que sí), ni tampoco si es mucho o poco lo que nos cuesta (que yo pienso que muchísimo para una economía como la nuestra), sino, una vez más:

1. ¿Para qué se utilizan las televisiones públicas?
2. ¿Se controla y supervisa el gasto de estos recursos públicos?

Tampoco vamos a analizar hoy si se han convertido en una agencia de colocación (que todos sabemos que si) ni de su eficacia (de la que por cierto, si comparamos el grupo RTVE con Atresmedia y Mediaset veríamos que éstos últimos tienen 4 veces más de audiencia con un 32% menos de plantilla), sino de la utilización generalizada que se hace de este bien público.

Seguramente este medio sea uno de los virus más nocivos (por su inmediatez y audiencia) a la hora de crear opiniones en sus consumidores (sobre todo en aquellos que poseen una menor capacidad de análisis y de crítica), a los que se bombardea sin descanso con los mensajes interesados de quienes las financian y gobiernan y especialmente las vascas y catalanas que son utilizadas para el adoctrinamiento de su población de una manera descarada.

Tradicionalmente todos estos medios han gastado más dinero del que tienen presupuestado y su déficit ha sido soportado por sus respectivas administraciones. Sin que nunca haya supuesto la dimisión de ningún equipo por mala administración. Algo que debería sería normal y moral.

Y aunque he dicho que no quería entrar a criticar su coste (cosa que sí ha hecho más de una vez Bruselas) no me puedo resistir a comentar la ignominia que supone para nosotros, los ciudadanos, que se hagan recortes en la atención a los ancianos, en sanidad, en educación, … y no les duela mantener un gasto mil millonario todos los años de un gasto que no estamos en condiciones de mantener. Sólo su ambición desmedida lo permite.

Pero lo peor de todo, es que los “infectivos” han llegado a considerarlo como algo normal y que cuando se ganan las elecciones, parece que las televisiones vengan de regalo.

Y tanto es así, que el Sr. Iglesias lo pide públicamente:

“A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Es lo que más me gustaría”

Y como todavía les sabía a poco, su “infectividad” le ha llevado a colonizar nuevos cuerpos, ahora las televisiones privadas, a las que favorecen y riegan con presupuesto público (la última ayuda de 15 millones ya es de traca), con lo cual consiguen que la anestesia se extienda a la mayoría de la población y consigan el caldo de cultivo perfecto para un feliz aborregamiento.

DIPUTACIONES

Curiosamente, el objetivo de esta antigua figura era el de promover la prosperidad de la provincia y conseguir una gestión más eficiente.

Las funciones más relevantes que actualmente ejercen las Diputaciones, y que constituyen el argumento más generalizado para defender su mantenimiento, es la prestación de servicios a municipios de menos de 20.000 habitantes, ostentando una serie de competencias muy particulares en relación con los municipios de menos de 5.000 y de menos de 1.000 habitantes.

En cuanto a las fuentes de financiación, existe un patrón común consistente en la total dependencia de las transferencias externas (en particular de la Administración General del Estado) ya que son organismos que no tienen que recaudar para ingresar lo que gastan, sino que sencillamente reciben sus ingresos de transferencias de una Administración (muy alejada de sus realidades en la mayoría de los casos) sin que se les realice prácticamente ningún control ni seguimiento del gasto. Seguramente por eso, a la hora de analizar en qué gastan dichos fondos, el patrón es que no hay patrón, cada una hace de su capa un sayo.

Comparto las hipótesis de la Fundación “¿Hay Derecho?” en el sentido de que las políticas que siguen las Diputaciones en la prestación de servicios son dispares, heterogéneos y poco coordinadas con otras Administraciones, lógicamente en aquellas provincias que presentan similitudes en cuanto al tipo de municipios al que deben atender.

Unas centran más la atención en asistencia social, otras en infraestructuras, otras en sanidad, otras en todo un poco y las hay que prácticamente se dedican poco más que a cubrir sus elevados gastos de estructura. En realidad, prácticamente se podrían hacer casi tantos modelos como número de Diputaciones, pero, en general, con un denominador común, la escasa relación entre las políticas desarrolladas y la estructura municipal de las provincias.

Otro aspecto que destaca en las Diputaciones, es su elevado componente político con el correspondiente reflejo en sus costes de estructura donde abundan los cargos de confianza, de los que no sabemos muy bien qué hacen y, además, con una casi nula rendición de cuentas, que , en este caso, ni siquiera la tienen electoral, porque no son elegidos por los ciudadanos, sino por los Ayuntamientos.

La falta de autonomía en su financiación, el solapamiento de competencias y, en general, la falta de criterios claros y objetivos para abordar políticas públicas relacionadas con las características y estructura de sus municipios hacen que esta figura tenga hoy un mal encaje en la estructura actual de Comunidades Autónomas y los municipios, grandes, medianos y pequeños.

No obstante, y a pesar del despiporre actual, hay que reconocer que realizan una función importante en los municipios pequeños, por lo que cualquier propuesta de supresión o modificación tendría que hacerse con cuidado para garantizar el servicio y el encaje de los funcionarios, entre otras cuestiones.

Además, también hay que tener en cuenta las numerosas entidades que las Diputaciones han creado en torno a la gestión de los servicios públicos que prestan, organismos autónomos, sociedades mercantiles, consorcios, etc. Todo ello para terminar de completar el engendro en el que se han convertido en el tiempo estas instituciones.

Y en todo caso, si no fuera posible integrarlos en la estructura ya existente de CCAA y municipios, es urgente proceder a su despolitización y su profesionalización para evitar continuar con los continuos escándalos de nepotismo, despilfarro y corrupción de todo tipo que tenemos.

EMPRESAS PUBLICAS

Aquí nos encontramos lo que en alguna ocasión se ha denominado como “la Administración Paralela”, es decir, una serie de empresas, bien públicas totalmente o mixtas, que se han creado para gestionar servicios estratégicos (generalmente a nivel estatal), otras, con fines menos concretos, llegando incluso a la creación de este tipo de vehículos para escamotear cifras y que no se viera cómo en los entes se superan máximos de empleados públicos o gastos presupuestarios.

Tampoco en las Empresas Públicas hay un nivel adecuado de transparencia, al menos entre las 20 más grandes (RENFE, ADIF, AENA, ICO, CDTI, CORREOS,..), como se deduce del examen que le ha realizado el organismo Transparencia Internacional, en el cual suspenden prácticamente a todas.

Pues si dejamos las grandes y nos vamos a las más pequeñas y descentralizadas, el mapa que nos encontramos es sencillamente pantanoso. Según el Portal Institucional del Ministerio de Hacienda, el Inventario de Entes Públicos arroja un censo de 18.650 de Entes Públicos, de los cuales son:

•     453  de ámbito Estatal
•  1.883  Autonómicos
• 16.314 de ámbito Local

Pero ha resultado imposible averiguar si todas estas sociedades están operativas y cual es el número de empleados que acogen en su seno.

No obstante, un estudio de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, ha llegado a determinar que en nuestro país hay 5.571 entidades vinculadas a las distintas instituciones del Estado, de las que 2.282 (el 39%) son sociedades mercantiles u organizaciones de corte empresarial.

Al parecer, este tipo de instrumentos (que en el fondo hace más opaco todavía el conocimiento de las verdaderas estructuras políticas de este país,) ha crecido más en las Comunidades Autónomas que en la parte estatal y de forma muy particular en los Ayuntamientos.

De acuerdo con dicha fundación, sólo en el Sector Público Estatal, las empresas existentes contratan aproximadamente a 141.000 trabajadores presentan una cifra de negocio de 27.000 millones de euros y gestionan activos por valor de 226.000 millones.

El documento subraya el flojo desempeño de estas entidades a la hora de mejorar su gobernanza corporativa. No hablamos de una cuestión menor, porque se estima que el sector público empresarial cuenta con alrededor de 10.000 consejeros, por lo que no es de extrañar que recomienden «mayor profesionalización e independencia» en estas empresas, así como un nuevo modelo de «mayor y mejor supervisión financiera» y el desarrollo de una «política de propiedad que no interfiera en la gestión».

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Por mala prensa que tengan en España los funcionarios públicos (que la tienen), nadie con dos dedos de frente se pregunta si podemos vivir sin el sector público. Necesitamos ese entramado institucional para materializar las iniciativas de los gobernantes y las necesidades de los ciudadanos.

Ahora bien, aún estando de acuerdo en que la Administración Pública es imprescindible, parece que podemos y debemos a aspirar a que sea la mejor posible. Y la mejor posible implica:

• Que sea ágil
• Que sea eficaz
• Que sea eficiente

Los 2.595.575, de trabajadores públicos (Ministerio de Política Territorial y Función Pública de julio de 2019), que representan del entorno al el 13,2% de la población ocupada, corresponden en su mayoría (51,9%) a las Comunidades Autónomas, seguido de la Administración Local (22,3%), de la Administración Pública Estatal (19,7%) y, por último, de las Universidades (6%).

Todos ellos suponen un gasto superior a 127.000 millones de euros en salarios, y creciendo, máxime si tenemos en cuenta que Pedro Sánchez aprobó una oferta de empleo público de 33.793 plazas en 2019, casi un 10% superior a la del año pasado. «La mayor registrada en los últimos 11 años».

En 2018, el gasto de personal del sector público español dejó una cifra récord, 127.017 millones de euros. Esa cantidad es lo que se fue en pagar los sueldos de todas las administraciones y entes controlados por ellas -consorcios, fundaciones, empresas públicas y organismos asimilados.

Con respecto al colectivo de funcionarios, la tentación de todos los gobiernos suele ser la misma siempre:

• Necesitan sus votos:  Suben sus salarios o/y incrementan el número de funcionarios
• Necesitan bajar costes: les bajan los salarios y congelan contrataciones

Uno de los graves problemas que tiene la administración española no es solo su coste (una vez más lo cualitativo es más grave que lo cuantitativo), sino que, en general, está anclada en el pasado y no afronta la necesaria modernización de sus estructuras, procesos y servicios.

Una buena Administración tiene un alto impacto en la vida de los ciudadanos (particulares y empresas), por lo que nos jugamos mucho como país y como sociedad si no afrontamos su transformación. Y no se trataría de hacer cambios superficiales ni de maquillaje en un Ministerio, una Consejería de una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento, sino de modificar de manera profunda y ordenada sus funciones, su desempeño y su relación con los ciudadanos.

En definitiva, no se trata sólo de reducir trabas administrativas o colas para gestionar un documento, sino de hacer de la Administración un agente económico y social más eficiente, más avanzado y más cercano a sus administrados.

Además de trabajar en la eliminación de la burocracia (todavía se han de solicitar muchas cosas a través de interminables formularios que tardan siglos en despacharse) y de la comunicación entre administraciones que motivan que se tengan que obtener muchos documentos redundantes que están en poder de diferentes administraciones, en este colectivo se ha de trabajar mucho en mejorar sus plantillas.

Quizás en el siglo XIX, cuando esto comienza, estuviera justificado por la situación político/social de la época, pero en el siglo XXI cuesta entender la perpetuidad del puesto de funcionario, que sólo resiste gracias a la presión del ingente número de funcionarios que no quiere perder su estatus privilegiado y a los pocos redaños de nuestra cómoda clase política.

A pesar de todo lo dicho, creo sinceramente que, en general, nuestros funcionarios están mal pagados, y que la entrega y profesionalidad de muchos de ellos es elevada y encomiable. De hecho, gracias a ellos las cosas medio van saliendo.

Por tanto, si queremos mejorar el coste, cambiemos la legislación para que podamos poner de patitas en la calle a la legión de vagos y caras duras que tenemos instalados (y que en cada centro están identificados) y con ese dinero, modernicemos las estructuras y remuneremos mejor a los que realmente trabajan y están por la labor de dar servicio a sus administrados.

José García Cortés

        8-5-20